El gobierno del presidente Luis Arce en Bolivia ejecutó este viernes un operativo de confiscación de arroz en cinco empresas de la ciudad de Montero, ubicada en el departamento de Santa Cruz. Cinco ingenios arroceros fueron intervenidos por una comisión integrada por cinco fiscales y efectivos policiales, quienes respondieron a denuncias de agio, un presunto aumento ilegal de los precios de los cereales en el mercado.
El fiscal Alberto La Fuente, encargado de la supervisión del operativo, informó que la intervención incluyó el secuestro de arroz tanto procesado como en su estado natural (chala), que será entregado a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), una entidad estatal encargada de garantizar el abastecimiento de alimentos. “Se está procediendo al secuestro del arroz, al precinto de los dos ambientes, del arroz en chala y procesado”, detalló el fiscal en declaraciones a la prensa. La Fuente no precisó la cantidad exacta de arroz confiscado, pero aseguró que se actuó conforme a las denuncias recibidas por presuntos sobreprecios.
Este operativo, sin embargo, generó una fuerte reacción por parte de los productores del norte cruceño y los trabajadores de los ingenios, quienes consideraron las medidas como un abuso del gobierno. En varias declaraciones, advirtieron que tomarían medidas de presión, como bloqueos, para protestar contra lo que calificaron como un ataque a la propiedad privada y un golpe a la economía local.
El propietario del ingenio Pantanal, Jimmy Prado, fue uno de los empresarios que rechazó las acciones del gobierno. Según Prado, el operativo causa pérdidas millonarias y afecta a muchas familias que dependen de la producción de arroz en la región. “Lo están incautando todo. Aquí tenemos arroz de productores, de intermediarios, que el ingenio ha comprado, y se lo quieren llevar todo”, lamentó el empresario, según informó la prensa local, y declaró que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades y a proporcionar información sobre los registros de producción.
En otro ingenio intervenido, los policías precintaron los almacenes y ordenaron el secuestro de la producción. El presidente de este ingenio también expresó su descontento, calificando las acciones como arbitrarias. “Vamos a bloquear, porque es arbitrario lo que están haciendo”, afirmó, añadiendo que los precios de su procesadora siempre se mantuvieron estables y que las conversaciones previas con autoridades del gobierno no resultaron en una solución.
Según informó el periódico El Día, estos operativos generaron un ambiente de mucha tensión en los ingenios. Trabajadores de las plantas increparon a fiscales y policías, calificando la medida de injusta y arbitraria. En este contexto, Jimmy Prado advirtió que el conflicto podría escalar a otros sectores productivos del país. “No hay derecho a la propiedad privada. Ojo, están empezando con los ingenios arroceros, van a seguir con las aceiteras, los maiceros, los soyeros. Preparémonos; o nos levantamos o nos dejamos atropellar”, expresó.
La fuerte crisis económica y política en Bolivia ha llevado a sectores sociales y empresariales a realizar protestas y “cacerolazos” para exigir al gobierno de Luis Arce soluciones inmediatas.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reportó que las exportaciones en general cayeron en más de 1.600 millones de dólares en 2024. Según datos de IBCE, la exportación de soya en Bolivia cayó hasta septiembre de este año en más de 500 millones de dólares y en 708.000 toneladas debido a la sequía y la toma ilegal de tierras. La soya es considerada como el principal cultivo comercial y de exportación del país.
Bolivia también registró un déficit comercial de 329 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2024, lo que supera en un 429% el déficit comercial de 62 millones de dólares registrado en el mismo periodo de 2023, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Golpe al sector agropecuario
“2024 va a ser recordado como uno de los años más duros para el agro boliviano, principalmente para la región de Santa Cruz que aporta con el 77% del volumen total de los alimentos producidos en Bolivia”, aseguró a EFE el gerente general de IBCE, Gary Rodríguez.
Las estimaciones de esta entidad señalan que este año se exportarán unos 9.000 millones de dólares en productos, 2.000 millones de dólares menos que en 2023.
“Considerando las pérdidas en el sorgo, trigo, girasol, maíz, arroz y otros cultivos que han caído hasta 50 % por el embate del cambio climático, a lo que hay que sumar los daños por los bloqueos y la anormalidad en el acceso al diésel, las pérdidas son millonarias”, complementó Rodríguez.
A la falta de combustible, se sumó un bloqueo de carreteras de 24 días de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) que protestaron en su defensa ante una posible detención por un caso de estupro, acción que agravó el proceso de la cadena productiva en el país.
Dada la crisis económica que vive Bolivia, el IBCE recomendó al Gobierno boliviano asumir medidas urgentes. “Eliminar el cobro de absolutamente todo tributo de importación y de comercialización en el mercado interno para el diésel a fin de abaratar su importación y su venta por privados”, sugirió Rodríguez.
(Con información de EFE)