La Asamblea Nacional de Ecuador discute una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que busca incluir sanciones para los asambleístas que voten en contra de las decisiones de sus respectivas bancadas. La propuesta ha generado debate entre quienes consideran necesaria una mayor disciplina partidaria y quienes advierten sobre los riesgos para la autonomía legislativa.
El informe para el segundo debate de esta reforma plantea que los legisladores que no respeten las decisiones de su bloque puedan ser sancionados administrativamente. Según los proponentes, la medida busca garantizar la coherencia dentro de las bancadas y facilitar la aprobación de proyectos importantes para el país. Esto, sostienen, reduciría la fragmentación legislativa y los obstáculos en la toma de decisiones.
La idea de disciplinar a los asambleístas con sanciones específicas responde, en parte, a la necesidad de evitar fisuras internas en los partidos políticos. Según información publicada por Ecuavisa, la propuesta cuenta con el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye. Este último, indicó la televisora, ha enfrentado la pérdida de casi la mitad de los legisladores con los que inició su periodo legislativo hace un año, lo que podría explicar su interés en reforzar la disciplina dentro del bloque.
Aunque la propuesta ha generado respaldo entre algunos sectores políticos y de actores de la opinión pública, también ha despertado preocupación en otros. Una de las principales críticas es que podría limitar la autonomía de los legisladores, quienes fueron elegidos por voto popular y no únicamente como representantes de sus partidos. La capacidad de disentir, argumentan algunos sectores, es fundamental para garantizar un debate legislativo plural y democrático.
La asambleísta independiente María Fernanda Araujo, que participó en el debate para la aprobación del informe, indicó: “Esta reforma es un intento flagrante de coartar la libertad de pensamiento, de amordazar las voces que no son iguales, subyugados a los intereses partidistas por encima de los anhelos y aspiraciones del pueblo ecuatoriano que nos eligió”.
Por su parte, el legislador Vicente Taiano, del PSC, recordó que los electores no tiene la opción de votar por cada asambleísta sino que están obligados a votar en plancha. Para Taiano, “se trata de entender que cuando usted tiene un plan de trabajo y usted es parte de una organización política, debe someterse por ética y por derecho a los principios de esa organización política”. Para el asambleísta, la sanción para un legislador que no vote acorde a su bancada debería equivaler a una falta grave con una suspensión entre 30 y 90 días.
La asambleísta Dallyana Passailaigue, también del PSC, enfatizó que los “camisetazos” –como en Ecuador se llama a los cambios de partido por parte de los políticos– demuestran el uso de los recursos de los partidos para llegar al poder: “Lo más grave es que engañan a la ciudadanía con promesas de las que se desentienden por completo al sentarse en la curul y eso no puede permitirse, campañas ni candidatos que legitimen el timo a la ciudadanía”, aseveró. Para la legisladora, se debe excluir de las sanciones a las votaciones donde el legislador argumente la objeción de conciencia, pero salvo esos casos “cuando perteneces a un partido político abrazas un plan de gobierno lo inscribes en el Consejo Nacional Electoral y lo que defiende el partido, estos conceptos que están arraigados desde hace muchos años, que son parte de una ideología, es lo que guía el accionar de los legisladores. Basta de oportunistas que se aprovechan de los partidos o de los movimientos para beneficios propios”, instó, según se lee en el informe del proyecto reformatorio.
La reforma se enmarca en un escenario político caracterizado por la fragmentación legislativa y la dificultad para alcanzar consensos. Sin embargo, el debate en el pleno de la Asamblea será clave para definir si la propuesta logra el apoyo necesario para convertirse en ley. Con el respaldo de bloques importantes como la Revolución Ciudadana, el PSC y Construye, la reforma tiene altas probabilidades de avanzar.