Caso Metástasis: 20 sentenciados, tres pedidos de extradición y la orden de investigar a otros sospechosos

Tras 25 días de audiencias y cerca de cumplirse un año desde las primeras detenciones del caso, veinte personas fueron sentenciadas por su participación en el caso Metástasis, una red de delincuencia organizada dirigida por el narcotraficante asesinado Leandro Norero, que operaba desde la prisión. La estructura criminal involucró a abogados, funcionarios y autoridades judiciales, policías y guías penitenciarios. Este caso, que ha sacudido las instituciones ecuatorianas, también incluye la reciente solicitud de extradición de tres de sus miembros prófugos: Xavier Jordán (que reside en Estados Unidos), Rony Aleaga (exlegislador correísta, ahora protegido por la dictadura de Nicolás Maduro) y Marcel L. Además, el tribunal ha cargo del caso ha ordenado al Ministerio Público que inicie nuevas investigaciones para identificar a otros implicados que, según las pruebas, habrían colaborado en la estructura criminal.

El caso se originó tras el asesinato de Norero, conocido como “El Patrón”, quien lideraba una organización que utilizaba las instituciones estatales para garantizar su impunidad y privilegios mientras cumplía una condena en prisión. Tras su muerte, las investigaciones revelaron una red profundamente arraigada que operaba en los centros penitenciarios y en las altas esferas de la justicia y política ecuatoriana.

La Fiscalía presentó un cúmulo de pruebas que permitió no solo las condenas, sino también el inicio de investigaciones adicionales. Entre los elementos probatorios más relevantes, y que son públicos en la web del Ministerio Público, están los tres teléfonos encontrados en la celda de Norero y otros 23 dispositivos más. Estos dispositivos contenían más de 1.400 imágenes y 76 videos, junto con registros de llamadas y conversaciones en aplicaciones como WhatsApp y Threema. Varios de estos chats también fueron publicados por la Fiscalía y se evidencias conversaciones y referencias a políticos, periodistas y otros actores.

Entre los materiales analizados, los peritos indicaron la existencia de videos que muestran entrenamientos de tipo militar y reuniones entre los líderes de la organización. Además, se recuperaron chats donde se discutían pagos ilegales, coordinación de actividades delictivas y la manipulación de trámites judiciales. Por ejemplo, un video en particular detalla cómo se realizaban las operaciones dentro de los centros penitenciarios, mientras que los chats evidencian negociaciones con funcionarios para obtener beneficios carcelarios, como traslados o eliminación de cargos.

El Tribunal de la Corte Nacional dictó por unanimidad la sentencia para 20 de los 21 procesados que no se acogieron al proceso abreviado. Xavier Alexander N. A. alias “Novi” fue condenado a 10 años de prisión como autor directo. Doce procesados, incluyendo al exjuez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, alias “Diablo”; así como al exdirector del servicio de cárceles y de la dirección antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez, fueron sentenciados a 9 años y 4 meses como colaboradores del delito. Otras cuatro personas también fueron sentenciadas a 7 años como colaboradores pero sin agravantes ni atenuantes. Claudia Garzón, exmiembro de la Comisión para el diálogo penitenciario, junto a tres personas más fue condenada a 3 años y 4 meses de cárcel.

La Fiscalía General del Estado solicitó la extradición de Xavier Jordán, Rony Aleaga y Marcel L., quienes actualmente se encuentran prófugos y tienen órdenes de prisión preventiva emitidas en 2024. Esta acción se fundamenta en el artículo 79 de la Constitución de Ecuador y el artículo 23 de la Ley de Extradición. Los tres individuos han sido señalados como piezas clave en la estructura de liderazgo de la organización.

Además de los esfuerzos internacionales, el Tribunal ha dispuesto el inicio de investigaciones sobre otros posibles implicados, en función de la evidencia descubierta durante el proceso judicial. Estas indagaciones podrían llevar a nuevos enjuiciamientos y sentencias.

El capo asesinado Norero vivía entre lujos y evasiones judiciales. El hombre requerido por la justicia de Perú y Ecuador, inició en el mundo criminal con Los Ñetas, una banda armada que originalmente se formó en Puerto Rico, y luego formó a los Chone Killers, un grupo calificado como terrorista por el gobierno ecuatoriano y de financiar a Los Lobos, la megabanda más violenta del país y con mayor influencia territorial. Pese a esto, Norero tenía vínculos políticos y funcionarios del más alto nivel.

El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones de Norero, que se volvieron piezas clave en el caso Metástasis. En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 14 de diciembre de 2024, Salazar ya expuso algunas de las conversaciones frente al juez. Por ejemplo, en una de las conversaciones el abogado de Norero, Helive Ángulo reporta al narco que a varios jueces nacionales “les han dado buen trato entreteniéndoles con mujeres de buena presencia”. Entonces Norero buscaba obtener un hábeas corpus. En los chats, Ángulo dice a Norero: “El hábeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia”.

Los datos obtenidos también revelaron cómo esta red utilizaba las instituciones judiciales y policiales para asegurar impunidad. En uno de los chats extraídos, se evidencia la coordinación entre un líder de la organización y un funcionario judicial para asegurar que ciertos trámites fueran resueltos a su favor. En otro, se discute el pago de sobornos a policías y guías penitenciarios para facilitar el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.

Uno de los testimonios que develó cómo funcionaba la estructura fue el de Mayra Salazar, quien se declaró culpable para obtener una condena reducida. La mujer fue sentenciada a 15 meses de prisión, al pago de una multa de USD 5.520, de una reparación de USD 11.040 y a devolver los USD 6.300 que recibió de la mafia. También deberá disculparse públicamente por el delito cometido. Desde el 15 de diciembre, Salazar cumple prisión preventiva. Estos meses de detención cuentan en su condena por lo que será liberada en marzo de 2025.