Más de dos millones de personas en Venezuela recibieron ayuda humanitaria entre enero y septiembre de este año, según datos divulgados este martes por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Durante estos nueve meses, agencias de la ONU, la Cruz Roja, 83 ONG locales y 29 internacionales implementaron proyectos humanitarios en Caracas y los 23 estados de Venezuela, abarcando 299 de los 335 municipios del país.
El reporte indica que el 59% de los beneficiarios de la ayuda humanitaria en Venezuela son mujeres, entre ellas 77.000 embarazadas o lactantes. El total de personas asistidas incluye también a 94.000 indígenas, 154.000 adultos mayores y más de 1,1 millones de niños y adolescentes.
La respuesta humanitaria en Venezuela ha movilizado 126 millones de dólares hasta el 27 de septiembre de 2024, lo que representa el 17% de cobertura del Plan de Respuesta Humanitaria (HRP).
OCHA además reiteró su meta de atender este año a 5,1 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas y que, del total beneficiado hasta ahora, algunos recibieron más de una forma de ayuda, lo que no significa que todas sus carencias hayan sido resueltas.
En 2023, la ayuda humanitaria alcanzó a 2,7 millones de venezolanos, en un contexto en el que el país comenzó a consolidar su incipiente crecimiento económico iniciado a finales de 2021, tras una profunda crisis económica marcada por una escasez generalizada de alimentos y medicinas.
El 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, provocando incertidumbre y preocupación en el sector humanitario. Aunque la normativa aún no ha entrado en vigor, las autoridades locales han empezado a aplicarla de forma discrecional, lo que está generando confusión y obstáculos en el acceso y la coordinación de la ayuda humanitaria.
Hasta septiembre, las áreas con mayor cobertura de ayuda humanitaria en Venezuela fueron Salud, con asistencia a 993.000 personas; Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, que benefició a 583.000 personas; y Protección, con 425.000 personas atendidas. El informe también destacó las principales necesidades que cada área buscó cubrir en las comunidades:
Salud
El periodo electoral introdujo nuevos desafíos para el sector de Salud, reduciendo la coordinación habitual entre los socios y las autoridades de salud en las semanas previas a las elecciones.
Esta situación retrasó hasta tres semanas la ejecución de proyectos de los socios del Clúster de Salud, los cuales se han reactivado de forma progresiva con actividades directas en las comunidades. En estados como Amazonas y Zulia, además, han surgido obstáculos específicos relacionados con el acceso a ciertas áreas, informó OCHA.
En julio y agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió alertas sobre múltiples brotes y enfermedades en la Región de las Américas, entre las que destacan Mpox, SARS-CoV-2, influenza, fiebre amarilla, tos ferina, dengue y sarampión.
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Desde la última semana de julio, varios comercios de alimentos en algunos estados del país experimentaron interrupciones que generaron escasez de frutas, verduras y productos de origen animal. A esta situación se sumó la reducción en la frecuencia de las rutas de transporte público, lo cual complicó el acceso a los mercados y afectó la cadena de suministro. Sin embargo, hacia finales de agosto comenzó a normalizarse, relató OCHA.
Entre junio y agosto de 2024, los precios de las Canastas Alimentarias aumentaron. Específicamente, “entre junio y julio, los precios de las leguminosas aumentaron un 39%, los carbohidratos un 34% y las grasas un 35%”, destacó el informe.
Protección
Durante julio y agosto, en los estados de Apure, Delta Amacuro y Zulia, se registró un aumento en los casos de violencia psicológica, sexual y física.
Las organizaciones socias del Área de Responsabilidad (AdR) de Violencia Basada en Género (VBG) señalaron la falta de servicios de respuesta en zonas rurales, enfatizando la necesidad urgente de establecer una estrategia de respuesta amplia y multisectorial, así como servicios de protección especializados.
(Con información de EFE)
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