“Asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, hace cinco años, con esas palabras y ante un congreso vacío, la senadora Jeanine Añez tomaba el poder en Bolivia.
Dos días antes, Evo Morales había renunciado en medio de protestas sociales que lo acusaban de haber cometido fraude electoral en una candidatura que ya era cuestionada por su inconstitucionalidad. Las movilizaciones tomaron fuerza con un motín policial y la “sugerencia” de renuncia que le hizo públicamente el alto mando militar.
Sin fuerzas del Estado que respondan a sus órdenes y acorralado por manifestaciones en todo el país, Morales puso a fin a sus casi 14 años de mandato y desde su trinchera política proclamó su rendición: “Estoy renunciando para que mis hermanos (…) no sigan hostigados, perseguidos y amenazados”. Flanqueado por sus incondicionales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Salud Gabriela Montaño, Morales advirtió que “la lucha no termina acá”.
Lo hechos fueron vertiginosos aquellos días. La votación se había realizado el 20 de octubre y cuando el conteo rápido perfilaba una segunda vuelta entre Morales y el ex presidente Carlos Mesa, el sistema de transmisión se apagó repentinamente. Cuando volvió, varias horas después, Morales ganaba en primera vuelta. Mesa no tardó en denunciar un “fraude monumental”.
Las protestas iniciaron con la toma de las oficinas organismo electoral en algunas regiones y un paro cívico comandado principalmente desde el Comité Cívico de Santa Cruz que se extendió a todo el país durante 21 días. Primero reclamaban la segunda vuelta, luego exigían la anulación de las elecciones y finalmente la renuncia de Morales.
A medida que las movilizaciones cobraban fuerza, el presidente ofreció una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso de votación. Antes de presentar sus resultados conclusivos, en la madrugada del 10 de noviembre el organismo emitió un sorpresivo informe preliminar en el que mencionaba que se habían detectado una serie de irregularidades y manipulaciones en el sistema de voto.
Morales dio una conferencia desde el hangar presidencial en el aeropuerto de El Alto en la que ofreció anular la votación y convocar a nuevos comicios, pero ya era tarde: la movilización exigía para entonces su renuncia. Horas más tarde, refugiado en el Chapare, Morales y todos los que le seguían en la línea de sucesión dimitían. La mirada pública se volcó entonces hacia una senadora beniana de bajo perfil que ocupaba la segunda vicepresidencia de la cámara y que hasta entonces había estado al margen de las protestas.
Según se conoció meses más tardes, los actores políticos involucrados en esos sucesos negociaron la conformación del nuevo gobierno. Tras dos días de vacío de poder, la senadora Jeanine Añez llegó a La Paz con custodia militar y en una sesión que no contó con los procedimientos establecidos, se proclamó primero presidenta del Senado y luego del Estado.
La legalidad de su mandato ha sido el clivaje de la polarización política y social en los últimos años. En el evismo creen que se trató de un golpe de Estado, porque la renuncia de Morales fue forzada ante la rebelión de las fuerzas del Estado y porque Añez asumió el poder sin cumplir con algunas normas y reglamentos. En tanto, el antimasismo considera que la sucesión fue constitucional, justifican el procedimiento y las movilizaciones por el “fraude electoral”.
El mandato de Añez tuvo un pico de popularidad inicial pero el descontento no tardó en llegar por varios motivos. Su gestión tenía el único objetivo de convocar a elecciones pero pronto empezó a excederse en sus atribuciones al dar un giro radical en materia de política exterior. También fue criticado por haber ordenado la represión de movilizaciones que terminaron con muertos por heridas de bala, bajo el amparo de un decreto que liberaba a los militares de responsabilidades penales. Adicionalmente, la gestión de la pandemia reveló casos de corrupción que bajaron el nivel de aprobación del gobierno interino y surgieron movilizaciones para realizar las elecciones, que fueron postergadas por razones sanitarias.
En paralelo, Añez presentó su candidatura a la Presidencia y se rodeó de la élite política del antimasismo. Su mal desempeño en las encuestas y la caída en la aprobación de su Gobierno, la hicieron declinar su postulación un mes antes de la votación.
Hasta el 12 de noviembre, Añez era una abogada de 52 años que estaba de retirada. Después de varios años en la política sin un papel protagónico, la mujer nacida en las tierras bajas del país no había sido candidata a nada en las elecciones de 2019. Posiblemente ni ella, ni nadie en su partido Demócratas, hubiera imaginado el papel que ocuparía en la historia de Bolivia.
Luego de dejar el Gobierno y bajar su postulación a la Presidencia, reapareció como candidata a la Gobernación del Beni en marzo de 2021, una elección que perdió al quedar en tercer lugar. Días después fue capturada por la Policía y llevada a La Paz, acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por los hechos de noviembre de 2019.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, en un mensaje en las redes sociales. Desde entonces, la expresidenta guarda detención preventiva en una cárcel de La Paz y enfrenta múltiples procesos penales, no solo por la forma en la que accedió al poder sino también por decisiones asumidas durante su administración.
El 10 de junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la condenó por diez años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por la forma en la que asumió el Gobierno Dicha sentencia fue criticada por organizaciones internacionales y de derechos humanos que tildaron a justicia boliviana de ser “parcializada”.
En el mes pasado, Añez volvió a ser vista al salir de la cárcel después de varios meses para acudir a una audiencia por otro caso. Al abrirse las puertas del penal, la ex presidenta apareció rodeada de policías y con las muñecas esposadas, levantó las manos y exclamó: ¡No fue golpe, sí fraude!”.
A cinco años del inicio de su Gobierno, las heridas del conflicto político y social que la llevaron al poder siguen abiertas. Si bien algunos analistas hablan ahora de una “multipolaridad”, ciertamente el clivaje marcado antes y durante de su gestión es un asunto que aún confronta en Bolivia.