- La Fiscalía pide una condena de 84 años para los acusados.
- Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, fue asesinada en 2018.
- El caso generó protestas masivas y es un símbolo contra la violencia en Brasil.
Lo esencial: este 30 de octubre comienza en Brasil el juicio contra los presuntos autores materiales del asesinato de Marielle Franco, activista y concejal de Río de Janeiro, quien fue baleada en 2018 junto a su chofer Anderson Gomes. La Fiscalía brasileña ha solicitado una sentencia de 84 años de prisión para los acusados, señalados de participar en la ejecución directa de Franco. Su asesinato desató protestas en todo el país y ha continuado como un símbolo de la lucha contra la violencia y la corrupción en Brasil. El juicio se da en un contexto de presión para esclarecer las motivaciones políticas detrás del crimen.
A casi siete años del brutal asesinato de la concejal brasileña Marielle Franco, el juicio contra los presuntos autores materiales del crimen, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, se inicia este miércoles en Río de Janeiro. Este caso, que conmocionó a Brasil y resonó a nivel internacional, representa un momento clave para los defensores de los derechos humanos y quienes exigen justicia.
El Instituto Marielle Franco, ONG fundada por su familia, calificó el juicio como un “momento decisivo” en la búsqueda de justicia para quienes, como Marielle, lucharon contra el abuso de poder en los barrios más pobres de la ciudad.
Un asesinato con repercusión mundial
El 14 de marzo de 2018, Marielle Franco, una concejal de 38 años del Partido Socialismo y Libertad y nacida en una favela de Río, fue asesinada junto a su chofer, Anderson Gomes, en un atentado a tiros en una céntrica calle de la ciudad.
Su firme postura contra la violencia policial y sus denuncias sobre los negocios ilegales de las milicias en terrenos ocupados le habían ganado enemigos poderosos.
Este atentado generó indignación internacional, y las investigaciones apuntaron rápidamente hacia la participación del crimen organizado y las milicias, grupos parapoliciales que siembran el terror en las favelas y controlan lucrativos negocios inmobiliarios.
Los detenidos, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, ambos ex miembros de la Policía Militar de Río, admitieron su participación en el crimen: Lessa confesó haber disparado desde un vehículo conducido por Queiroz.
El ataque también tenía como objetivo silenciar a una de las voces más activas contra la corrupción y el control de las milicias en las zonas marginalizadas.
La Fiscalía solicitó la pena máxima
El juicio se celebra en un ambiente de alta seguridad, y el jurado, formado por siete ciudadanos elegidos de manera aleatoria, permanecerá confinado para evitar interferencias externas.
La Fiscalía brasileña ha solicitado la pena máxima de 84 años de cárcel para ambos acusados, quienes serán escuchados a través de videoconferencia debido a su reclusión en prisiones de máxima seguridad en San Pablo y Brasilia.
En esta audiencia, prevista para durar entre dos y tres días, la acusación ha convocado a siete testigos, incluida Fernanda Chaves, la única sobreviviente del atentado y colaboradora cercana de la concejal.
Para la sociedad brasileña y las organizaciones de derechos humanos, este juicio es crucial en la búsqueda de una respuesta contundente a lo que califican como un crimen político.
“Hacer justicia para Marielle (…) es una señal importante para fortalecer la democracia y garantizar el ejercicio parlamentario de las líderes políticas negras,” señaló Nathalia Carlos, del Instituto para la Defensa de la Población Negra, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.
La cuestión pendiente: los autores intelectuales
A pesar del avance que representa este juicio, el proceso no aborda a los presuntos autores intelectuales del crimen, quienes aún están bajo investigación.
Entre los acusados de haber planeado y financiado el asesinato de Marielle figuran el diputado federal José “Chiquinho” Brazão y su hermano Domingos Brazão, ambos relacionados con la administración pública y señalados como colaboradores de las milicias en Río.
Junto a ellos se encuentra el ex jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, acusado de obstruir la investigación y también bajo sospecha de encubrimiento.
Según confesiones de Lessa, los hermanos Brazão habrían ofrecido una recompensa para eliminar a Marielle, motivados por su incansable labor contra las actividades ilegales de las milicias.
“El juicio de quienes cometieron este crimen es un paso importante, (…) pero solo se hará justicia cuando las autoridades brasileñas garanticen que todos los responsables, incluidos los que lo planearon, (…) serán juzgados,” afirmó Amnistía Internacional en un comunicado.
Aunque estos acusados fueron detenidos en marzo, sus casos se encuentran en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que decidió dividir los procesos judiciales para permitir que el juicio contra los autores materiales se llevara a cabo en Río.
La fecha para el juicio de los autores intelectuales aún no ha sido fijada.
Marielle Franco ha sido un símbolo de la lucha contra las injusticias que azotan a las favelas de Río y su legado sigue vivo en la memoria de aquellos que se niegan a aceptar el silencio ante la violencia y la impunidad.
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