Evo Morales denunció al gobierno de Luis Arce ante la ONU por violación de derechos

El ex presidente Evo Morales emitió un pronunciamiento en el que solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visite el país para constatar lo que considera violaciones de derechos fundamentales cometidas por el Gobierno de Luis Arce, en su contra y en la de más de un centenar de detenidos por los bloqueos realizados hace un par de semanas.

El líder cocalero pidió que el Comité contra la Tortura de la ONU también promueva recomendaciones y medidas contra las acciones del Gobierno que considera que vulneran los derechos humanos.

“Denuncio de manera urgente ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), que el Gobierno boliviano violó el derecho a la vida, integridad, seguridad, entre otros derechos de mi persona, así como de más de 106 hermanos dirigentes detenidos preventivamente de manera ilegal por ejercer el derecho a la libertad de expresión y protesta”, escribió Morales en un documento que fue difundido en sus redes sociales.

El líder cocalero añadió: “Solicito se gestione una visita urgente a Bolivia para la constatación de la violación de derechos humanos, con la finalidad de lograr recomendaciones y medidas urgentes de cumplimiento obligatorio en contra de los agentes estatales del gobierno boliviano”.

El pronunciamiento se da luego de que más de un centenar de dirigentes campesinos y seguidores de Morales fueran detenidos por los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, que paralizaron una parte del país con hasta 23 piquetes simultáneos.

La protesta nació como un acto de defensa del líder cocalero que enfrenta acusaciones penales por los delitos de trata de personas y estupro, luego las organizaciones sociales que lo respaldan presentaron un listado de demandas que incluían medidas económicas, como la provisión de dólares y combustible; y políticas, como la habilitación de la candidatura de Morales para las elecciones 2025 y la ratificación de su liderazgo en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los bloqueos generaron pérdidas millonarias en varios sectores, principalmente en el sector productivo y de transporte, y agudizaron la escasez de combustible al alterar la logística de distribución.

Ante los crecientes reclamos por intervenir los piquetes y devolver la normalidad al país, el Gobierno ejecutó acciones policiales y militares para levantar los piquetes. En algunas intervenciones, se registraron enfrentamientos con los manifestantes, quienes atacaron a la Policía utilizando piedras y material explosivo, y tomando como rehenes a policías y periodistas que denunciaron agresiones físicas y verbales.

En ese periodo, el ex presidente fue víctima de un atentado cuando se dirigía a realizar su programa radial. Los dos vehículos en los que se transportó recibieron al menos 18 disparos en una acción que calificó como un intento de magnicidio perpetrado por la administración de Arce. El Gobierno confirmó que se trató de un operativo policial pero lo justificó bajo el argumento de que la comitiva de Morales había saltado un retén antinarcóticos de rutina y que, en su intento de huir, atropelló a un agente y abrió fuego contra los policías.

Desde que se levantaron las protestas, dos dirigentes del denominado “Estado Mayor del Pueblo”, vinculado al evismo, fueron aprehendidos por la Policía acusados por los delitos de terrorismo y alzamiento. También está acusados el exministro de la Presidencia y uno de los hombres fuertes durante el Gobierno de Morales (2006-2019), Juan Ramón Quintana, quien se declaró en la clandestinidad.

Morales y su entorno califican estas acusaciones como un acto de “persecución política” contra el movimiento campesino.