Mientras Bolsonaro enfrenta cargos por golpismo, el Ejército de Brasil busca mayor credibilidad y la derecha nuevos caminos hacia las elecciones de 2026

Es la pregunta del momento en Brasil. ¿Será detenido el ex presidente Jair Bolsonaro? En estas horas, la Fiscalía General de la República ha arrojado luz sobre el debate en curso. No será hasta el próximo año, y probablemente no antes de febrero, dijo el fiscal general Paulo Gonet, que se tomará una decisión sobre el ex presidente y las otras 36 personas acusadas con él el jueves de intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación criminal. En otras palabras, los jueces podrán aceptar la acusación de la Policía Federal (PF) presentada ante el Supremo Tribunal Federal y llevar a juicio a Bolsonaro y a los otros 36 acusados mediante la presentación de una denuncia ante el STF. Bolsonaro, en este caso, se enfrenta a hasta 28 años de prisión. O pueden considerar que las pruebas no son suficientes y pedir que se presenten más. Por último, la tercera posibilidad es el sobreseimiento del caso. El juez del STF Alexandre de Moraes, que dirige el proceso sobre el intento de golpe, enviará el lunes el informe de la PF a la Fiscalía General y ya ha hecho saber que será sellado. Se trata de una decisión inédita respecto a las otras dos investigaciones en las que está implicado el ex presidente, las del fraude de la tarjeta de vacunación Covid y la de las joyas recibidas como regalo de Arabia Saudí y sustraídas del depósito presidencial. En estos dos casos se había levantado el precinto. Pero esta vez el caso es más delicado, implica a decenas de militares y, según Moraes, es necesario garantizar “un trabajo tranquilo” para Gonet. La intención del fiscal general, una vez que reciba el informe, es examinar el caso del golpe junto con el de las vacunas y las joyas “para ver cómo encaja todo”, dijo, favoreciendo “la película y no la fotografía”. Ocho fiscales, algunos miembros de la Asesoría Jurídica Penal del STF (AJCRIM) y el Grupo Estratégico de Combate a Actos Antidemocráticos (GECAA), que tiene un coordinador directamente adscrito a la Fiscalía General, ayudarán en el trabajo de la acusación.

En los últimos días, el caso judicial sobre Bolsonaro y la supuesta intentona golpista se había acelerado con la operación Anti-Golpe del martes, que destapó un plan para envenenar a Lula y a su vice Alckmin en diciembre de 2022. Cinco militares fueron detenidos, entre ellos un general, Mário Fernandes, ex secretario ejecutivo de la Presidencia de la República en el gobierno de Bolsonaro. Según la Policía Federal, “Jair Bolsonaro estaba totalmente al tanto del plan para matar a Lula”, como consta en el informe entregado este jueves al Supremo Tribunal Federal sobre el intento de golpe planeado tras la victoria de Lula, el 30 de octubre de 2022. Para la Policía Federal, el principal artífice del supuesto plan golpista fue uno de los leales al ex presidente, Walter Braga Netto. Según declararon dos investigadores de la PF al sitio de noticias G1, Braga Netto era “el cerebro responsable de hacer operativo el golpe”. Y el general debía integrar un Gabinete Institucional de Gestión de Crisis inmediatamente después del golpe debido al carisma que tenía entre los militares. Ex ministro de Defensa y Casa Civil del gobierno de Bolsonaro, fue en su casa que se realizó una reunión el 12 de noviembre de 2022, a partir de la cual, según la Policía Federal, comenzaron una serie de mensajes y actividades “sospechosas”.

El informe señala que a la reunión también asistieron Mauro Cid, teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro, el mayor Rafael Martins de Oliveira y el teniente coronel Hélio Ferreira Lima, ambos del Ejército. Sin embargo, como destaca el diario Folha de São Paulo, entre “las lagunas” del informe está el hecho de que “a pesar de la correlación temporal entre la reunión y el inicio de varios actos y mensajes sospechosos, no hay ningún elemento en el acta que indique lo que realmente se discutió en esa reunión”. Mauro Cid dijo el jueves en su interrogatorio en el STF que Braga Netto asistió a esa reunión, pero que no sabía lo que se discutió. Cid también dijo que no sabía si el expresidente Bolsonaro estaba al tanto del plan del general Fernandes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes. Su abogado, sin embargo, dijo anteriormente en directo en TV Globo que “el presidente lo sabía todo. Era el responsable de esta organización”. Sin embargo, unos minutos después se corrigió. “Una cosa importante a corregir: yo no dije que Bolsonaro lo sabía todo. Pero es evidente que sabía algo. El presidente, según informaciones, estaba al tanto de los acontecimientos que se estaban desarrollando, de que algo se estaba preparando. Pero no de un plan de ejecución o golpe de Estado”, dijo.

De las 37 personas acusadas el jueves por la Policía Federal, 25 pertenecen a las Fuerzas Armadas. Entre ellas están el ex comandante del Ejército, Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, y el comandante de la Marina, Almir Garnier Santos. También está en la lista el general Augusto Heleno, ex ministro del Gabinete de Seguridad Nacional, y el ex jefe de la agencia de inteligencia, Abin Alexander Ramagem, actualmente diputado federal por el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Entre los acusados por la Policía Federal también hay un extranjero, el influencer argentino Fernando Cerimedo, que dirige la web “La Derecha Diario”. Además de apoyar informalmente la campaña de reelección de Bolsonaro en 2022, trabajó como consultor externo y coordinador de estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. En Argentina, mientras tanto, un cuarto prófugo brasileño, Joel Borges Correa, fue detenido el martes cuando intentaba huir a Chile. Era buscado por la policía brasileña porque había sido condenado a 13 años y seis meses por participar en el saqueo de edificios institucionales en Brasilia el 8 de enero de 2023. La justicia argentina, a petición del STF brasileño, dictó una orden contra 61 prófugos del 8 de enero. En ella se estipula que deben ser detenidos y luego extraditados a Brasil.

El primero en distanciarse fue el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro. “Cada uno es responsable de sus actos. Nuestra institución no estuvo ni está implicada en este asunto”, declaró. El ministro también destacó la firmeza de los comandantes del Ejército Freire Gomes y el de la Fuerza Aérea, Batista Jr. Los dos revelaron en su interrogatorio con la PF que se les presentó una copia de la intentona golpista a la que ambos se opusieron. Sólo el comandante de la Marina Garnier Santos, que figura en la lista de acusados del jueves, se declaró a favor. La cúpula de las Fuerzas Armadas dijo ser consciente de que este caso representa una terrible mancha para la corporación, pero que puede ser una oportunidad para sacar la política de los cuarteles. De hecho, se está debatiendo en el Congreso una propuesta de las mismas Fuerzas Armadas para una enmienda a la Constitución que obligue a los soldados que quieran presentarse a un cargo político a pasar a la situación de reserva.

Lula también ironizó el viernes sobre la noticia del intento de envenenamiento. “Debo estar aún más agradecido ahora porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a Alckmin y a mí fracasó. Seguimos aquí”, afirmó. Su Partido de los Trabajadores (PT) emitió un comunicado diciendo que “Bolsonaro le debe explicaciones a Brasil, además de pagar por sus crímenes”. “Bolsonaro está en el centro de una conspiración corrupta”, reza el texto, “que pudre a todos a su alrededor, no solo a los acusados, sino también a parlamentarios e incluso gobernadores que se han asociado con él”.

Según un editorial del diario O Estado de São Paulo, “si lo que la PF dice haber descubierto es cierto, el país estaba al borde del colapso y este movimiento contaba, en la hipótesis benévola, con la omisión de Bolsonaro, ya que parece imposible que ni él ni los generales que lo asesoraban desconocieran la trama. Todo se vuelve aún más dramático si se imagina la hipótesis menos benévola: que Bolsonaro no sólo sabía, sino que nunca desalentó la sedición, lo que probaría de una vez por todas su ya notoria trama golpista”.

En cuanto a Bolsonaro, no interrumpió sus vacaciones en São Miguel dos Milagres, en el estado nororiental de Alagoas. Desde allí atacó al juez Alexandre de Moraes. ‘’Moraes está a cargo de toda la investigación, cambia declaraciones, arresta sin cargos y recibe consejos muy creativos. Hace todo lo que no está en la ley”, dijo el ex presidente. En este escenario, los aliados de Bolsonaro y posibles candidatos a sustituirle en las presidenciales de 2026 han guardado silencio en los últimos días, como los gobernadores de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido Novo, y de Paraná, Ratinho Júnior, del Partido Social Demócrata. El único que defendió a Bolsonaro fue su ex ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, actual gobernador del estado de San Pablo con el partido Republicanos. Tarcísio, como se le llama comúnmente, evitó atacar a las instituciones judiciales, pero se pronunció en defensa del expresidente. En X dijo que Bolsonaro “respetó el resultado de las urnas” y que espera que la investigación muestre “la verdad de los hechos”. El hijo de Bolsonaro, Carlos, concejal en Rio de Janeiro por el PL de su padre, atacó en Telegram al hombre que surgió de las elecciones municipales de octubre como la nueva alternativa de derecha al bolsonarismo. Se trata de Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRLB). Marçal había quedado tercero para la alcaldía de San Pablo y hace tres semanas había invitado a Bolsonaro a ocupar un puesto de liderazgo en su partido, invitación que el ex presidente declinó. “¿Dónde está este Pablo Marçal frente a la unión de la derecha en un momento tan necesario?”, escribió el hijo de Bolsonaro, según el cual “Marçal no fue lanzado a la disputa electoral al azar”. “Algunos poderosos intentarán empujarlo hasta 2026″, añadió. El propio Marçal podría presentarse en 2026 por la derecha contra el Partido de los Trabajadores de Lula a la presidencia de Brasil, como ya ha insinuado. De hecho, el PL de Bolsonaro corre el riesgo de deshilacharse en los próximos dos años, ya que también su presidente, Valdemar Costa Neto, fue acusado por la Policía Federal.