La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro opositores y críticos con el régimen de Nicaragua, ya que se encuentran con “paradero desconocido”, informó este lunes la organización Unidad de Defensa Jurídica, que solicitó esas disposiciones.
Los beneficiados son Carmen Sáenz, Eveling Matus, Lesbia Gutiérrez y Gerson Zeledón, que forman parte de los 45 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega, encarcelados en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.
Carmen Sáenz, detenida en agosto, es una colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, así como Gutiérrez; Matus, empresaria, de 35 años fue secuestrada el 25 de junio del 2024 (la Policía encontró una antigua publicación suya en X, con una de monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense actualmente en el exilio, donde lo calificaba como su “verdadero líder”); de Zeledón, empresario, también se desconoce su paradero.
En una declaración, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a los cuatro privados de libertad tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
Según la parte solicitante, las personas beneficiarias se encontrarían con “paradero desconocido” a partir de sus respectivas detenciones entre marzo y agosto de 2024.
“Se alegó que las detenciones fueron realizadas por agentes policiales mediante operativos y/o allanamientos de las respectivas viviendas, sin indicarse los motivos de su arresto”, indicó el organismo.
Por su parte, la dictadura de Nicaragua no brindó información oficial sobre el paradero o el estado actual de esas personas, ni proporcionó información a la CIDH.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuatro beneficiados se encuentran en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos.
“Esto considerando que no se conocería sobre su paradero, ni se cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender su situación de riesgo o sobre cualquier medida para dar con su paradero”, explicó.
Con base en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
Entre ellos recomendó que se informe si las personas beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención y asegurar que las condiciones de detención de los beneficiarios sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
En particular, solicitó que se informe sobre el lugar de su detención, permitan el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias, y asegurar que sean presentados ante autoridades judiciales para la revisión y el monitoreo de su eventual detención.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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