Cuatro claves para entender la crisis y la violencia en Bolivia

La disputa entre Evo Morales y el presidente Luis Arce ha intensificado la división del Movimiento al Socialismo (MAS), desestabilizando a Bolivia. Morales enfrenta graves acusaciones y órdenes de captura, y en respuesta, sus seguidores organizan bloqueos que paralizan el país. La escasez de combustible se agrava, afectando sectores clave. Arce, por su parte, promete restablecer el orden, incluso recurriendo a las fuerzas de seguridad. La crisis refleja un conflicto interno no solo político, sino también por el control del MAS y las elecciones de 2025.

Esto son las cuatro claves para enteder el delicado momento que vive Bolivia:

El enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce ha llegado a un punto crítico en las últimas semanas, acentuando la división interna del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Las tensiones comenzaron a intensificarse cuando seguidores de Morales, en respuesta a las órdenes de captura por acusaciones de estupro y trata de personas, iniciaron bloqueos masivos en las carreteras de todo el país, afectando el tránsito y la logística nacional. El conflicto entre ambos líderes no solo se centra en el plano económico y social, sino que se ha convertido en una disputa por el control del partido y la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2025.

Morales ha acusado al gobierno de Arce de perseguirlo políticamente y de orquestar un supuesto plan para asesinarlo. Según él, los disparos recibidos por sus vehículos en el Trópico de Cochabamba fueron parte de un intento de magnicidio, mientras que el gobierno sostiene que se trató de un operativo antidrogas en el que la comitiva de Morales se negó a detenerse y respondió con disparos. El jefe cocalero afirmó en una entrevista que, si llegara a ser arrestado, habría un “levantamiento” indígena y militar en Bolivia, apoyado por sectores que él asegura están listos para rebelarse.

En respuesta, Arce ha mantenido una postura firme. A través de mensajes oficiales, ha declarado que su gobierno está dispuesto a usar las “facultades constitucionales” para restablecer el orden, lo que podría implicar el uso de las fuerzas de seguridad del Estado. La situación se ha agravado con la promulgación de un decreto que otorga un bono especial a los policías involucrados en operativos, y con el despliegue de oficiales hacia zonas conflictivas como Cochabamba. Estas medidas reflejan la gravedad del conflicto político y la determinación del gobierno para frenar las manifestaciones.

Evo Morales, el exmandatario y líder cocalero, enfrenta graves acusaciones de estupro y trata de personas. Se le señala por haber mantenido una relación con una menor de 16 años durante su presidencia, un caso que ha llevado a la emisión de una orden de captura tras su inasistencia a una citación de la Fiscalía. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha declarado que existen “pruebas materiales” que respaldan la investigación, negando que se trate de una persecución política. Gutiérrez detalló que los cuatro cuerpos del expediente contienen indicios que refutan cualquier alegato de sesgo judicial.

Ante la posibilidad de su detención, Morales ha hecho un llamado a la movilización de sus seguidores, quienes han respondido con bloqueos y barricadas en todo el país, especialmente en su bastión sindical, el Trópico de Cochabamba. Las manifestaciones, inicialmente motivadas por el respaldo al líder cocalero, han sumado una serie de demandas económicas y políticas, como la provisión de dólares y la validación de un congreso del MAS que ratificó a Morales como jefe del partido y lo proclamó candidato para las elecciones presidenciales de 2025.

La violencia ha sido un componente recurrente en este conflicto. En Mairana, Santa Cruz, un enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó 29 heridos, y la situación se tornó crítica cuando periodistas y policías fueron retenidos como rehenes por los bloqueadores. La Defensoría del Pueblo intervino y negoció un intercambio ordenado de detenidos, aunque los bloqueadores persistieron en su resistencia. Además, Morales ha afirmado que sus seguidores están preparados para tomar medidas más extremas si las acciones del gobierno continúan, incluyendo una rebelión indígena.

El gobierno de Arce ha denunciado las tácticas de los bloqueadores, acusándolos de usar armas de fuego y dinamita, y ha ordenado operativos para restablecer el orden. En tanto, la figura de Morales sigue siendo divisiva: por un lado, recibe apoyo incondicional de ciertos sectores campesinos y cocaleros; por otro, enfrenta la desaprobación de quienes lo consideran un peligroso desestabilizador en un momento de crisis económica y social.

La escasez de combustible en Bolivia se ha intensificado de manera alarmante en las últimas semanas debido a los bloqueos de carretera organizados por sectores afines a Morales. Los cortes, que ya llevan más de 18 días, han paralizado el transporte de diésel y gasolina hacia varias regiones, causando caos en las estaciones de servicio y prolongadas filas de vehículos. La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles (Asosur) se ha declarado en estado de emergencia, advirtiendo que los usuarios llegan a esperar hasta siete días para poder abastecerse.

Los bloqueos han dejado atrapados a cientos de camiones cisterna en las carreteras, lo que ha empeorado la crisis de distribución. Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), alrededor de 200 cisternas permanecen varadas, con el eje troncal del país totalmente intransitable. La estatal petrolera argumenta que los bloqueos han generado “desfases logísticos” y han forzado el uso de rutas alternas, lo que ha incrementado los costos de transporte. “No se puede transportar combustibles desde Santa Cruz a La Paz ni viceversa”, explicó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en una conferencia de prensa.

Este problema, sin embargo, no es nuevo. Desde inicios de 2023, Bolivia ha enfrentado dificultades para abastecerse de combustible debido a la baja producción interna de hidrocarburos y a la escasez de dólares para la importación. Bolivia depende de la importación para el 56% de la gasolina y el 86% del diésel que consume. El contrabando hacia países vecinos, donde el precio es significativamente más alto, también ha agravado la situación. Se estima que de los 1.400 millones de dólares destinados a la subvención de combustibles, alrededor de 600 millones se pierden por este tráfico ilegal.

Además de afectar a los consumidores comunes, la crisis ha golpeado duramente a sectores clave de la economía boliviana. La agroindustria en Santa Cruz ha advertido que la cosecha de soja y otros granos está en riesgo porque la maquinaria agrícola depende del diésel. También los transportistas han realizado paros y bloqueos en La Paz, exigiendo soluciones inmediatas por parte del gobierno. Mientras tanto, el costo de productos de la canasta básica ha comenzado a subir, aumentando la presión sobre las familias bolivianas.

El gobierno de Arce ha implementado una serie de medidas para intentar restablecer el orden frente a las masivas protestas y bloqueos de carreteras organizados por seguidores de Morales. Las tensiones alcanzaron un nivel crítico cuando Arce lanzó un ultimátum, exigiendo el levantamiento inmediato de los puntos de bloqueo y advirtiendo que, de no hacerlo, el gobierno usaría sus “facultades constitucionales” para intervenir y garantizar el bienestar de la nación. Esta advertencia implícita en el uso de la fuerza estatal subraya la gravedad del conflicto y el compromiso del gobierno de restaurar la normalidad.

La tensión crece sin detenerse.

El Ejecutivo ha promulgado un decreto que otorga un bono especial a los policías que enfrentan situaciones de alto riesgo en los operativos para desarticular los bloqueos. Además, se ha ordenado el traslado de 5.000 agentes desde La Paz hacia el departamento de Cochabamba, epicentro de las protestas. El objetivo es apoyar las operaciones de “mantenimiento y restablecimiento del orden público” en zonas críticas como el Trópico de Cochabamba, donde Morales cuenta con un sólido respaldo sindical y político.

En varios casos, los operativos han derivado en enfrentamientos violentos. La policía ha denunciado que algunos manifestantes están armados y usan dinamita, lo que ha dificultado las labores de desalojo. Por ejemplo, en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, las autoridades informaron que 29 personas resultaron heridas durante un operativo que incluyó el uso de gas lacrimógeno y otros métodos de dispersión.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por desbloquear las vías y reanudar el suministro de combustible y alimentos, la resistencia de los manifestantes sigue siendo fuerte. Los piquetes alentados por Evo Morales han sido reinstalados en diversas áreas después de que la policía se replegara, reflejando la complejidad de la situación y las dificultades para garantizar una solución pacífica. El gobierno también enfrenta críticas por no abordar de manera más eficiente las demandas subyacentes de los manifestantes, como la falta de dólares y el encarecimiento de productos básicos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha sugerido que no se descarta la intervención de las Fuerzas Armadas si la situación continúa deteriorándose. Según Del Castillo, la necesidad de recurrir al apoyo militar podría ser “imperiosa” si se quiere liberar a Cochabamba y otras regiones del “secuestro” impuesto por los seguidores de Morales. En rueda de prensa, el ministro también reveló que Morales tiene registradas armas de fuego, como escopetas y un revólver, y le acusó de actuar como si fuera parte de un “cártel de drogas”, una comparación que busca enfatizar la gravedad de las acusaciones en su contra.