Refutan informe de Daniel Ortega en Naciones Unidas que presenta a Nicaragua como “paraíso” de derechos humanos

El régimen de Daniel Ortega presentó este miércoles en Ginebra, Suiza, su informe para el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de Naciones Unidas (ONU) que evalúa cada cinco años la situación de los derechos humanos de cada uno de sus Estados miembros.

“La dictadura de Ortega presenta la imagen de un paraíso de realizaciones económicas y de bienestar social con la idea que este documento oficial quedara como verdad no controvertida en Naciones Unidas”, afirma el economista nicaragüense Enrique Sáenz, coordinador del equipo que elaboró el “informe alternativo” de Puentes, un centro de investigación centroamericana con sede en Costa Rica.

El informe de Puentes pretende refutar “los planteamientos centrales del posicionamiento oficial del Estado de Nicaragua, utilizando estadísticas gubernamentales, en unos casos, y, en otros, basándose en datos y referencias de entidades debidamente acreditadas”, dice el documento.

“Durante este periodo reportado, se ha evidenciado la voluntad política y el compromiso real del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en continuar garantizando el goce y disfrute de los Derechos Humanos de todo el pueblo de Nicaragua”, dice el informe del régimen de Nicaragua para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

El informe alternativo de Puentes recuerda que el régimen de Ortega registra “más de 400 personas despojadas de la nacionalidad sin juicio ni sustento legal; más de 5000 organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas y confiscados sus bienes; apropiación del Estado de una treintena de universidades privadas; centenares de personas desterradas; persecución a religiosos y actividades religiosas; atropellos a los derechos de la población indígena; ilegalización de partidos políticos y desaparición de sus dirigentes; decenas de medios de comunicación clausurados y centenares de periodistas perseguidos; miles de personas exiliadas; y diversas acciones de represión y persecución transnacional”.

El gobierno de Nicaragua afirma que en su país se registra una tasa del 3.4 por ciento de desempleo. “Si consideramos que, después de Haití, la economía nicaragüense es la más pobre del continente americano, es obvio que ese porcentaje se encuentra muy lejos de la realidad que afrontan millones de familias nicaragüenses”, señala el informe de Puentes.

“Según los registros oficiales aproximadamente el 75 por ciento de la población laboral se encuentra en la informalidad”, refuta el documento alternativo. “Aun cuando admitiéramos que solo un 3.4 por ciento de la población laboral se encuentra en desempleo, al sumar el porcentaje de subempleo y de los trabajadores sin remuneración nos encontramos que más del 50 por ciento de la población laboral nicaragüense se encuentra en condiciones de precariedad laboral extrema”.

El informe de Puentes destaca que “en los últimos dos años el gobierno comenzó́ a violentar de manera masiva el derecho de propiedad: inmuebles, muebles, activos, cuentas bancarias. Primero fue la expropiación de las propiedades a las personas despojadas de su nacionalidad, en paralelo también fueron despojados de su patrimonio material los medios de comunicación”.

“Siguió́ la confiscación de propiedades a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones religiosas, humanitarias y gremiales. Luego tocó el turno a las universidades privadas. Más recientemente comenzó́ a aplicarse un concepto inexistente en la legislación nacional como pretexto para apropiarse de bienes privados: propiedades en abandono”, añade.

Sin embargo, el gobierno de Ortega afirma que en Nicaragua “las organizaciones de la sociedad civil, pueden ejercer su labor, apegadas a sus estatutos internos, sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional”.

El informe alternativo detalla que entre abril del 2018 y agosto del 2024 el régimen nicaragüense ejecutó una cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil que ilegalizó a cerca de 5,500 organizaciones civiles, de las 7,227 registradas en el país en 2018.

A pesar de que el régimen de Daniel Ortega ha proscrito el ejercicio del periodismo independiente en el país y obligado al exilio a casi 300 periodistas nicaragüenses, en su informe ante Naciones Unidas asegura que “se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política”.

“En cuanto a los medios de comunicación social, Nicaragua mantiene una diversidad con 294 estaciones de radiodifusión y 26 estaciones de televisión abierta, administradas principalmente por entidades privadas, a excepción de los únicos dos medios propiedad del Estado”, añade el informe gubernamental.

Actualmente, los principales medios de comunicación privados de Nicaragua son manejados por hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se ha criminalizado la practica independiente de periodismo.

El 19 de mayo pasado, Ortega ordenó la detención de su propio hermano, el general Humberto Ortega, por una entrevista que dio a Infobae en la que el militar en retiro aseguraba que no habría sucesión familiar en el poder una vez que Daniel Ortega muriera.

La dictadura nicaragüense se tomó el 13 de agosto de 2021 por la vía militar el edificio del diario La Prensa, el más antiguo e importante medio de comunicación de Nicaragua y, antes, se apropió de las instalaciones de las televisoras 100 por Ciento Noticias y Confidencial.

Sobre “el derecho a elegir y ser electos”, el informe gubernamental asegura que en este último quinquenio se han realizado “en orden y en paz” cuatro procesos electorales. “En el proceso electoral del 2021, el pueblo de Nicaragua eligió́ como Presidente de la República el compañero comandante Daniel Ortega Saavedra y como Vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo”, dice.

La oposición nicaragüense calificó a las elecciones generales de noviembre de 2021 como “el fraude más descarado de la historia”, porque Ortega ordenó la detención de las siete personas opositoras que pretendieron competir por la presidencia e ilegalizó a los partidos de oposición que quisieron competir.

“En el caso de Nicaragua ni siquiera puede afirmarse que el grupo en el poder ha fraguado cuatro fraudes electorales consecutivos en el periodo 2019-2024, ya que es ampliamente conocido en distintos espacios internacionales que estamos ante la anulación total del derecho a elegir y ser electo”, expresa el informe alternativo.

El economista Enrique Saénz afirma que el informe gubernamental está enfocado en temas económicos y sociales, y apenas menciona los derechos civiles y políticos, un área que suscita fuertes reclamos al régimen.

“Evidentemente se trata de una maniobra para obstaculizar que las delegaciones de los países y que las organizaciones de sociedad civil que también participan pudieran reaccionar a este informe, y todo lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos, lo menciona solo de manera marginal”, dice Sáenz.

“Numerosos documentos sobre distintos campos de los derechos humanos, originados en distintas organizaciones ofrecen evidencias suficientes para atribuir responsabilidades penales al grupo en el poder por la comisión de múltiples delitos”, señala el informe del centro de investigación centroamericano.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas detalló en marzo del 2024 conductas del régimen nicaragüense “que pueden calificarse jurídicamente como crímenes de lesa humanidad”

“El GHREN tiene motivos razonables para creer que funcionarios y autoridades de todos los poderes del Estado y a todos los niveles participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de personas opositoras o percibidas como tales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, actos de tortura, incluyendo actos de violencia sexual, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho de todas las personas a permanecer en su propio país, entre otros”, dice.

Enrique Sáenz asegura que una estratagema del régimen fue publicar el informe de manera tardía, y así no dar tiempo a las reacciones. El informe oficial de Nicaragua debía publicarse antes de agosto cuando se realizan las sesiones previas con organizaciones para un lprimer intercambio con el gobierno de Nicaragua. “El gobierno no presento su informe para estas presiones y ni siquiera hizo acto de presencia”, lamenta Saénz.

Luego de la presentación de Nicaragua, se registraron 88 países intervenciones de otros países. La mayoría de ellos mostraron su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, el cierre del espacio cívico y persecución a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.

“Destacamos la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y atentados a la vida de minorías, especialmente pueblos indígenas. Destacamos la necesidad de respetar la libertad de pensamiento y poner fin a todo tipo de persecución religiosa”, dijo el representante de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos.