Caso Pantalla en Ecuador: detallaron cómo funcionaba la red de corrupción de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura

El caso Pantalla sigue desvelando la trama de corrupción que permeó la Función Judicial durante la presidencia de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura. El último lunes, cuatro testimonios anticipados en la Corte Nacional de Justicia revelaron cómo se estructuró una red ilícita que incluyó desde hackers y un grupo armado hasta la contratación de un troll center, todo con el objetivo de manipular concursos judiciales y consolidar el control de Terán, sentenciado en el caso Metástasis y procesado en otros.

El testimonio de Santiago Cifuentes, que al momento de los hechos era asesor en materia jurídica y coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura, describió que la administración de Terán operaba a través de estructuras altamente compartimentadas y jerárquicas. En el núcleo de la red se encontraba el propio Terán, quien controlaba todas las decisiones importantes bajo un principio de “compartimentación de información”. Según el testigo, Terán decía haber pertenecido a un grupo subversivo en su juventud y esta experiencia influyó en cómo manejaba la organización: cada miembro tenía tareas específicas y no conocía los detalles del objetivo final, que eran reservados únicamente para Terán. La red se dividía en varias estructuras clave, según el testimonio de Cifuentes.

La estructura externa incluía personas que no figuraban en la nómina de la Judicatura, como la entonces jueza Anabel Torres, alias “Diamante” o “Agente 1″. Según Cifuentes, Torres coordinaba acciones políticas y jurisdiccionales, y tenía un alto grado de influencia, utilizando incluso recursos asignados al Consejo, como vehículos oficiales y seguridad. También se le atribuyó la capacidad de movilizar personal y ejercer presión sobre jueces.

Los Ángeles negros, en cambio, era un grupo de asesores jurídicos trabajaba en el posicionamiento político de Terán. Entre sus integrantes destacaban Andrea Y., encargada de la asesoría jurídica y comunicacional, y Ángel C., con conexiones en la Asamblea Nacional. Este equipo, explicó Cifuentes, desarrollaba estrategias para antagonizar con instituciones como la Fiscalía.

También había un ejército invisible, liderado por Cristian N. y Gema O.. Este era un grupo de hackers que tenía como objetivo filtrar información sensible de la Fiscalía y la Policía Nacional. Cifuentes indicó que se ejecutaron intentos de manipulación informática, como el acceso al sistema del concurso de jueces nacionales de 2023. Según Cifuentes, este grupo fue esencial para varias operaciones encubiertas, incluyendo la obtención de preguntas y respuestas del examen para jueces.

Los Ángeles blancos era un grupo integrado por organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas de violencia, este componente tenía una función más pública, participando en eventos masivos convocados por Terán para consolidar su apoyo social. También Cifuentes aseguró que había una Legión rural, que estaba compuesta por líderes rurales y que tenía por objeto movilizar bases sociales en apoyo a los intereses políticos de Terán, quien buscaba ser Presidente de la República. Cifuentes explicó que estos dirigentes eran antiguos colegas de Terán cuando trabajó en el Consorcio de Juntas Parroquiales Rurales.

Además, Cifuentes relató que otra parte de la estructura era el Cerebro. Este era un núcleo estratégico que incluía colaboradores cercanos, como Álex P. y los comunicadores Francisco M. y Ángela C., quienes desempeñaban funciones clave en la planificación y ejecución de las decisiones más importantes.

El testimonio de Cifuentes también detalló cómo Terán utilizaba su posición para influir en decisiones judiciales y administrativas. Mencionó que el ex presidente de la Judicatura tenía acceso a información sensible y que utilizaba este conocimiento para presionar a jueces y otros funcionarios. Por ejemplo, indicó que Terán redactó personalmente insumos técnicos para el Pleno del Consejo, violando los procedimientos establecidos.

Además, Cifuentes explicó que Terán tenía un grupo armado a su disposición, lo que quedó evidenciado durante una reunión nocturna en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la que los participantes portaban armas de grueso calibre. Cifuentes “entendió que Wilman Terán tenía un grupo armado a su disposición”, según informó la Fiscalía.

Cifuentes concluyó su testimonio señalando que las acciones de Terán estaban orientadas a posicionarlo como candidato presidencial. Para ello, utilizó recursos del Consejo de la Judicatura, manipuló procesos judiciales y construyó una red de apoyo político y social. Sin embargo, este esquema colapsó con su arresto en diciembre de 2023. Entonces Terán fue detenido para investigarlo en el caso Metástasis del cual ya recibió una sentencia a nueve años de prisión.

Por su parte, David Guzmán, ex director general de la Judicatura, brindó detalles sobre cómo la entidad estaba repartida en cuotas entre los vocales de la mayoría liderada por Terán. Explicó que las direcciones provinciales y nacionales de áreas clave, como Asesoría Jurídica y Talento Humano, eran asignadas según los intereses de Terán y sus aliados.

Guzmán también destacó cómo Terán favoreció a personas cercanas, como el hijo de la jueza Enma Tapia, a quien intentó ubicar en un puesto bien remunerado. Ante la imposibilidad de asignarle el cargo deseado, Tapia, que posteriormente facilitó un habeas corpus para el traslado de Terán de la prisión de máxima seguridad La Roca a la cárcel 4 de Quito. En una entrevista en el podcast Esto No es Político, en agosto, Tapia indicó que en la audiencia se esperaba solo la presencia de los representantes del Servicio de cárceles (SNAI) y de la prisión de máxima seguridad, sin embargo aparecieron también delegados del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría. Pese a eso, los representantes de las instituciones estatales no pudieron argumentar la necesidad de que Terán permanezca en La Roca ni pudieron desmentir los tratos crueles y degradantes que aseguró recibir: “El Estado no actuó y eso no cuentan. No cuentan que la Fiscalía no fue a defender el habeas corpus. No cuentan que el SNAI hizo la peor defensa que yo he visto en mis 30 años siendo abogada”, aseguró la magistrada.

En cambio, el testigo protegido J.A.M.A., ex coordinador de despacho de Terán, detalló el uso de recursos personales para cubrir gastos del ex presidente, incluyendo un troll center contratado por USD 30.000 para difundir información falsa. Además, confirmó la manipulación del concurso de jueces de la Corte Nacional, señalando que Cifuentes realizó el examen en nombre de Anabel Torres. El testigo relató que cuando Torres debía rendir la prueba, su computadora permaneció inactiva mientras Cifuentes contestaba las preguntas desde otra ubicación.

En cambio, en su testimonio Cifuentes relató cómo Anabel Torres buscó beneficiarse directamente del concurso de jueces. Según él, Torres expresó dudas sobre su capacidad para aprobar el examen teórico, lo que llevó a Terán a activar un “plan B” con el apoyo del “ejército invisible”. Este plan consistió en intentar hackear el sistema para obtener las preguntas del examen. Aunque el primer intento fracasó, el equipo logró acceder a un archivo con preguntas y respuestas, aunque con errores. Cifuentes relató que fue presionado para rendir el examen en nombre de Torres, pero se negó, argumentando que no estaba dispuesto a comprometer su libertad ni su trayectoria profesional. A pesar de ello, mencionó que Torres recibió asistencia directa, incluyendo respuestas enviadas por Terán a través de una plataforma de mensajería instantánea.

Guzmán y J.A.M.A. coincidieron en que Terán solía consumir alcohol durante extensas jornadas, llegando a dirigir sesiones del Pleno bajo sus efectos. Guzmán señaló que estas prácticas eran recurrentes y reflejaban un ambiente de excesos que permeaba las decisiones del Consejo de la Judicatura.

Cifuentes describió un ambiente de profundo temor dentro del Consejo de la Judicatura. Cifuentes aseguró que Terán utilizaba amenazas para mantener el control sobre su equipo. Según su relato, Terán mencionaba constantemente que su círculo de confianza estaba siendo vigilado por grupos de inteligencia. En una ocasión, Cifuentes recibió una llamada de Terán en la que este le describió con precisión su ubicación, lo que aumentó su sensación de inseguridad.

Cifuentes también relató un episodio en el que fue advertido de posibles represalias en su contra por desconocidos que se acercaron a él mientras estaba con su familia. Al regresar a su casa, encontró un panfleto con amenazas similares. Aunque inicialmente presentó una denuncia, Fabricio Herrera, otro asesor cercano a Terán –ahora testigo protegido–, lo convenció de retirar la acusación, argumentando que era una orden directa de Terán. Por su parte, Herrera reconoció que su paso por la Judicatura estuvo plagado de temor. Herrera narró que su esposa fue abordada por desconocidos que le mostraron fotos de él con Terán y le instaron a dejarlo, a lo que Terán respondió minimizando la amenaza y exigiéndole fidelidad.