Ecuador: Daniel Noboa envió dos proyectos urgentes de alivio financiero y para frenar el crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, los cuales buscan aliviar la carga financiera de las familias y combatir el lavado de activos que sustenta las operaciones de estructuras criminales en el país, según anunció la Secretaria de Comunicación de la Presidencia.

El primer proyecto, denominado Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, propone medidas específicas para alivar la economía de los hogares y las empresas frente a las dificultades derivadas de la crisis energética. Según el documento, uno de los puntos clave es la suspensión temporal de los procedimientos de ejecución coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Esta medida podría beneficiar a 176.603 empleadores en mora. El proyecto también incluye la posibilidad de utilizar fondos de reserva para cubrir obligaciones con el IESSl. Esto último podría ayudar a más de 195.000 personas con fondos acumulados que alcanzan los USD 330 millones, según el proyecto.

Además, se plantea un sistema tributario para impulsar el emprendimiento, de acuerdo con la propuesta. El texto resalta que estas iniciativas fomentarán la redistribución del ingreso y la creación de empleo en sectores emergentes, especialmente en aquellos ligados a tecnologías de la información y comunicación .

Por otro lado, el segundo proyecto de ley, titulado Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la economía delictiva. Este marco normativo busca cerrar las brechas legales que facilitan el financiamiento de actividades ilícitas, asegurando la prevención, localización y eliminación de capitales ilícitos, de acuerdo se lee en el texto. Según este, se establecerán mecanismos más estrictos en sectores vulnerables, como la compra y venta de vehículos y las actividades deportivas, para evitar el uso de estos como vehículos de lavado de dinero .

La normativa también actualiza el marco de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para una supervisión más exhaustiva y la imposición de sanciones proporcionales.

De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución de Ecuador, ambos proyectos, al estar calificados como urgentes en materia económica, deberán ser aprobados, modificados o rechazados por la Asamblea Nacional dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción.

Noboa anunció que presentará una reforma parcial a la Constitución ecuatoriana que busca eliminar la categoría de grupos de atención prioritaria para las personas privadas de libertad. De acuerdo con el comunicado oficial, emitido la noche del 6 de noviembre de 2024 por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, esta iniciativa implica la modificación de los artículos 35 y 51 de la Constitución. La propuesta tiene como objetivo “un sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.

La propuesta de Noboa ya plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos y para algunos abogados y analistas puede ser calificada como una medida regresiva, contraviniendo tanto principios constitucionales como obligaciones internacionales asumidas por Ecuador. Actualmente, la designación de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria busca garantizar su acceso a derechos fundamentales en un contexto donde las condiciones penitenciarias ya son sumamente críticas.

La Constitución del Ecuador establece que los derechos progresivos no pueden ser reducidos o eliminados, de acuerdo con el principio de no regresividad reconocido en el artículo 11, numeral 8, del texto constitucional. Este principio también está respaldado por el marco internacional, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que cualquier medida regresiva debe ser rigurosamente justificada.