Un grupo de 71 nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, instó el martes a la comunidad internacional a intensificar las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluida la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Esta solicitud se produce tras la reciente reforma constitucional aprobada en primera legislatura, que otorga un poder absoluto al régimen, calificándola como un “autogolpe de Estado”.
En un pronunciamiento conjunto, los firmantes, entre ellos la ex guerrillera Dora María Téllez y la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, rechazaron la nueva Constitución por considerarla un intento de consolidar una “dictadura hereditaria familiar”.
Según el documento, la reforma busca establecer “una monarquía absolutista de dos cabezas” que intensifica la represión política y militar en el país.
El grupo opositor recomendó acciones concretas como la suspensión del acceso de Nicaragua al sistema SWIFT, utilizado por bancos para transacciones internacionales, y el cese inmediato del financiamiento de organismos multilaterales.
También instaron a iniciar procesos legales contra Ortega en tribunales internacionales por “crímenes de lesa humanidad”, incluidas denuncias de genocidio, asesinatos y torturas.
“Las declaraciones y sanciones personales son insuficientes. Poner fin a una dictadura como la de Ortega y Murillo es una contribución con la democracia en todo el continente”, señalaron en su pronunciamiento.
Asimismo, pidieron a la comunidad internacional mayor respaldo financiero y organizativo para la resistencia dentro y fuera de Nicaragua.
El Parlamento nicaragüense aprobó el viernes pasado una reforma que redefine al país como un Estado de “democracia directa” controlado desde la Presidencia. Esta enmienda otorga a Ortega y Murillo poderes absolutos sobre los demás poderes del Estado, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, y crea la figura de “copresidenta”, concentrando aún más el poder en el binomio presidencial.
Según los opositores, estas medidas son una “declaratoria de guerra política al pueblo de Nicaragua”. En respuesta, hicieron un llamado a todos los sectores opositores a coordinar esfuerzos para acelerar “el proceso de implosión del régimen”.
El grupo también apeló a las fuerzas armadas y policiales del país a no participar en actos de represión. “El Ejército no fue construido para ser pretoriano ni al servicio de dos criminales de lesa humanidad”, afirmaron, instando a las instituciones a ponerse del lado de la democracia, la justicia y la libertad.
La reforma constitucional de Ortega, la número 12 desde que asumió el poder, generó fuertes críticas internacionales, incluidas las de organismos que denuncian el creciente autoritarismo en Nicaragua.
Este pronunciamiento de los exiliados refuerza la presión sobre la comunidad internacional para adoptar medidas contundentes que frenen la consolidación de la dictadura en el país centroamericano.
Los firmantes recalcaron que las sanciones y el apoyo material son esenciales para debilitar al régimen y restaurar la democracia, subrayando que este esfuerzo no solo beneficiará a Nicaragua, sino que contribuirá a la estabilidad democrática en la región.
(Con información de EFE)
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