En medio de la crisis energética que atraviesa Bolivia y que se agudizó en las últimas semanas, el Gobierno de Luis Arce autorizó la importación privada de combustible y su comercialización, una demanda que había sido planteada por sectores productivos y empresariales, afectados por el desabastecimiento.
“Este decreto tiene como objetivo autorizar de manera excepcional a actores privados, tanto personas naturales como jurídicas, a realizar la importación de combustibles para su comercialización en el mercado interno, estableciendo los requisitos y prohibiciones correspondientes”, señaló Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos, en conferencia de prensa. El funcionario añadió que esta medida estará en vigencia durante un año.
A través del Decreto Supremo 5271 emitido este 14 de noviembre, el Gobierno pierde el monopolio de comercialización de gasolina y diésel, dos productos que son subvencionados por el Estado y que generan uno de los mayores gastos públicos.
Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó que el precio de venta será establecido luego de un análisis con el Ministerio de Hidrocarburos. Sin embargo, al no ser subvencionado con recursos públicos se entiende que su costo puede duplicar a los actuales, según el precio internacional de los carburantes.
En Bolivia el litro de gasolina especial (3,72 bolivianos) y diésel (3,74 bolivianos) es equivalente a 0,53 dólares.
Desde hace más de un año que Bolivia enfrenta periodos de escasez de diésel, pero nunca fue tan agudo y prolongado como ahora, además se sumó la falta de gasolina, lo que generado filas interminables de vehículos frente a estaciones de servicio en todo el país.
El Gobierno tiene justificaciones de corto y largo plazo sobre este problema. Por un lado creen que hubo una mala gestión en materia de hidrocarburos durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) que provocó la debacle de la industria petrolera y la baja producción actual; por otro, sostienen que la carestía de los últimos días se debe a los bloqueos realizados por seguidores de Morales que paralizaron una parte del país y alteraron la logística de distribución, pero que fueron levantados hace más de una semana.
Hasta ahora se habían facilitado los mecanismos para la importación privada de combustibles para el consumo propio, pero la comercialización estaba prohibida.
El nuevo decreto no implica que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vaya a dejar de vender combustible ni que se paralice la política de subsidios del Gobierno. “El pueblo siempre será nuestra prioridad y con esta nueva normativa buscamos garantizar que todos los sectores tengan acceso al combustible necesario para su funcionamiento”, precisó Gallardo.
La nueva disposición fue celebrada por los sectores más afectados por la escasez y por líderes políticos de línea más liberal, como Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, que ve en el decreto el fin de lo que considera un “modelo socialista”.
“El gobierno tiró la toalla, la crisis económica y la crisis del combustible terminaron por sepultar el modelo socialista fracasado del masismo. El estatismo empobrecedor al que nos sometieron Luis Arce y Evo Morales, por casi 20 años, acaba de recibir su certificado de defunción”, expresó Camacho a través de las redes sociales desde la cárcel de Chonchocoro (El Alto) donde se encuentra recluído desde hace casi dos años.
Mientras se establecen los procedimientos y se concreta la venta de combustible por parte de privados, los bolivianos esperan que aumente el suministro de gasolina y diésel para retomar la normalidad. Si bien hay un flujo mayor que en días anteriores, la dotación aun no es regular.
El presidente Arce pidió “paciencia” a la población y fijó un plazo de diez días, que se cumple el 23 de noviembre, para que el asunto esté resuelto. Sin embargo, algunos analistas consideran que el problema es estructural -por la baja producción local y las crecientes dificultades de importación por falta de dólares-, por lo que aún no avisoran una solución definitiva.
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