Más de 50 religiosos, entre ellos 43 sacerdotes, fueron desterrados de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega desde las protestas en su contra de 2018, según un informe de una ONG publicado este miércoles.
“Desde 2023 el régimen ha ejecutado cuatro acciones de destierro” contra miembros de la Iglesia católica y “más de 50 religiosos (incluyendo a 43 sacerdotes) han sido desterrados y alrededor de 200 impedidos de ingresar al país”, subrayó la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Desde entonces, el régimen nicaragüense detuvo de forma “arbitraria” al menos a 74 religiosos y despojó de su nacionalidad a 35 de ellos, según el informe.
“Nunca el país había tenido a tantos sacerdotes presos, religiosas y religiosos perseguidos y expulsados. Ni en tiempos de guerra”, agregó.
Unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023, señalados de “traición a la patria”.
A fines de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pidió al régimen de Ortega que respete “la libertad de culto”.
No obstante, “la sistemática persecución y comisión de crímenes de lesa humanidad que persiste en Nicaragua desde hace más de seis años no cesa”, advirtió el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Las iglesias en Nicaragua sufren en pleno siglo XXI la mayor persecución en la historia del país”, agregó.
La oenegé calificó la “persecución” contra la Iglesia como “crímenes de lesa humanidad”.
“Este patrón gubernamental de control y represión religiosa contra la fe católica y evangélica en Nicaragua demuestran la persecución, hostigamiento, asedio y graves violaciones a la libertad de conciencia y religión”, indicó la ONG.
La CIDH otorgó medidas cautelares a cuatro opositores
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en apoyo de cuatro opositores y críticos al régimen en Nicaragua, cuyo “paradero desconocido” genera creciente preocupación. La solicitud de estas medidas fue realizada por la Unidad de Defensa Jurídica, según informó la misma organización el lunes.
Entre los beneficiados por las medidas cautelares de la CIDH se encuentran Carmen Sáenz, Eveling Matus, Lesbia Gutiérrez y Gerson Zeledón, quienes integran un grupo de 45 opositores y críticos al gobierno de Daniel Ortega. Todos permanecen encarcelados en Nicaragua y son catalogados como presos políticos por organizaciones humanitarias.
Carmen Sáenz, detenida en agosto, es colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, al igual que Lesbia Gutiérrez. Eveling Matus, empresaria de 35 años, fue secuestrada el pasado 25 de junio de 2024 luego de que la policía nicaragüense encontrara una publicación antigua en X (antes Twitter) en la que ella se refería al obispo nicaragüense exiliado Silvio Báez como su “verdadero líder”. En cuanto al empresario Gerson Zeledón, su paradero también sigue siendo desconocido.
En su declaración, la CIDH detalló que las medidas cautelares a favor de los cuatro detenidos se emitieron tras evaluar que enfrentan una situación de “gravedad y urgencia”. La Comisión consideró que sus derechos a la vida y integridad personal corren riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.
La parte solicitante informó que los beneficiarios de estas medidas se encuentran con “paradero desconocido” desde sus detenciones, realizadas entre marzo y agosto de 2024.
“Se alegó que las detenciones fueron realizadas por agentes policiales mediante operativos y/o allanamientos de las respectivas viviendas, sin indicarse los motivos de su arresto”, indicó el organismo.
(Con información de AFP)
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