La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a Steadman Fagot, asesor presidencial en políticas de pueblos originarios y líder indígena en Nicaragua. La CIDH consideró que Fagot se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
El 14 de septiembre de 2024, Fagot fue arrestado por el Ejército de Nicaragua, acusado de intentar “sustraer armamento orgánico”. Según la parte solicitante, el beneficiario es un anciano miskito que desde 2017 ha trabajado en un cargo público, en el cual se manifestó en contra de las políticas gubernamentales de Daniel Ortega respecto a los pueblos originarios y denunció supuestas invasiones a tierras indígenas.
La CIDH explicó que estas actividades críticas motivaron la detención de Fagot como represalia. Sin embargo, el Ejército argumentó que la detención se debió a una supuesta implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, aunque no ha habido hasta ahora una acusación formal emitida por el Ministerio Público.
La detención del líder indígena ocurrió un día después de que denunciara públicamente el daño ambiental causado por la llegada masiva de colonos armados al Caribe nicaragüense, según informaron medios locales. Estas personas no indígenas, según Fagot, operan con la presunta complicidad de las autoridades y cuerpos de seguridad.
Exigencias de la CIDH al Estado nicaragüense
En aplicación del artículo 25 de su reglamento, la CIDH instó al gobierno nicaragüense a adoptar medidas urgentes para determinar el paradero de Fagot y proteger sus derechos fundamentales. Exigió que se aclare si se encuentra bajo custodia, que se proporcionen detalles sobre las condiciones de su detención, el lugar específico donde está retenido, y que se permita acceso a sus representantes legales y familiares.
La Comisión también pidió que se asegure atención médica adecuada para el líder indígena y que su caso sea presentado ante autoridades judiciales para un monitoreo riguroso. Además, solicitó garantizar que Fagot pueda continuar con su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas sin ser víctima de amenazas, hostigamientos o violencia.
Por último, la CIDH demandó al Estado un informe detallado sobre las medidas implementadas para investigar los hechos que motivaron la solicitud de medidas cautelares, con el objetivo de prevenir su repetición.
Las detenciones de dirigentes indígenas
El partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), ilegalizado por las autoridades, fue el que denunció la detención de Fagot “por militares y policías, tan solo un día después de sus contundentes declaraciones ante los medios de comunicación sobre la grave situación en el territorio indígena de Bosawás”.
Fagot es uno de los tres dirigentes indígenas más visibles que han sido detenidos por las autoridades en el último año. Los otros dos son los ex diputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, ambos miskitos.
Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una profunda crisis política y social, que se intensificó tras las polémicas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en un contexto marcado por la encarcelación de sus principales adversarios políticos. Posteriormente, estos líderes opositores fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de todos sus derechos políticos, al ser acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.
(Con información de EFE)
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