Ecuador: millonarios contratos públicos fueron otorgados a empresas vinculadas al narcotráfico

El Estado ecuatoriano otorgó contratos públicos por más de USD 13,5 millones a empresas vinculadas con el crimen organizado. De estos, USD 6,5 millones fueron adjudicados mientras los beneficiarios eran investigados o procesados por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, así lo reveló una reciente investigación periodística de Connectas, que fue difundida por varios medios aliados en Ecuador.

Según la investigación, uno de los casos involucra a la empresa Agusegpro Cia. Ltda., propiedad del ex policía Héctor Pesántez Sangurima, vinculado a la mafia albanesa. Mientras la policía seguía sus actividades delictivas, Agusegpro obtuvo contratos con varias entidades, incluyendo CELEC, la principal empresa pública de electricidad del país. En total, esta empresa recibió USD 2,4 millones en contratos de seguridad con entidades como la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública.

Otro de los casos que la investigación detalla es el de Queenwater S.A., una empresa de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la narcoesposa del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías, alias Fito. La empresa proveyó botellones de agua a CELEC en 20 ocasiones, incluso cuando Peñarrieta enfrentaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. La falta de coordinación entre entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Fiscalía General del Estado ha permitido que estas empresas sigan contratando con el Estado. Según Connectas, “en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos”, lo que abre una peligrosa puerta al lavado de activos.

Además, la investigación resaltó que: “Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control”.

Desde febrero de 2024, una reforma legal obliga al Sercop a articular su labor con otras entidades de control. Sin embargo, la institución reconoció que cuenta con solo 25 funcionarios para supervisar contratos en todo el país.

La investigación identificó a varias organizaciones narcocriminales que han obtenido contratos con el Estado. Los más beneficiados, según la investigación, fueron los Chone Killers, liderados por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, que suman USD 4,2 millones en contratos. Le siguen el asesinado capo Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa con USD 2,4 millones. Además, Connectas encontró 97 contratos públicos vinculados a 24 proveedores ligados al crimen organizado. Entre ellos destacan contratos con gobiernos locales, hospitales y empresas públicas.

Los municipios son los principales otorgantes de contratos a empresas sospechosas. Entre los ejemplos más llamativos se encuentra el Municipio de Durán, que firmó un contrato por USD 190 mil con Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., empresa de la esposa de alias Negro Tulio. En Esmeraldas, Jalenacomp S.A., empresa del colombiano Segundo Agenor Guerrero Banguera, obtuvo contratos por USD 802.000 , incluso mientras Guerrero era buscado por narcotráfico.

Otro caso es el de Constructora Lagodixmark, presidida por Milton Julio Quintero Angulo, alias Yilo, miembro de Los Fatales, quien entre 2010 y 2012 consiguió contratos con municipios y cuerpos de bomberos por USD 213.000 , mientras enfrentaba cargos de asesinato y narcotráfico. De acuerdo con Connectas: “Las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias”.

“Las múltiples deudas pendientes en el control de los recursos públicos han permitido que, en la peor crisis de seguridad de Ecuador, el crimen organizado fortalezca sus finanzas y penetre en las instituciones mientras hay guerra en las calles”, concluye el reportaje de Connectas.