Cinco claves para entender el conflicto por las elecciones judiciales en Bolivia

Bolivia es uno de los pocos países que elige autoridades judiciales de las más altas cortes por voto popular. Se trata de un mecanismo relativamente nuevo en el país, fue creado en 2009 con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) con el objetivo de profundizar la democracia y la participación ciudadana, y desde entonces se han realizado dos votaciones, en 2011 y 2017, en las que la mayoría de la votación votó nulo o blanco, lo que insinúa que hay descontento con el sistema de selección o desconocimiento del proceso.

Pese a las dos experiencias fallidas en términos de resultados, las elecciones judiciales ocuparon el centro del debate político en Bolivia el último año. En esta nota explicamos cinco claves para entender qué es lo que está pasando, cuáles son sus implicancias y por qué es importante para el país sudamericano.

Las tercera elección tenía que realizarse en el segundo semestre de 2023 para que los nuevos jueces asuman el 2 de enero de 2024, pero se generaron varios retrasos en el proceso electoral. Inicialmente por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que ningún partido cuenta con los dos tercios que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral.

Cuando finalmente se lograron acuerdos para la convocatoria de candidatos, hubo una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa, lo que postergó de manera indefinida la elección.

Ese retraso hizo que las autoridades judiciales se “auto prorrogaran” en sus cargos hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.

Finalmente en agosto de 2024, con un año de retraso, se convocaron las elecciones para el 1 de diciembre. Se deben elegir a los 26 principales cargos judiciales que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental por un periodo de seis años.

Cuando el proceso ya estaba en marcha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el 31 de octubre su postergación para el 15 de diciembre debido a la “conflictividad social” ocasionada por los bloqueos de caminos realizados por seguidores de Evo Morales que duraron 24 días.

Faltando poco más de un mes para la votación, una nueva disposición puso en suspenso la continuidad del proceso. El 4 de noviembre, la Sala Constitucional IV emitió una sentencia, firmada por Gonzalo Hurtado y René Yván Espada, que declara “desierta” la convocatoria para el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cinco de los nueve departamentos del país.

La determinación generó rechazo en el país porque los procesos electorales se rigen por el principio de preclusión. El artículo 190 de la Ley de Régimen Electoral establece que ningún proceso puede ser anulado “por ninguna causa y ante ninguna instancia”. El TSE convocó a autoridades y líderes políticos para firmar una declaratoria conjunta y garantizar las elecciones mediante una ley corta.

De momento existe incertidumbre sobre si el proceso de elección se llevará a cabo como corresponde o de manera parcial.

Pese a la cuestionada legitimidad de la extensión de sus mandatos, los magistrados que forman parte de la Sala Constitucional IV, Hurtado y Espada, dictaron fallos que removieron la arena política del país en las últimas semanas. El 1 de noviembre emitieron un auto constitucional que dispone que ninguna autoridad electa puede ocupar el cargo por más de dos periodos, continuos o discontinuos. De esa forma, se cierra la posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser candidato a la Presidencia. Esta disposición estaba en el centro del debate político por desacuerdos en la interpretación de la CPE, que no establece de forma explícita la prohibición para un tercer mandato discontinuo.

El 4 de noviembre se emitió el fallo previamente mencionado, que pone en riesgo las elecciones judiciales con las que se elegirá a los sucesores de Hurtado y Espada. Finalmente, el 14 de noviembre emitieron una sentencia constitucional a través de la cual le quitaron a Morales el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), al reconocer un congreso partidario de los aliados de Luis Arce que eligieron a otra directiva, sin cumplir con los requisitos que establece el partido.

El jueves, al enterarse de que perdió la titularidad del MAS, Morales acusó al Gobierno de utilizar a los magistrados para obtener beneficios políticos. En su cuenta de X manifestó que la administración de Arce solo necesita a la Sala Constitucional IV “para eliminar adversarios” y cuestionó: “¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, cuestionó.

Los mismos magistrados habían generado controversia anteriormente al suspender competencias al presidente del Senado y de la Gobernación de Santa Cruz, entre otras disposiciones.

Los actores políticos de oposición, principalmente del evismo, observan que los magistrados actúan en defensa de los intereses del Gobierno, y exigen el desacato de sus disposiciones que consideran nulas e ilegales por estar fuera del mandato constitucional.

La crisis del sistema judicial en Bolivia va mucho más allá de la postergación de la elección de nuevos magistrados. Según las encuestas de opinión, el Órgano Judicial es el que menor credibilidad y aprobación tiene de la población, debido a problemas estructurales como la retardación de la justicia y la corrupción dentro del sistema.

Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, considera que la renovación de jueces no mejorará “en absoluto” el sistema judicial. “Es más importante encarar una reforma integral, comprensiva de todo el sistema y que inevitablemente requerirá una reforma constitucional”, explicó en entrevista con Visión 360 y consideró que esta medida no ha sido encarada por falta de voluntad política.