Recuperaron en Bolivia un predio agrícola que había sido tomado por 300 personas

Este domingo, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, informó que se retomó el control de las 5.000 hectáreas del predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, luego de que un operativo policial sacara a un grupo de cerca de 300 personas que había tomado el campo.

El viceministro explicó, en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv, que el día viernes los avasalladores fueron desalojados en un operativo de la Policía pero intentaron volver a tomar el predio al día siguiente. Cuando llegó un nuevo contingente policial, los agentes fueron atacados con palos, machetes y piedras, una ofensiva que provocó 14 policías heridos que tuvieron que ser evacuados a un hospital de Santa Cruz. Según el testimonio de uno de los policías heridos, recogido por El Deber, los avasalladores portaban armas de fuego y les apuntaron con escopetas.

En la toma del predio se instalaron 60 chozas que afectaban en la cosecha de los productores. Pese a las agresiones, Aguilera confirmó que se logró ejecutar el desalojamiento el sábado por la tarde e informó que un grupo policial sentará una base de operaciones en la localidad para evitar que se registren nuevos asentamientos ilegales.

“Ayer por la tarde (sábado) se ha producido un despliegue y desalojo del predio de Santa Rita, y hoy (domingo) lo que estamos haciendo es acumular evidencia y documentación para sustentar un proceso judicial frente a estas personas que, valiéndose de la numerosidad, del abuso y de la arbitrariedad, han pretendido tomar una propiedad que había sido entregada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a productores para que se produzca allí sorgo y maíz”, explicó el viceministro.

A pesar de que el Estado tomó el control del campo y lo dejó sin “ningún avasallador”, nadie fue detenido ni por la toma ilegal de tierras ni por la agresión a los agentes policiales. El viceministro indicó que se tienen identificados a los cabecillas y que se están preparando pruebas para que la Fiscalía emita mandamientos de captura.

Los avasallamientos de tierras privadas, fiscales y áreas protegidas son frecuentes en Bolivia y están vinculadas al tráfico de tierras, en una acción que busca “legalizar” la propiedad de los campos a partir de la toma ilegal de éstos a través de la construcción de viviendas precarias, de madera o calamina y sin acceso a ningún tipo de servicio básico, que luego se niegan a abandonar. Muchas veces a estos asentamientos le sigue el ingreso de maquinaria pesada que deforesta los campos para convertirlos en tierras productivas, que pueden operar directamente, alquilar o vender.

“Estamos ante organizaciones que trafican tierras, las cuales parcelan las propiedades, les colocan una casucha de paja, una casucha de palmeras. Luego, una carpa y por último construcciones precarias y con ello pretenden consolidar la propiedad”, admitió el viceministro Aguilera.

Los reportes de prensa dan cuenta que los grupos irregulares que toman las tierras son cada vez más violentos y están armados, lo que desafía el control de la propiedad en estos predios. Según el INRA, la entidad pública que regula el acceso a la tierra, en 2022 registraron 237 tomas ilegales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.