“Bolsonaro tenía control directo sobre el intento de golpe de Estado en Brasil”: el informe policial que incrimina al ex presidente

Según la Policía Federal brasileña, existen pruebas contra Jair Bolsonaro que demuestran “inequívocamente” que el ex presidente “planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo el golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho”. Estas son las líneas más dramáticas del informe de más de 800 páginas de los agentes federales que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidió hacer público en su totalidad el martes. La semana pasada fue la propia policía la que entregó al juez este documento, en el que acusa no sólo al ex presidente, sino también a dos de sus ex ministros, el general Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Nacional) y el ex ministro de Defensa y Casa Civil Walter Braga Netto además de una treintena de militares.

“Las pruebas recogidas -continúa el informe-, como los registros de entrada y salida de visitantes al palacio (presidencial) de la Alvorada, el contenido de los diálogos entre interlocutores del núcleo próximo a él, el análisis de las ERB (células telefónicas), las fechas y lugares de las reuniones, indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento de la planificación operativa (bautizada como Puñal Verde y Amarillo), así como de las acciones clandestinas llevadas a cabo bajo el nombre en clave ‘Copa del Mundo 2022′”, reza el texto.

Según las investigaciones, Bolsonaro había llegado a preparar un decreto que proponía la “ruptura institucional para impedir la instalación del gobierno de Lula, establecer el Decreto de Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral (TSE)” y crear la Comisión de Regularidad Electoral para investigar la “conformidad y legalidad del proceso electoral”. Este decreto serviría de “base legal para el golpe” y sería firmado por Bolsonaro el 15 de diciembre. Ese mismo día, Moraes habría sido detenido y probablemente asesinado por algunos militares implicados en la investigación. Informando constantemente a Bolsonaro de los preparativos del golpe estaba su antigua ‘mano derecha’, el teniente coronel Mauro Cid, repetidamente interrogado la semana pasada, tanto por la Policía Federal como por el juez Moraes. El informe también señala que la policía incautó una copia borrador de un supuesto plan golpista titulado “Operación 142″ en la sede del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, en el escritorio de un asistente del entonces ministro Braga Netto. En la última parte de esta copia se lee “Lula no sube los escalones”, en referencia a la ceremonia de investidura del presidente electo, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023.

En una investigación detallada en la que se relatan las conversaciones de WhatsApp de los más de treinta militares implicados, emerge la imagen de un plan que no fue puesto en marcha por el ex presidente sólo “por miedo a ir a la cárcel”. En un intercambio de mensajes, mencionado en el informe, el teniente coronel Sérgio Cavaliere cita un golpe fallido en Perú del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, explicando que Bolsonaro no llevaría a cabo el plan golpista. “El presidente no se va a embarcar solo (en este plan) porque podría pasar lo mismo que en Perú. Tiene un decreto listo, lo firma y después no aparece nadie y lo detienen. Así que prefiere no arriesgarse”, dice Cavaliere hablando con el coronel Gustavo Gomes.

El documento de la Policía Federal también revela el papel del entonces comandante de la Marina de Brasil, almirante Almir Garnier Santos, que se había ofrecido a proporcionar algunos tanques para el golpe, propuesta rechazada tanto por el Ejército como por la Fuerza Aérea. En otra parte del informe, se lee que el coronel Gomes declaró que Bolsonaro había sido “abandonado”. “Lamentablemente, la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) se ha debilitado y ahora también el Ejército. Sólo la Marina quiere guerra; el presidente ha sido realmente abandonado”, dice Gomes. Según la Policía Federal, Bolsonaro abandonó Brasil a finales de 2022 para ir a Orlando, en Estados Unidos, porque no había logrado “obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas para consumar la ruptura institucional”, para “evitar una posible detención y esperar el resultado del golpe de Estado del 8 de enero de 2023″. De hecho, la expectativa de un golpe de Estado se mantuvo, según la investigación, hasta el 8 de enero, cuando se produjo el saqueo de los edificios institucionales en Brasilia.

El documento muestra cómo los golpistas se habían dividido en grupos para difundir la narrativa del fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que tuvieran lugar. El objetivo habría sido crear consenso para legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, hubo cinco cursos de acción planificados, comenzando con ataques virtuales a opositores, instituciones como el STF y el Tribunal Superior Electoral (TSE), máquinas de votación electrónica y la reputación del proceso electoral. A estos siguieron un intento de golpe de Estado y la abolición violenta del Estado democrático de derecho, e incluso antes de eso, los ataques a las campañas de vacunación contra el Covid y las medidas sanitarias en la pandemia, así como el uso de la estructura del Estado para obtener ventajas.

Bolsonaro comentó las acusaciones en su contra, negando cualquier responsabilidad y hablando de “persecución política”. “Nunca hablé de golpe con nadie. Si alguien viniera a hablarme de un golpe, le preguntaría: ¿Y al día siguiente? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo? La palabra golpe nunca ha estado en mi diccionario. Nunca haría nada fuera de las cuatro líneas de la Constitución. En esas cuatro líneas se puede resolver todo”, dijo al aterrizar en San Pablo procedente de Alagoas, en el norte del país, donde se enteró de la noticia de su incriminación mientras pasaba allí sus vacaciones. El ex presidente también se refirió a la posibilidad de ser detenido. “Puedo ser detenido incluso ahora, saliendo del aeropuerto”, dijo.

Los juristas brasileños, sin embargo, señalan los puntos críticos que podrían rebajar este caso en los tribunales. En primer lugar, según la legislación brasileña, hay una diferencia entre un acto preparatorio y las consideraciones, y luego entre la iniciación y la ejecución real del mismo. Planear, escribir un plan, decir que se quiere matar a alguien y hacer cualquier tipo de conjetura en un texto o declaración oral no es necesariamente un crimen según el código brasileño, como muestran algunos precedentes. En 2019, por ejemplo, el ex fiscal general de la República Rodrigo Janot reveló en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo que, durante su mandato como juez en el STF, de 2013 a 2017, fue armado a una sesión del Tribunal Supremo con la intención de matar a su colega Gilmar Mendes. “No fue una amenaza. Era un asesinato. Quería matarlo y luego suicidarme”, dijo. El acto, afortunadamente, nunca se llevó a cabo. Tras la publicación de la entrevista, Moraes ordenó la incautación del arma a Janot y le impidió acercarse a los jueces del STF. Sin embargo, no hubo más consecuencias, como un juicio o incluso una condena.

Además, en relación con el plan para envenenar a Lula y a su adjunto Geraldo Alckmin, por el que la Operación Anti-Golpe de la Policía Federal también detuvo a cuatro militares y un agente la semana pasada, no está claro qué parte del plan se había llevado a cabo, ni si el grupo había conseguido obtener las armas y el veneno. Por último, los juristas señalan dos defectos de forma: el juez Moraes no puede ser el juez del caso en el que aparece como víctima, ya que era uno de los posibles objetivos a asesinar en el plan Puñal Verde Amarillo. “En este caso en particular, me parece prudente que Moraes se distancie, para que la Corte no sea sospechada, cuestionada, interrogada. Eso preservaría mejor la imagen del Tribunal”, explica a O Estado de São Paulo Gustavo Sampaio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Federal Fluminense. Incluso el hecho de que el caso haya aterrizado en el STF es cuestionado por los juristas, porque el STF tramita juicios para quienes gozan de impunidad parlamentaria. No es el caso de Bolsonaro ni de los demás acusados.

Lo que es seguro es que el caso se prolongará durante meses, por lo menos hasta febrero, cuando la Fiscalía General de la República decida cómo proceder, si acusa a Bolsonaro y a los demás militares y luego los lleva a juicio, o archiva definitivamente esta historia. Pero el impacto social y político probablemente permanecerá en el debate público hasta las elecciones presidenciales de 2026, polarizando aún más el país. No es casualidad que, casi simultáneamente con la divulgación del informe, salieran a la luz datos del instituto de sondeo Paraná Pesquisas, recogidos entre el 21 y el 25 de noviembre, cuando ya se había producido la acusación de Bolsonaro por la Policía Federal. Si las elecciones presidenciales tuvieran lugar en estos días, dicen los encuestadores, a pesar de que Bolsonaro es inelegible hasta 2030 por decisión de la Justicia Electoral, el ex presidente se llevaría el 37,6% de los votos frente al 33,6% de Lula.

El efecto Bolsonaro, por tanto, ya ha comenzado. En la investigación del supuesto golpe se ha vuelto a hablar también de la de las fake news, en cuyo juicio también es responsable Moraes. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula. El problema es que Moraes abrió el caso por un artículo publicado por un blog que había reproducido el contenido de estos mensajes privados, pero no había pruebas de que fueran reales, como explica el sitio de noticias Poder360. Por falta de pruebas, en 2023, el STF cerró la investigación contra 6 de los 8 empresarios implicados. Sólo dos de ellos, Meyer Joseph Nigri y Luciano Hang, siguen siendo investigados a día de hoy, pero el juicio es secreto y, por lo tanto, no se sabe en qué punto se encuentra. La cuestión de las fake news ha sido uno de los temas más delicados en Brasil en los últimos meses. El propio Moraes, en un tira y afloja con Elon Musk, bloqueó la plataforma X durante más de cuarenta días en agosto, amenazando con multas de más de 8.000 dólares diarios a los usuarios que se hubieran conectado utilizando redes privadas virtuales, las llamadas VPN.

Ayer mismo, el STF inició un juicio cuyo resultado podría suponer un endurecimiento de la ley que regula Internet desde 2014, el llamado Marco Civil de Internet, que actualmente exige una orden judicial para responsabilizar a las plataformas de los contenidos nocivos publicados por los usuarios. Sin embargo, la decisión del STF podría provocar cambios profundos en el control de las publicaciones en Internet y en el papel de las plataformas digitales. En caso de que el artículo 19 sea impugnado por el STF, las plataformas se verán obligadas a eliminar proactivamente la desinformación y la incitación al odio sin necesidad de una decisión judicial previa. Pero como estos conceptos son subjetivos y no están presentes en ninguna legislación, habrá espacio para la duda, y en caso de duda, las plataformas retirarán todo lo que sea polémico para no ser multadas o suspendidas. El riesgo entonces es que los cambios en el Marco Civil de Internet influyan en el debate democrático brasileño e inhiban cualquier crítica a las autoridades. En ese momento, la polarización que sigue dividiendo políticamente al país podría pasar a un nivel real con consecuencias difíciles de predecir.