Las seis evidencias que investigó la Policía de Brasil y vinculan a Jair Bolsonaro con un plan golpista contra Lula da Silva

En el marco de las investigaciones que acusan al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros 36 implicados, entre ellos ex ministros, asesores y militares de alto rango, de los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, la Policía Federal recopiló pruebas que implican al ex mandatario en una posible trama golpista.

Según la información disponible, a la que tuvo acceso el periódico O Globo, las evidencias señalan reuniones con altos mandos militares, borradores de decretos y planes que incluían el seguimiento y asesinato de figuras clave de la política y el poder judicial.

Uno de los elementos centrales de la investigación es la presentación, por parte de Bolsonaro, de un plan ante los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

Este documento sugería declarar un estado de sitio y crear una comisión para investigar el proceso electoral de 2022. Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de este plan, presentado en una reunión en el Palacio de Alvorada el 7 de diciembre de 2022, pocos días después de la derrota electoral de Bolsonaro.

En la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres, las autoridades encontraron borradores de decretos que delineaban intervenciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Uno de estos textos, con fecha de 2022, incluía el nombre de Bolsonaro y preveía acciones como la celebración de nuevas elecciones.

Aunque estos documentos no fueron firmados ni oficializados, se señala que Bolsonaro tuvo conocimiento de ellos y solicitó modificaciones antes de abandonar el poder.

Otro documento, titulado “Daga Verde-Amarela”, detallaba un plan para asesinar a figuras clave como Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Según la investigación, el seguimiento de Alexandre de Moraes, quien desempeñó un papel clave en la supervisión electoral, habría sido dirigido por Mário Fernandes, entonces alto funcionario del gobierno.

La trama incluyó la vigilancia de Moraes por parte de asesores como el teniente coronel Mauro Cid. El objetivo, según la Policía Federal, era secuestrar y posteriormente asesinar al magistrado.

Los documentos vinculados al plan “Daga Verde-Amarela” fueron impresos directamente en el Palacio de Planalto, utilizando recursos del Estado.

Según la investigación, el general Mario Fernandes realizó seis copias de este material el 16 de diciembre de 2022, que luego habrían sido distribuidas en reuniones privadas.

Un día después, registros muestran que Fernandes acudió al Palacio de Alvorada, donde presumiblemente presentó el contenido a Bolsonaro y otros colaboradores.

Antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto para discutir estrategias en caso de una derrota.

Durante este encuentro, el general Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, argumentó que era necesario “cambiar la situación” antes de los comicios. En tanto, Mário Fernandes sugirió tomar “un pequeño riesgo de desorganizar el país” si no se autorizaba la intervención de los tres Poderes en la supervisión electoral.

El Partido Liberal (PL), bajo liderazgo de Bolsonaro, jugó un papel clave en la propagación de narrativas sobre supuestos fraudes en las urnas electrónicas.

Estas acusaciones culminaron en una demanda presentada en noviembre de 2022 que buscaba invalidar los resultados electorales. Paralelamente, el comité de campaña de Bolsonaro fue utilizado por aliados para promover acciones que alentaban una intervención militar.

Estas pruebas, recopiladas durante casi dos años, apuntan a una red de acciones coordinadas desde los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro, lo que subraya la profundidad de los intentos por desestabilizar la democracia brasileña. Las autoridades avanzan en el análisis de los hechos, que podrían derivar en nuevas imputaciones contra el ex presidente y su entorno.