La prolongada disputa entre Evo Morales y Luis Arce llegó a su momento culminante en Bolivia. El ex presidente perdió el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue inhabilitado para ser candidato en las elecciones nacionales de 2025 y está cercado por casi una docena de denuncias penales por las que puede ser capturado.
Desde finales de septiembre, luego de una marcha de siete días realizada por sus militantes en protesta contra el Gobierno, el ex presidente se replegó a la región cocalera del Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, donde permanece arropado por sus seguidores. El 10 de octubre debía presentarse ante una comisión de fiscales en Tarija (al sur de Bolivia) para declarar por una de las acusaciones en su contra pero no llegó porque, según su abogado, no habían garantías.
En las últimas horas, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, manifestó que Morales no sale de la zona cocalera porque “no es bien visto” en otras regiones del país y dijo que cumple una “detención domiciliaria voluntaria”.
“No se anima a salir de la zona del Trópico. No es bien visto en Santa Cruz, en La Paz ni en ningún municipio fuera de la región del Trópico. Lo mejor que ha hecho Evo Morales es quedarse en su casa”, manifestó el ministro de Arce.
En los meses previos a septiembre, el ex presidente compartía con frecuencia imágenes de sus visitas a otras regiones del país. Según una publicación del diario El Deber, la última vez que salió de su bastión fue el 28 de septiembre, para participar en un acto con sus seguidores en la localidad de Cotoca en Santa Cruz.
En su entorno creen que no existen las condiciones de seguridad para que Morales pueda desplazarse y que hacerlo sería exponerse a una aprehensión, luego de que dos dirigentes cercanos al líder cocalero fueran encarcelados tras los bloqueos realizados entre octubre y noviembre. Cuando Ramiro Cucho y Humberto Claros, los campesinos aliados de Morales, fueron detenidos por la Policía, el ex presidente manifestó que se trató de acciones “ilegales y arbitrarias” y que la justicia en Bolivia estaba siendo utilizada “como un instrumento de represión gubernamental”.
Según el ex presidente, el Gobierno habría solicitado la aprehensión de más de 30 dirigentes de organizaciones sociales involucrados en la marcha y bloqueos comandados por el evismo en protesta contra la administración de Luis Arce. “A través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”, escribió en su cuenta de X.
En el entorno del líder cocalero, creen que el Gobierno alienta la crisis interna y polemiza sobre su relación con Morales para esconder problemas estructurales del país, como la crisis económica marcada por la debacle de la industria petrolera, la escasez de dólares, los periodos de desabastecimiento de combustible y el alza sostenido de los precios.
Algunos analistas, como Carlos Saavedra, consideran que la inhabilitación de Morales y la pérdida del liderazgo institucional del partido es una “derrota” porque anula sus posibilidades de volver al poder, al menos en el corto plazo. El analista político explica que si bien el líder cocalero tiene la base electoral más alta del país -que oscilaría entre el 15% y el 20% del electorado- también es el político que más rechazo genera, y que “la capacidad que tenía de abrazar votos del centro y la izquierda no radical se está desmoronando”.