El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tomará acciones legales para garantizar los comicios judiciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia declaró este jueves que tomará “acciones legales” para garantizar las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera un fallo que declara desiertas las elecciones de magistrados en cinco de las nueve regiones del país.

Según el TSE, esta medida es crucial para proteger los derechos políticos de los electores bolivianos y asegurar la integridad del sistema democrático. El fallo del TCP afecta a la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, así como del Tribunal Constitucional en estas regiones y en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

Esta sentencia responde a dos casos interpuestos por candidatos que no superaron la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En un comunicado, el TSE expresó su “disconformidad” con la sentencia del TCP, argumentando que “atenta contra el normal desarrollo de un proceso electoral que ya está en curso y sobre todo contra la integridad del sistema democrático en el país”.

Además, el ente electoral denunció que el fallo vulnera el “principio de preclusión”, un elemento fundamental del sistema electoral boliviano que evita revisiones sobre etapas finalizadas del proceso.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que el fallo pone en “vilo” el desarrollo de las elecciones judiciales y propuso que la ALP apruebe una “ley corta” en un plazo de ocho días para asegurar que los comicios judiciales se lleven a cabo en todo el país.

Esta no es la primera vez que las elecciones judiciales enfrentan obstáculos, ya que en octubre las convocatorias en los departamentos de Beni y Pando estuvieron en riesgo tras fallos judiciales impulsados por candidatos inhabilitados, aunque una sentencia posterior permitió la continuidad del proceso.

El marco constitucional boliviano, vigente desde 2009, establece la elección popular de magistrados de los principales tribunales tras una preselección del Legislativo. Sin embargo, el proceso fue ampliamente cuestionado.

En las elecciones de 2011 y 2017, una mayoría de los votantes emitió votos nulos o en blanco en señal de rechazo, argumentando manipulación por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), que tenía mayoría en la ALP.

El mandato de los magistrados electos en 2017 culminó a principios de 2024, pero la falta de un proceso electoral exitoso en 2023 llevó al TCP a extender el mandato de estos jueces y de otras cortes para evitar un “vacío de poder”.

Esta decisión generó protestas de los seguidores del ex presidente Evo Morales y los del actual mandatario, Luis Arce, quienes realizaron bloqueos en demanda de elecciones judiciales. Actualmente, el TSE avanza en los preparativos de los comicios, con las boletas listas y los perfiles de los candidatos difundidos en medios estatales.

(Con información de EFE)