Decenas de ex mandatarios condenaron la reforma constitucional en Nicaragua que afianza el régimen de Ortega

Los 27 ex mandatarios que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron el viernes la reforma constitucional en Nicaragua, aprobada ya en primera legislatura, y advirtieron que representa “un grave retroceso histórico” para el país latinoamericano.

En un comunicado, los ex jefes de Estado señalaron que, por medio de estos más de 100 cambios, que plantean la adopción de “un modelo constitucional abiertamente dictatorial” por medio de la figura de un “copresidente” y una “copresidenta”, Daniel Ortega y Rosario Murillo “ejercerán supremacía sobre la totalidad de los poderes públicos, con inmediata sujeción a esta de la Policía Nacional y la posibilidad de su militarización a discreción del matrimonio presidencial”.

Esto permitirá, a su vez, aumentar la persecución y la represión de las voces disidentes en el país, como es el caso de las congregaciones religiosas, “que han sido clausuradas”, o de sus monjas, a las que “se les ordenó abandonar el país”, además de los tantos presos políticos y desterrados.

En ese sentido, los firmantes -entre ellos el paraguayo Mario Abdo Benítez, el uruguayo Luis Alberto Lacalle H, el argentino Mauricio Macri y el español Mariano Rajoy- se basaron en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resalta que “la separación de poderes guarda una estrecha relación, no solo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”, ya que “limita el alcance del poder que ejerce cada órgano estatal”, y advirtieron que en el caso de Nicaragua esto “desaparece cabalmente”.

Por todo esto, el grupo IDEA apeló a la comunidad internacional y le pidió que “en el manejo de sus relaciones exteriores, no contribuya a la normalización de la férrea dictadura Ortega-Murillo, que atenta contra las bases más elementales de la civilización”.

El pasado 20 de noviembre, el binomio gobernante ordenó reformar la Constitución Nacional con modificaciones que refuerzan su posición dictatorial por medio de aún más amplios poderes. Apenas dos días más tarde, el proyecto obtuvo el visto bueno en el Parlamento y se espera que quede aprobada en su totalidad el 10 de enero del año entrante.

Desde su anuncio, la medida despertó fuertes críticas de organizaciones de Derechos Humanos y opositores, que advirtieron sobre las graves consecuencias que tendrá en la vida de los nicaragüenses.

Juan Sebastián Chamorro, uno de los presos políticos que fue excarcelado hace 21 meses y expulsado de su país, fue uno de los primeros en alzar su voz y advertir que, lamentablemente, “en Nicaragua están los elementos que hacían falta para convertirse en Cuba”.

Tras repasar la delicada situación que atraviesa la isla bajo el mando del régimen de Miguel Díaz-Canel, el disidente explicó que “si ese mismo modelo está queriendo implantar Daniel Ortega en Nicaragua, vamos a tener entonces los resultados que ya estamos viendo en Cuba, a menos que hagamos un cambio rápido hacia la democracia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó en contra de este avasallamiento a los derechos de los nicaragüenses y denunció que se trata de una maniobra que “consolida un régimen autoritario” en el país.

Los cambios “aseguran un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación, consolida un entorno de militarización y control social y, en particular, facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la ‘estabilidad de la República’ para reprimir a la oposición”, advirtió la CIDH al respecto, que insistió en que, también, “formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo”.

(Con información de EFE)