La organización Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó este jueves la expulsión del obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y líder de la diócesis de Jinotega, en el norte del país.
En un comunicado, la ONG denunció que el destierro de Herrera “no solo afecta a un líder religioso, sino que simboliza la creciente e imparable persecución y represión que enfrenta la Iglesia Católica en nuestro país”. Este exilio forzado se suma a la expulsión de otros líderes eclesiásticos.
La ONG recordó que, este mismo año, los obispos Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna, también fueron “desterrados y desnacionalizados” por el régimen de Ortega.
La ONG, conformada mayoritariamente por exiliados nicaragüenses y con sede en San José, Costa Rica, destacó que “el destierro del obispo Herrera es un acto criminal contra la libertad religiosa que cada nicaragüense tiene el derecho inalienable de disfrutar”.
Herrera Gutiérrez, de 75 años, fue enviado a Guatemala luego de denunciar públicamente actos que calificó como sacrílegos, realizados por autoridades vinculadas al régimen.
La expulsión del obispo tuvo lugar apenas días después de que Herrera criticara públicamente al alcalde sandinista de Jinotega, Leónidas Centeno, por colocar parlantes con música a alto volumen frente a la catedral San Juan Bautista durante una misa el 10 de noviembre.
Según el colectivo de derechos humanos, las autoridades obligaron a Herrera a dirigirse al aeropuerto de Managua para expulsarlo a Guatemala, donde fue recibido por la Casa Provincial de los Frailes Franciscanos.
Erick Díaz, sacerdote exiliado, y Martha Patricia Molina, autora del estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, respaldaron las denuncias de la ONG, señalando que la expulsión de Herrera ejemplifica la “criminalización y represión” hacia la Iglesia en Nicaragua.
Según Díaz, el régimen suele utilizar “música a alto volumen para boicotear las misas” y, en este caso, la página de Facebook de la Diócesis de Jinotega fue clausurada poco después del incidente.
Más de 200 religiosos fueron expulsados
La persecución no se limita a líderes específicos, sino que representa una acción sistemática de hostigamiento, afirmó Nicaragua Nunca Más. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a más de 200 religiosos, incluyendo a 35 sacerdotes que fueron desnacionalizados.
También se suspendió la actividad de al menos 1.262 organizaciones religiosas, destacó el colectivo. Esta represión, remarcó la ONG, “se ha manifestado con 65 religiosos acusados judicialmente por cargos infundados”, todos con el objetivo de silenciar voces críticas que defienden “la paz, la justicia, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.
El colectivo también denunció un incremento en la hostilidad hacia la Iglesia en los últimos años. Entre 2018 y 2024, se documentaron más de 870 ataques contra instituciones religiosas, incluyendo el incendio en 2020 de la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, ataque que la ONG atribuyó a grupos progubernamentales.
Ante este panorama de persecución, Nicaragua Nunca Más hizo un llamado a la comunidad internacional para “denunciar y condenar” estos crímenes, que considera de lesa humanidad.
“Exigimos el respeto pleno a la libertad religiosa” y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los nicaragüenses para solidarizarnos con la Iglesia y las víctimas del destierro, despojo de nacionalidad y tantos crímenes impunes hasta ahora”, subrayó la organización en su declaración.
Las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia Católica se encuentran en un punto crítico, con restricciones que incluyen la prohibición de actividades religiosas y la ruptura de relaciones diplomáticas, según concluyó el informe de la ONG.
(Con información de EFE)
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