El drama de los nicaragüenses que fueron desterrados por el régimen de Ortega y viven en un limbo dispersos por el mundo

La vida de Sergio Mena se disolvió en horas. Después de pasar años resistiendo al régimen encabezado por el dictador Daniel Ortega, este activista rural huyó de Nicaragua en 2018, uniéndose a miles de manifestantes que escapaban de una represión prolongada contra la disidencia.

Mena regresó del exilio en la vecina Costa Rica en 2021 para seguir protestando, sólo para ser enviado a una prisión donde dijo que los carceleros colgaban a los reclusos de los pies y los electrocutaban.

“Todo el tiempo fuimos torturados, desde que llegamos hasta el último día, psicológica o de golpes”, dijo Mena, de 40 años de edad.

Ahora en el exilio en Guatemala, Mena puede estar fuera de prisión, pero está lejos de ser libre. Tras ser puesto en libertad, él y cientos de líderes religiosos, estudiantes, activistas, disidentes y periodistas fueron declarados “apátridas” —despojados de su nacionalidad, hogares y pensiones gubernamentales.

Naciones Unidas dice que están entre los 4,4 millones de personas apátridas en todo el mundo que luchan por encontrar empleo, educación y atención médica o incluso abrir cuentas bancarias o casarse sin documentos de identidad válidos.

“La apatridia es tortura”, dijo Karina Ambartsoumian-Clough, directora ejecutiva de United Stateless, una organización con sede en Estados Unidos que aboga por los apátridas. “Legalmente dejas de existir, incluso si estás aquí físicamente como humano”.

En septiembre, el régimen de Ortega puso a Mena y a otros 134 prisioneros a bordo de un vuelo que los llevó a Guatemala. Se unieron a otras 317 personas a quienes el gobierno ha considerado adversarios que ya no merecen identidades legales nicaragüenses.

The Associated Press habló con más de 24 exiliados nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad y están tratando de trazar caminos a seguir. Están dispersos por Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, México y España en el limbo mientras luchan por recuperarse del trauma físico y psicológico, extendiendo la tortura que muchos sufrieron en Nicaragua.

El régimen de Ortega no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la AP.

La mayoría de las personas apátridas en todo el mundo nacen de refugiados y migrantes en países que no ofrecen ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho a convertirse en ciudadano si naces dentro del territorio de un país.

Muchos nicaragüenses luchan por reunir suficiente dinero para alimentarse. Otros se esconden por miedo a que el gobierno nicaragüense algún día venga por ellos. Muchos más se tambalean al ver sus vidas desmoronarse. Para aquellos varados en Estados Unidos o buscando refugio allí, las promesas del presidente electo Donald Trump de endurecer las políticas de inmigración y asilo han añadido más incertidumbre.

El régimen de Ortega comenzó a despojar a las personas de su nacionalidad a principios del año pasado.

Fue en esa represión que Mena, miembro de un movimiento activista rural, dijo que fue encarcelado. El régimen afirmó que había participado en tráfico de drogas y crimen organizado, lo cual él niega.

En febrero de 2023, el gobierno violó el derecho internacional cuando comenzó a enviar prisioneros a Estados Unidos y más recientemente a Guatemala. Otros en el exilio fueron despojados de su ciudadanía sin haber sido encarcelados nunca.

El régimen nicaragüense no ha explicado por qué liberó a Mena y a otras personas de la prisión, aunque los expertos han especulado sobre el deseo de evitar críticas internacionales y los costos involucrados mientras continúan manteniendo un control sobre los enemigos.

Mena vive en un hotel de Ciudad de Guatemala, donde hojea fotos de una cárcel en ruinas, restos de comida y su cuerpo magullado y golpeado —recuerdos indelebles de más de dos años en prisión. Su vida está marcada por el miedo constante.

“Los tentáculos de ellos (el gobierno nicaragüense) llegan hasta acá”, dijo con lágrimas en los ojos.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha ofrecido protecciones temporales a los nicaragüenses y Mena espera que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo, pero esas protecciones probablemente desaparecerán o serán severamente restringidas bajo Trump. El gobierno español ha ofrecido otorgar la nacionalidad a algunos de los exiliados apátridas, pero pocos tienen los recursos necesarios para construir una nueva vida en España, o están confundidos sobre el proceso.

Allan Bermúdez, de 54 años, era profesor universitario en Nicaragua. Fue encarcelado tras acusaciones de que conspiraba contra el gobierno mientras Ortega identificaba a las universidades como focos de protestas antigubernamentales.

En febrero de 2023, estaba entre 222 prisioneros cargados en un vuelo hacia Estados Unidos sin saber a dónde iban. Mientras el gobierno de Estados Unidos proporcionó a Bermúdez y a otros apoyo temporal, unos días en un hotel, un teléfono nuevo, 400 dólares y acceso limitado a la ayuda de un grupo de ONG, la ayuda desde entonces se ha agotado.

Hoy, Bermúdez, quien cuenta con múltiples títulos académicos avanzados, trabaja en un Dunkin’ Donuts en las afueras de Salisbury, Maryland, luchando por conseguir más horas laborales.

Alquila una pequeña habitación, sufre de problemas crónicos del corazón y trastorno de estrés postraumático, y no tiene atención médica.

“No compré ni medicina porque me quedaré sin comer”, dijo.

De vuelta en Nicaragua, su madre sufrió un derrame cerebral este año. Ha luchado por enviar dinero a casa. Con su hija y esposa también en casa, padece ansiedad y depresión.

Solicitó asilo en febrero después de vivir en Estados Unidos bajo el permiso condicional humanitario ofrecido por el gobierno de Biden, pero dijo que no ha recibido respuesta. Ha puesto todas sus esperanzas en construir una vida en Estados Unidos y no sabe qué hará si el asilo no se concreta.

“No puedo salirme de donde estoy. Quedo a manos atadas”, dijo. “Yo sólo le pido al Señor que me ayude”.

Al igual que Bermúdez, cientos de miles han huido de Nicaragua. Miles de organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas, sus activos confiscados mientras el gobierno busca silenciar cualquier disidencia.

Mientras muchos de los exiliados nicaragüenses esperan algún día regresar a su país, Moisés Hassan, de 82 años, ha perdido la esperanza mientras se esconde en un pueblo en las montañas de Costa Rica.

Hassan fue una vez un guerrillero contra la dictadura de Anastasio Somoza y luego, junto a Ortega, miembro de la junta que le sucedió. Construyó una familia y un hogar con miles de libros, y planeaba vivir allí el resto de sus días.

Fue elegido alcalde de la capital, Managua, pero vio cómo su vida y sus esperanzas se agriaban cuando comenzó a criticar los movimientos antidemocráticos de Ortega. Huyó del país en 2021. Mientras estaba de viaje para visitar a su hija, escuchó que el gobierno estaba deteniendo a críticos y sabía que vendrían por él.

No fue una sorpresa cuando su nombre apareció en una lista de personas a quienes se les había despojado de su nacionalidad y hogar y llamado traidores.

“El mensaje es… ‘No crean que porque están fuera del país están fuera de nuestro alcance’”, señaló.

Pero dijo que con su pensión confiscada junto con sus pertenencias, ha sido un shock depender del dinero de sus hijos.

Él y su esposa permanecen en su rincón de Costa Rica, demasiado asustados incluso para ir a la capital, donde temen que los agentes de Ortega puedan rastrearlos.

“Me siento como que estoy en prisión domiciliaria”, dijo, acunando su desgastado y ahora inútil pasaporte nicaragüense.

(Con información de AP)