- Evo Morales inició una huelga de hambre en desafío al gobierno de Luis Arce.
- El conflicto está marcado por bloqueos de rutas que exigen retirar cargos judiciales contra Morales y defender su candidatura de 2025.
- Arce acusó a los seguidores de Morales de tomar instalaciones militares y responsabilizó al ex presidente de las tensiones.
Lo esencial: el ex presidente boliviano Evo Morales comenzó una huelga de hambre en respuesta a las crecientes tensiones con el gobierno de Luis Arce. Morales, que enfrenta denuncias por trata de personas y violación, sostuvo que no se irá de Bolivia y “luchará junto a su pueblo”. Mientras tanto, los bloqueos de caminos, que ya suman 19 días, siguen activos pese al operativo gubernamental para despejarlos.
El ex presidente de Bolivia Evo Morales inició en la noche de este viernes una huelga de hambre en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba como medida de presión tras los conflictos recientes con el gobierno de Luis Arce.
“Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor. Estaba (estuve) muchas veces en la cárcel. No tengo ningún miedo, pero no me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir. Vamos a enfrentar y derrotar a un gobierno corrupto, un gobierno narco...”, declaró el líder cocalero en un video publicado en su cuenta en la red social X.
La decisión de Morales fue impulsada luego de que sectores afines al ex mandatario descartaran la pausa en los bloqueos de carreteras que él había sugerido. Los cortes de ruta, que ya llevan 19 días, buscan el retiro de los procesos judiciales contra Morales, exigir una “solución a la situación económica” del país y defender su candidatura presidencial para 2025.
“El bloqueo nacional de caminos persiste y va a seguir con mucha más fuerza y más contundencia”, aseguró el dirigente campesino Humberto Claros en una declaración transmitida por la radio cocalera Kawsachun Coca.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta órdenes judiciales por acusaciones de trata de personas y estupro, lo que ha llevado a sus seguidores a atrincherarse en Cochabamba, un bastión político de Morales, y a mantener las medidas de presión.
Claros insistió en que las “bases” y “organizaciones matrices” no aceptan suspender el bloqueo. “Que nadie se atreva ahora a culpar al hermano Evo por las movilizaciones futuras que van a persistir en el bloqueo nacional indefinido de caminos”, sostuvo; al tiempo que deslindó responsabilidades a Morales y calificó al gobierno de Arce como “criminal” y “dictador” por el operativo policial y militar ejecutado para despejar la principal ruta del país.
El operativo logró despejar la carretera que conecta Cochabamba con el oeste del país, pero persisten bloqueos en las rutas hacia Santa Cruz, un departamento clave en la economía boliviana. Las autoridades informaron que las pérdidas económicas superaron los 1.700 millones de dólares, agravando el desabastecimiento de combustibles y la inflación.
En respuesta, Luis Arce acusó a “grupos armados afines a Evo Morales” de haber tomado tres unidades militares y retener a militares y sus familias, amenazando sus vidas.
“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria, una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano”, declaró el presidente; al tiempo que responsabilizó a Morales por la situación.
El distanciamiento entre Arce y Morales se remonta a 2021, cuando surgieron diferencias en la administración del Estado. Las tensiones se profundizaron con la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y definir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.
Morales sostuvo que su lucha es por “evitar hechos de sangre” y pidió la mediación de organismos internacionales o “países amigos” para que el diálogo con el Gobierno “sea viable, responsable y tenga resultados”.
Evo Morales fue denunciado por otros cinco casos de trata de personas y violación
Tatiana Herrera, secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, presentó cinco nuevas denuncias penales contra Evo Morales por delitos que incluyen trata de personas y violación.
Según Herrera, las víctimas involucradas son menores de edad, y los presuntos crímenes se habrían cometido en la provincia de Chapare, un bastión político clave para Morales y la base de apoyo de los sindicatos cocaleros que lo respaldan.
La denuncia sostiene que las menores habrían sido trasladadas desde el Trópico de Cochabamba hacia La Paz a través de redes de intermediarios, los cuales estarían vinculados a sindicatos locales.
La funcionaria detalló que la situación de violencia y amenaza generada por los bloqueos de carretera organizados por simpatizantes de Morales ha dificultado que los familiares de las víctimas puedan acceder a la justicia. Según ella, estas acciones de protesta han obstaculizado las denuncias, impidiendo que se presenten de manera segura y oportuna ante las autoridades pertinentes.
Estas nuevas acusaciones se suman a las denuncias ya existentes, incluyendo dos casos que datan de entre 2014 y 2016, en los que se alega que Morales sostuvo relaciones con menores de edad. Uno de esos casos indica que una de las jóvenes habría tenido un hijo con el ex mandatario, lo que agrava la situación legal del líder del Movimiento al Socialismo.
Por su parte, la fiscal Sandra Gutiérrez, quien encabeza una de las investigaciones, señaló que dispone de “pruebas materiales” que sustentan las acusaciones contra Morales. Sin embargo, la defensa del ex presidente presentó diversos recursos legales con el fin de evitar que se concrete su aprehensión.