La Asamblea Nacional del Ecuador archivó este miércoles, con 84 votos a favor, el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, que había sido presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica. El rechazo legislativo, según los asambleístas, se debió a que el proyecto de ley buscaba incrementar la carga impositiva para los ciudadanos.
El proyecto proponía una serie de medidas para combatir el delito de lavado de activos, incluidas reformas al sistema tributario y la regulación de actividades económicas consideradas de alto riesgo, como la compraventa de vehículos usados. Entre sus disposiciones destacaban la aplicación de impuestos progresivos basados en el valor de los vehículos, la prohibición de pagos en efectivo en estas transacciones y la obligación de registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para quienes comercialicen automotores usados.
A pesar de las justificaciones del Ejecutivo, que subrayaban la necesidad de fortalecer la lucha contra el lavado de activos como un pilar para debilitar las finanzas del crimen organizado, los legisladores consideraron que el enfoque del proyecto era inadecuado. Durante el primer debate, realizado el 27 de noviembre, varios asambleístas señalaron que la iniciativa no ofrecía soluciones concretas al problema del lavado de dinero y, en cambio, proponía medidas que afectarían directamente a los sectores de ingresos medios y bajos.
El legislador Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye (el partido que impulsó al asesinado Fernando Villavicecio, presentó la moción para negar y archivar el proyecto. Peñafiel afirmó que este proyecto era “una reacomodación inmediata de recursos sin una planificación técnica adecuada”. En su intervención, enfatizó que el impacto tributario de la ley sería perjudicial para los ecuatorianos más vulnerables: “Que quede claro el mensaje: no más impuestos para la gente pobre”.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, perteneciente al correísmo, señaló que: “Esta Asamblea siempre está lista para apoyar a las familias, pero no permitirá que se cargue un impuesto más a la clase obrera y trabajadora (…) Esta Asamblea no dará sus votos para que se impongan nuevos impuestos”, según declaró Veloz.
El informe del primer debate del proyecto, elaborado por la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, destacó varias deficiencias en la propuesta. Aunque reconoció la urgencia de combatir el lavado de activos, enfatizó que cualquier normativa en este ámbito debía acompañarse de un fortalecimiento institucional y presupuestario de la UAFE, así como de un marco técnico más robusto.
El informe también señaló que la implementación de impuestos sobre actividades como la compraventa de vehículos usados podría generar una mayor informalidad y desincentivar la regularización de dichas transacciones. Los legisladores argumentaron que, en lugar de recaudar más recursos, estas medidas podrían tener el efecto contrario al fomentar que las operaciones se realicen fuera del marco regulatorio.
Ecuador se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales. Según un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el lavado de activos es la segunda expresión del crimen organizado en el Ecuador, solo superado por el narcotráfico. El blanqueo de capitales se entiende como el proceso que permite que los bienes de origen ilícito se integren en el sistema económico legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.
Sobre el lavado de activos, el OECO indica que este delito se concentra en actividades económicas relacionadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas en línea. Un estudio de la Policía Nacional también indicó que la dolarización y la baja bancarización facilita la transacción de las actividades ilícitas y el lavado de dinero.
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