Milagros Chamorro había decidido contar, en 2022, lo que vivió 12 años antes. Cuando era una quinceañera, un amigo la invitó a un apartamento en Punta del Este, donde había otros cinco hombres. Le ofrecieron alcohol y, luego, la violaron, fotografiaron y difundieron ese material. “Me arrebataron mi inocencia, me confiscaron y me expusieron como un trofeo”, se animó a narrar la joven varios años después.
Chamorro contó su historia porque quería Justicia, pero nunca lo consiguió y decidió terminar con su vida. Su muerte generó indignación, motivó una serie de protestas y marchas en Maldonado y Montevideo y la atención que recibió en sus horas finales derivó en una investigación administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Chamorro había ido dos veces al sanatorio, cuando había tenido otros intentos de quitarse la vida. En una de esas ocasiones, mientras esperaba a la psiquiatra, fue al baño y se suicidó. Y esa actuación, en el sanatorio Casmu de Montevideo, es la que se investiga por parte del ministerio.
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, informó en una rueda de prensa que Chamorro, en los tres días previos al fallecimiento, consultó tres veces al médico. La funcionaria señaló que hay “diferentes versiones” sobre la atención que recibió ese día. “Se dice que se le dio medicación, que no aceptó tomar la medicación, que en diferentes oportunidades se retiró contra la voluntad de los médicos, y eso quedó constatado en la historia”, indicó la ministra.
Estos elementos son asuntos que el ministerio estudia para comprobar si efectivamente fueron así.
Cuando una persona llega a un centro de salud después de haber tenido un intento de suicidio, debe ser ingresada en observación y derivada a la emergencia. “No debe estar esperando en la sala de espera”, dijo la ministra respecto al protocolo. En el MSP todavía no tienen conocimiento de dónde estuvo aguardando Chamorro en las horas finales de su vida.
Un paciente que llega en ese estado debe recibir asistencia de parte del médico que esté de guardia en el sanatorio. Si en ese momento no hay un psiquiatra, igualmente se le debe hacer un proceso de “triage”, que implica una evaluación clínica preliminar para clasificar a los pacientes según su gravedad. Así, se evalúa qué riesgo tiene.
Rando dijo que todavía es necesario discernir entre distintos estados: si simplemente fue un intento “menor” –cuando la persona se arrepiente y manifiesta que no lo volverá a hacer– o si “ratifica seguir con esa intención”.
Rando explicó que si no hay ningún funcionario de la mutualista “comprometido”, no pueden haber sanciones. Pero si se encuentran responsabilidades, pueden haberlas para los médicos, la mutualista o incluso llegar a denuncias penales. “Eso va a depender de lo que arroje la investigación”, señaló.
El viernes hubo una manifestación en Maldonado tras la muerte de Chamorro y este lunes hubo otra en Montevideo. “El caso de Milagros pone muy de manifiesto cómo no podemos separar dos problemáticas como son la crisis de salud mental que tenemos y la violencia sexual, y la insensibilización que tenemos del tema”, declaró a Subrayado de Canal 10 Florencia Marichal, integrante del Proyecto Ikove, un colectivo formado por víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
Este colectivo estuvo en contacto con amigas de Chamorro, que le compartieron imágenes de ella en una marcha. La joven era trabajadora social y atendía a víctimas de violencia basada en género. “Había hablado, había roto el silencio, estaba buscando justicia y esta concentración busca un poco de esta manera conectar con ese espíritu de lucha”, señaló la activista.
En la marcha de Maldonado, la madre de la víctima, Laura Cabrera, contó que su hija buscó ayuda psicológica y psiquiátrica, pero que no la obtuvo. “Ella dijo lo mal que estaba y la dejaron. Ella se quitó la vida dentro de una mutualista sin recibir la atención del psiquiatra. Nadie la ayudó”, señaló.