El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este martes una ley para controlar el trabajo de organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas presentes en el país centroamericano, según un documento difundido por medios de prensa nicaragüenses en el exilio, y al que tuvo acceso la agencia de noticias francesa AFP.
La iniciativa fue entregada al Congreso, dominado por el oficialismo, como parte de una serie de leyes que acompañan una reforma constitucional, aprobada el pasado viernes, que da a Ortega y a su esposa Rosario Murillo un poder absoluto del Estado nicaragüense.
La cooperación internacional “deberá contar con la anuencia y autorización del gobierno, tanto inicialmente, como en su implementación”, indica la propuesta de ley.
También determina que el trabajo de estos organismos “se realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales”, respetando “la soberanía nacional, independencia y autodeterminación”.
La normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de “injerencia en los asunto internos” de Nicaragua.
La cooperación internacional “deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el gobierno”, destaca el documento.
Con esta reforma, Ortega afianza aún más su control sobre entidades internacionales tras reformar las leyes de “Agentes Extranjeros” y de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” en los que establece que las ONG deben trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Más de 5.300 organizaciones han sido clausuradas por el régimen sandinista desde las protestas en su contra de 2018, que según Ortega y Murillo fueron apoyadas por las ONG y la Iglesia católica, decenas de cuyos clérigos estuvieron presos y fueron expulsados al Vaticano, a Estados Unidos y otros países.
Ortega, ex guerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Miles de nicaragüenses partieron al exilio y unos 450 políticos, empresarios, intelectuales y artistas fueron despojados de su nacionalidad en los últimos años, acusados de “traición a la patria”.
“Riesgo social”
Por otro lado, Ortega también propuso este martes denegar el ingreso al país de personas, incluyendo ciudadanos nicaragüenses, “que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”. Además, imponer una pena de dos a seis años de prisión a la persona que ingrese al país, salga o pretenda salir de Nicaragua, de forma no regular, “con fines de comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar e proponer, inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país”.
El líder del régimen sandinista elevó esas peticiones en una iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería; y de adición al Código Penal de la República de Nicaragua, que envió para su aprobación a la Asamblea Nacional, donde posee mayoría absoluta.
La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más ha denunciado que registró 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que es cuando una persona, a pesar de figurar como nacional de un Estado según su legislación, no puede disfrutar de los derechos y la protección asociados a dicha nacionalidad. Entre los grupos más afectados están personas religiosas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, y políticos opositores, según ese organismo.
Daniel Ortega propuso la semana pasada una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y le permite coordinar los órganos del Poder Legislativo, el Judicial y de la autoridad electoral, entre otros.
(Con información de AFP y EFE)
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