El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a los mandatarios Javier Milei (Argentina) y Luis Arce (Bolivia) de coordinar una campaña de lawfare en su contra para eliminarlo del escenario político “con mentiras y balas”.
La declaración se da luego de que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, revelara que se abrió un proceso contra de Morales por los presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de menores durante su estadía en ese país, bajo la figura de asilo político otorgado por el gobierno de Alberto Fernández .
“Denunciamos la creación de un Plan Cóndor de Lawfare”, escribió Morales en su cuenta de X y agregó: “Es evidente la coordinación entre el gobierno de Luis Arce y el gobierno sionista de Javier Milei. Desde que soy dirigente me han acusado de terrorista, narcotraficante o asesino. Inventan procesos con fines políticos. Al final, todas esas mentiras caen porque la verdad prevalece. No se contentan con intentar eliminarme políticamente, mediáticamente o judicialmente. Ahora lo intentan con mentiras y con balas. El pueblo se da cuenta”.
Lawfare es un neologismo inglés que en los últimos años se empezó a utilizar en América Latina para deslegitimar juicios por corrupción u otros delitos contra ex presidentes y actores políticos, entendiéndolo como un mecanismo de utilización de la justicia con fines políticos.
La investigación contra el líder cocalero en Argentina surge a raíz de una denuncia presentada por el empresario y opositor Branko Marinkovic, quien afirmó que “ya que, en Bolivia, Evo vive en total impunidad, tendrá que ser la Justicia argentina la que lo juzgue”.
La Fiscalía de Bolivia investiga por los mismos delitos a Morales desde el 26 de septiembre, tras recibir un informe sobre los delitos de trata de personas y estupro con una adolescente a la que presuntamente había embarazado durante su presencia en el año 2015, cuando ella tenía 15 años y él 57.
Por esta investigación, la fiscal a cargo, Sandra Gutiérrez, emitió un mandamiento de aprehensión a fines de septiembre que quedó sin efecto por una acción judicial interpuesta por el equipo jurídico de Morales. El 10 de octubre fue convocado a la Fiscalía para prestar su declaración pero no se presentó, en su lugar llegó un abogado que presentó un memorial y justificó la ausencia de su defendido al considerar que no existen garantías.
Tras su ausencia, la fiscal Gutiérrez indicó que lo que corresponde por ley es emitir una orden de captura que casi un mes después aún no se ejecuta. Tanto Morales como sus abogados han denunciado que el caso responde a intereses políticos pero no han negado la comisión del delito.
A este proceso en Bolivia se suman otros abiertos desde mediados de septiembre, en una acción que el evismo considera un acto de represalia tras la denominada “Marcha para Salvar Bolivia” que el cocalero encabezó en protesta contra el Gobierno de Arce, su antiguo ministro de Economía y delfín.
La investigación penal que fue abierta en Argentina se dio a conocer en medio de una escalada de conflictos en Bolivia, en la que los seguidores de líder cocalero cumplen más de 20 días de bloqueos en carreteras del país en respaldo al ex presidente frente a las acusaciones penales que enfrenta y en demanda de acciones económicas y políticas, como la provisión de dólares y de combustible; y la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lo ratificó como líder y lo proclamó como candidato único para las elecciones presidenciales de 2025.
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