Abogado de Evo Morales amenazó a los medios de comunicación que difundan información que considera “manipulada”

En medio de los crecientes conflictos entre el Gobierno y el ex presidente Evo Morales, su abogado y ex viceministro, Jorge Pérez, anunció que iniciará procesos legales contra medios de comunicación ante sospechas de manipulación de noticias y distorsión de los hechos que rodean las acusaciones contra su defendido.

“Estamos analizando procesar a las personas que están interfiriendo con la verdad, están manipulando la información, están sacando la información que les conviene ¿Qué están escondiendo esas personas? ¿sus negocios, los contratos millonarios?, habrá que investigar eso”, manifestó Pérez en conferencia de prensa y agregó que “los medios deben sacar y mostrar la información, no distorsionar la verdad”.

Pérez no especificó a qué publicaciones se refiere pero manifestó que aquella que considera “manipulada” puede ser juzgada bajo el delito de obstaculización de la investigación. Infobae intentó comunicarse con él para tener más detalles de su reclamo, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

En las últimas semanas se abrieron varias investigaciones que involucran al líder cocalero, entre ellas una por trata de personas y estupro, al conocerse una partida de nacimiento según la cual el ex presidente habría embarazado a una adolescente el año 2015. También se abrieron causas por la balacera que recibieron los vehículos en los que se transportaba el domingo por la mañana, lo que Morales consideró un “intento de asesinato” por parte del Gobierno y éste justificó el operativo policial argumentando que su comitiva se saltó un retén antinarcóticos de rutina, atropelló a un policía y abrió fuego contra los agentes.

“Este escenario es el caldo de cultivo para la generación versiones y visiones sesgadas acerca de los hechos que se traducen en contenidos desinformantes en las redes sociales”, explicó Patricia Cusicanqui, editora en jefe de Bolivia Verifica, un medio de fact checking. La experta sostiene que muchas veces los medios, de manera legítima “recogen estas versiones y aunque no siempre son responsables con el manejo informativo, pues descuidan la pluralidad y el equilibrio”.

Para Cusicanqui, la amenaza de iniciar procesos judiciales en contra de los medios es un “un despropósito” contra la libertad de expresión, de prensa y el derecho a acceder a información de diversas fuentes.

En Bolivia, al igual que en la mayoría de los países, no existe regulación legal sobre la calidad de la información. Es un asunto que se debate a nivel global por su potencial amenaza a la libertad de expresión y por la posible falta de objetividad para determinar lo que se considerara información “manipulada” o “falsa”.

El país sudamericano intentó regular la desinformación a través de un decreto que sancionaba a quienes “desinformen o generen incertidumbre” durante la pandemia, en la gestión interina de Jeanine Añez, pero la norma fue abrogada ante el rechazo de organizaciones de derechos humanos.

En las últimas semanas se registraron varios casos de agresiones físicas y verbales a trabajadores de la prensa por parte de las organizaciones sociales afines a Morales que realizan bloqueos desde hace 19 días en respaldo a su líder político y en demanda de soluciones económicas.

El último caso ocurrió el 29 de octubre en la localidad de Mairana, en el departamento de Santa Cruz, donde tres camarógrafos y periodistas fueron retenidos y agredidos por los manifestantes en medio de la cobertura de un operativo policial para despejar las vías.

“Me golpearon con palos piedras. Nos querían quemar. Decían que éramos prensa vendida, les explicamos que nosotros no teníamos la culpa, que ese era nuestro trabajo, nos quitaron la cámara”, relató el camarógrafo Ricardo Pedraza. Los periodistas lograron escapar horas después de que cesó el ataque de casi un centenar de personas enardecidas y con la ayuda de algunos pobladores.

Tras ese incidente, la Asociación Nacional de la Prensa pidió “respeto” al trabajo de los periodistas y manifestó que su labor “es ajena a la pugna política” entre el Gobierno de Luis Arce y el sector oficialista leal a Morales.