El Ejército de Brasil imputó a tres coroneles por promover un golpe de Estado contra Lula da Silva

El Ejército brasileño imputó a tres coroneles acusados de redactar y difundir una carta que instaba a las Fuerzas Armadas a desconocer la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, informaron este viernes fuentes oficiales.

La carta circuló entre la oficialidad a fines de ese mismo año, después de que Lula se impuso en las urnas al entonces presidente Jair Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y defensor de la última dictadura brasileña (1964-1985), que hasta hoy no reconoce abiertamente su derrota electoral.

Los imputados, que responderán ante un tribunal militar por los delitos de “incitar a la desobediencia” e “indisciplina”, entre otros, son los coroneles Anderson Lima de Moura, Carlos Giovani Delevati Pasini y José Otávio Machado Rezo, estos dos últimos de la reserva.

Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro el 30 de octubre de 2022 y a partir de ese día Brasil se sumergió en una vorágine de protestas, bloqueos de carreteras y campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se clamaba abiertamente por un golpe que impidiera su investidura.

El líder progresista asumió el 1 de enero de 2023, con Bolsonaro en Estados Unidos, hacia donde había viajado dos días antes para no traspasar el poder, y una semana después miles de activistas de la ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema en Brasilia.

Los movilizados exigían una “intervención militar”, así como habían hecho durante semanas frente a los cuarteles, pero las Fuerzas Armadas no se plegaron a la asonada y cerca de 2.000 personas fueron detenidas.

Unas 1.400 fueron acusadas formalmente ante el Supremo y 227 ya han sido condenadas a penas que oscilan entre tres a 17 años de prisión, tras ser declaradas culpables de intento de golpe de Estado y daños calificados al patrimonio público, entre otros delitos.

Otras 200 han aceptado su responsabilidad y firmado acuerdos judiciales para la prestación de servicios comunitarios, entre otras medidas que la Justicia define como “educativas” e incluyen cursos sobre democracia y derechos humanos.

El ex mandatario Jair Bolsonaro, a quien muchos consideran el auténtico promotor de esos hechos, no fue incluido en el juicio sobre el 8 de enero de 2023, pero es sospechoso de tramar supuestos planes para impedir la investidura de Lula. Según la Policía Federal, esa investigación deberá concluir en los próximos días.

También responde en otros procesos y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años en la Justicia electoral, por “abusos de poder” verificados durante la campaña de 2022.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, postergó el martes pasado un debate sobre una posible amnistía a los implicados en la asonada golpista de enero de 2023, al decidir que el asunto sea discutido por una comisión especial.

Lira prolongó así el trámite de un proyecto que era analizado por la Comisión de Constitución y Justicia, dominada por la ultraderecha afín a Bolsonaro y que desde hace meses intenta llevar adelante esa amnistía. En la práctica, la creación de esa comisión especial supone que el asunto no será resuelto hasta después del receso de fin de año del Parlamento, que comenzará a fines de diciembre y concluirá en febrero, cuando además serán renovadas todas sus autoridades.

La decisión del presidente de la Cámara fue anunciada cuando la Comisión de Constitución y Justicia se disponía a votar el texto, que propone una amnistía “para todos los que hayan participado en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional entre el 30 de octubre de 2022 y el día de entrada en vigor de la ley”.

(Con información de EFE)