Denuncian que la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes en Cuba

• Un informe reveló altos índices de pobreza y falta de oportunidades entre la comunidad afrocubana en la isla.
• La discriminación se agrava en el sistema judicial, donde afrocubanos reciben sentencias más largas que otros grupos.
• Instituciones internacionales instaron a Cuba a implementar políticas inclusivas y un censo que visibilice la población afrodescendiente.

Lo esencial: un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) expuso cómo la comunidad afrocubana en Cuba sufre una sistemática discriminación estructural. El documento denunció que, además de enfrentar altos niveles de pobreza y exclusión, los afrocubanos encuentran barreras para acceder a derechos básicos, como vivienda, empleo y servicios de salud. También se señaló la invisibilización de esta comunidad en las estadísticas oficiales y el trato desigual en el sistema judicial, especialmente tras las protestas masivas de julio de 2021, donde los manifestantes afrodescendientes recibieron penas más severas.

Por qué importa: el informe enfatizó en la urgencia de que el Estado cubano adopte políticas específicas para combatir el racismo y promover la igualdad de oportunidades:

• La falta de medidas gubernamentales perpetúa la exclusión social y limita el acceso de afrocubanos a servicios básicos.
• La invisibilización en el censo limita la formulación de políticas efectivas para atender las necesidades de esta comunidad.
• Instituciones internacionales han solicitado al régimen de Cuba implementar políticas de desarrollo inclusivo y transparencia en el próximo censo de 2025.

El informe denunció la falta de políticas gubernamentales que aborden la desigualdad racial en Cuba, señalando que la situación de la comunidad afrocubana es una de las más críticas de la región.

En este contexto, se destacó el incumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), promovido por Naciones Unidas, y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). A pesar de la existencia de estos compromisos internacionales, la falta de voluntad política ha impedido que se tomen acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de los afrocubanos.

Según Carlos Quesada, director del Instituto sobre Raza e Igualdad, “Cuba, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha hecho muy poco durante el decenio. En el caso de la isla, hay un problema particular y es que el gobierno niega la discriminación racial”.

Esta negativa, según el informe, contribuye a perpetuar la exclusión social y dificulta el diseño de políticas que atiendan las necesidades específicas de la población afrodescendiente.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el nivel de pobreza extrema que afecta a la comunidad afrocubana. Las cifras señalan que ocho de cada diez afrocubanos enfrentan dificultades económicas que les llevan a omitir una o más comidas al día.

Además, el 92% de esta población percibe el servicio de salud pública como insuficiente y carece de recursos adecuados para satisfacer sus necesidades. La situación se agrava por la falta de remesas: 81% de los afrocubanos no recibe ingresos del exterior, lo que limita aún más su capacidad económica en comparación con otros grupos poblacionales.

La discriminación también se manifiesta en el sistema de justicia y en prácticas de perfilamiento racial. Cubalex, una organización de derechos humanos, denunció que los afrocubanos enfrentan procesos judiciales más rigurosos y sentencias más duras que otros grupos, especialmente tras las protestas de 2021.

En esas manifestaciones, los participantes afrodescendientes fueron sentenciados de manera desproporcionada en comparación con los de otras etnias. Este sesgo judicial, señaló el informe, evidencia una persecución racial que impacta gravemente en la comunidad.

Otro punto crítico es la invisibilización de la población afrocubana en las estadísticas oficiales.

Según Noelia Maciel, experta en derechos de personas afrodescendientes, el último censo nacional, realizado en 2012, ignoró las distinciones étnicas, limitando la visibilidad de las condiciones de vida y vulnerabilidades de esta comunidad.

La situación se complica con el aplazamiento del censo de 2022 al año 2025, lo que impide contar con datos actualizados sobre la población afrodescendiente en el país.

La falta de un enfoque diferenciado en las políticas públicas, argumentó Maciel, perpetúa la desigualdad estructural y dificulta el autorreconocimiento de la comunidad afrocubana.

Sin medidas específicas que consideren las diferencias étnicas y culturales, el ciclo de pobreza y exclusión social se mantiene, afectando el desarrollo y la calidad de vida de esta población.

La persecución a defensores de derechos humanos en Cuba se ha intensificado, especialmente para aquellos que abogan por los derechos de los afrocubanos.

El OCDH documentó casos de hostigamiento y encarcelamiento de activistas que denuncian la discriminación racial en la isla.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, señaló que la falta de investigaciones sobre racismo responde a la falta de interés del régimen. “La discriminación racial no es un tema prioritario para el gobierno”, afirmó, destacando que la invisibilización de esta problemática limita las oportunidades para enfrentar el racismo de manera efectiva.

El informe hace un llamado urgente al régimen cubano para que implemente políticas inclusivas y cumpla con las recomendaciones del CERD, incluyendo la incorporación de categorías étnicas en el próximo censo de 2025.

Desde Raza e Igualdad y el OCDH, se subrayó la necesidad de políticas de desarrollo que permitan el acceso de la comunidad afrodescendiente a recursos básicos, empleo y educación. Sin estas medidas, Cuba difícilmente logrará cumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, indicaron.

El informe expuso una realidad contrastante con la imagen oficial que proyecta la dictadura cubana al mundo. La discriminación racial, la exclusión y la falta de oportunidades económicas y sociales dibujan un panorama complejo para los afrocubanos, que continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos en medio de un entorno de represión y precariedad.

“Cuba no es como te la cuentan”, advirtió Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la organización de la sociedad civil independiente cubana que publicó en julio pasado el séptimo informe sobre los derechos sociales en este país, en el que se reveló que la pobreza extrema en la isla había escalado al 89%.

El abogado oriundo de la provincia cubana de Pinar del Río explicó cada uno de los hallazgos que evidencian cómo la falta de recursos afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba. “Del total de la muestra (1.148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”, expresó.

El 12% aseguró que estaba en situación de desempleo, una realidad que afecta al 15% de las personas afrocubanas encuestadas.

También se conoció que ocho de cada 10 afrodescendientes que formaron parte de este estudio, afirmaron que habían dejado de desayunar, almorzar o cenar, situación que afectó a siete de cada 10 personas blancas o mestizas del informe.

Por otro lado, el 92% de las personas afrocubanas desaprobaron el servicio de salud pública; y el 81% dijo que no recibía remesas, una cifra mayor al 71% de las personas blancas que señaló que tampoco obtenía este tipo de ingresos de familiares viviendo fuera de la isla.

“Sin duda, tienen menos apoyo para enfrentar la dura realidad que se vive en Cuba”, concluyó Cires.