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Dirigentes de organizaciones sociales afines a Evo Morales advirtieron con una “rebelión indígena” si el Gobierno no instala mesas de diálogo, las cuales condicionan a la liberación de los detenidos durante los desbloqueos en la localidad de Parotani, en la carretera que conecta Cochabamba (centro) con la región del occidente.
“Queremos ser claros que los procesos judiciales que han activado contra Ponciano (Santos), Juan Enrique Mamani, Humberto Claros, deben cesar porque caso contrario está prevista en 72 horas la rebelión indígena en Bolivia”, advirtió el dirigente David Veizaga. Según un reporte del portal Visión 360, en los enfrentamientos en Parotani fueron detenidas más de 50 personas de las cuales 30 se encuentran con detención preventiva.
Las organizaciones sociales afines a Evo Morales realizaron un bloqueo de caminos durante 23 días en el que aislaron al departamento de Cochabamba y dejaron paralizada una parte del país, en respaldo a su líder político que enfrenta acusaciones penales y en demanda de acciones económicas y políticas al Gobierno.
Al cumplirse 20 días de bloqueos, Morales intentó tomar distancia de las protestas ante el creciente descontento de la población con la medida que agudizó la crisis económica y pidió a sus bases sociales que levanten los piquetes. El miércoles por la mañana, tres dirigentes campesinos brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una tregua de 72 horas en los bloqueos por razones “humanitarias”.

Veizaga manifestó que esperan que el Gobierno cese la “persecución policial política” y cumpla con un listado de demandas sindicales que incluyen, entre otras cosas, la resolución de la crisis económica y energética, así como la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó el liderazgo de Morales y lo proclamó candidato para las elecciones de 2025.
El Gobierno, por su parte, ha expresado que está dispuesto al diálogo siempre y cuando éste se limite a las competencias del Órgano Ejecutivo, con lo que los procesos judiciales que enfrenta Morales y el futuro del partido quedarían fuera de debate.
El miércoles por la noche, el presidente Luis Arce convocó a diferentes sectores a una mesa de trabajo para encontrar una salida a “la crisis generada por los bloqueos”, que agudizó el desabastecimiento de combustible y generó pérdidas económicas millonarias en los sectores productivos y de transporte. De manera extra oficial se conoce que a este encuentro no fueron convocadas las organizaciones sociales afines a Morales.
Veizaga advirtió que si no se detienen los procesos judiciales contra dirigentes y si los uniformados se mantiene en las vías, retomarán las movilizaciones “pero esta vez vamos a sorprender al país, no vamos a comunicar ni la hora ni el momento”, manifestó.
La medida de presión inició el 14 de octubre con cuatro puntos de bloqueo y terminó el 6 de noviembre. En los momentos de mayor tensión, se registraron 23 piquetes simultáneos, la mayoría de ellos en Cochabamba, donde está la región cocalera del Chapare, que es el bastión político y sindical de Morales donde está atrincherado desde finales de septiembre, cuando se conoció que enfrenta una acusación penal por los delitos de trata de personas y estupro por la que puede ser aprehendido.
Los abogados de Morales han denunciado que en el último mes se abrieron al menos 12 causas contra el ex presidente en lo que consideran una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia, en medio de su disputa con Arce por el control del partido y la candidatura de 2025.
Ambos líderes están enfrentados desde 2021 y la falta de acuerdos por vías institucionales ha provocado que la disputa interna del partido salga a las calles, afectando la estabilidad del país y agudizando la crisis económica que enfrenta. “Bolivia está secuestrada por intereses de unas pocas personas que están intentando definir sus candidaturas o la tenencia de la sigla, pero también por las oposiciones que pareciera que están viendo de palco lo que está pasando y no ofrecen ningún apoyo”, sostuvo la politóloga Ana Velasco en su análisis sobre la coyuntura del país en una entrevista con Infobae.
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