Luego de las elecciones municipales, Brasil tiene un nuevo horizonte: las presidenciales de 2026

Con la segunda vuelta de este domingo, Brasil cerró el capítulo de sus elecciones municipales y simbólicamente los dos primeros años del tercer mandato de Lula para mirar ahora hacia el gran desafío de las presidenciales de 2026. Casi 34 millones de brasileños con derecho a voto tuvieron que decidir ayer su alcalde en 51 ciudades de más de 200.000 habitantes. De ellas, 18 están en el estado de San Pablo y cinco en el de Rio Grande do Sul. La lista también incluía 15 capitales de estado, entre ellas San Pablo y Belo Horizonte.

Mientras que en la primera vuelta del 6 de octubre se había visto un fortalecimiento de la derecha representada por el expresidente Jair Bolsonaro, el llamado “Centrão”, o centro, ganó el balotaje. Nueve ciudades fueron ganadas por el Partido Social Demócrata (PSD). Entre ellas, Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, y Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Seis son los nuevos alcaldes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que liderarán las capitales de los estados de Mato Grosso (Cuiabá), Sergipe (Aracajú), así como la ciudad de Guarulhos, sede del principal aeropuerto de São Paulo. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ganó solo en cuatro ciudades, siendo la única capital Fortaleza, en el estado nororiental de Ceará.

En San Pablo, capital financiera de Brasil, se volvió a confirmar al actual alcalde, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que con el 59,35% de los votos derrotó al candidato Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL) que se llevó el 40,65%. Sus respectivos padrinos políticos, el expresidente Jair Bolsonaro y Lula, se han mantenido alejados de sus campañas electorales, especialmente en esta segunda vuelta.

Desde su primer mandato en 2003, Lula nunca había estado tan ausente de la confrontación política municipal como en estas elecciones. En esta segunda vuelta, por ejemplo, sólo ha participado en actos públicos en el nordeste del país, en Fortaleza, la capital del estado de Ceará, y en Natal, la del estado de Rio Grande do Norte, en Camaçari, en el estado de Bahía, y en los suburbios de San Pablo, en Mauá y Diadema. En cuanto a Bolsonaro, sólo apareció junto a Nunes el martes pasado, después de casi 70 días de campaña. Hasta entonces, no pidió votos para el alcalde. “La campaña aquí no es mía”, había dicho.

A pesar de que la votación se desarrolló con total tranquilidad, los servicios de inteligencia brasileños, según el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, interceptaron intentos del crimen organizado de influir en la decisión de los votantes a favor de Boulos. La Secretaría de Administración Penitenciaria identificó al menos cinco comunicados firmados por miembros del principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), para orientar el voto tanto en San Pablo como en el litoral donde se encuentra el puerto de Santos, estratégico para la exportación de cocaína a los mercados europeos.

En unos se pedía no votar por una candidata de Santos acusada de estar alineada con el secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Guilherme Derrite, en otros votar por Boulos. Boulos calificó el discurso del gobernador de “declaración mentirosa”, hecha con la intención de favorecer a Nunes , y presentó una demanda al Tribunal Superior Electoral (TSE) exigiendo la inelegibilidad de Tarcísio.

Y ahora que las elecciones municipales han terminado, Brasil mira hacia las presidenciales de 2026, con la disputa por los candidatos ya en marcha. El tercer candidato que se quedó fuera de la segunda vuelta en San Pablo con el 28,14% de los votos, Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), es visto por los analistas como la posible novedad de esta nueva cita electoral y una respuesta, dentro de la derecha, al bolsonarismo ya desgastado en su seno.

El efecto disruptivo de Marçal en las recién concluidas municipales fue incluso reconocido por el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, al diario O Estado de São Paulo. “La campaña electoral en San Pablo fue tranquila. Entonces llegó Marçal, explotando con todo, insultando a todo el mundo, se volvió una locura”, dijo, añadiendo después que “San Pablo no necesitaba tanto a Bolsonaro. Necesitaba más a Tarcísio”.

Así que si el propio Marçal en una difusión en sus redes sociales en los últimos días ha insinuado una posible candidatura en 2026, queda la incógnita de Bolsonaro. A pesar de que el expresidente es inelegible desde el año pasado hasta 2030 y ni siquiera puede hablar con Costa Neto por decisión de la justicia brasileña, ha declarado en los últimos días que será el candidato de la derecha en 2026. Bolsonaro dijo que el candidato elegido es ‘Messias’, en referencia a su segundo nombre, y añadió que la gente “tiene nostalgia” de él y que es “el ex más querido de Brasil”.

En cuanto a Costa Neto, dijo a la prensa que “nosotros en el PL no tenemos un plan B. El plan es en todo caso Bolsonaro. Lo tendremos como candidato a la Presidencia de la República. Estoy seguro de que lo conseguiremos en el Congreso Nacional”. El presidente del PL se refiere al proyecto y su aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para beneficiar tanto a Bolsonaro como a sus partidarios más radicales detenidos tras la depredación de los palacios del poder el 8 de enero de 2023. Sin embargo, esta ley podría entonces ser bloqueada por el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyos jueces ya han insinuado esta posibilidad.

Además, no hay que olvidar que la posición de la vecina Argentina, donde al menos 181 brasileños que participaron en los sucesos del 8 de enero han solicitado asilo político, también podría influir en el clima de las elecciones presidenciales de 2026. Sobre 36 de ellos, que huyeron a Argentina, pesa una petición de extradición emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Sin embargo, un decreto anunciado el 22 de octubre por el gobierno de Javier Milei modificó la ley sobre el reconocimiento y la protección de los refugiados en Argentina. El nuevo decreto estipula que no se concederá el estatuto de refugiado a los extranjeros vinculados a la “participación en actividades terroristas”, que hayan sido procesados o condenados fuera de Argentina por delitos graves, como los castigados con más de 10 años de cárcel, por ejemplo los relacionados con el patrimonio o la delincuencia organizada. Los abogados de los solicitantes de asilo brasileños han expresado su preocupación por el cambio introducido en Argentina. Temen que los delitos que el juez Moraes atribuye a los prófugos sean calificados por el país vecino como “actividad terrorista”.

En cuanto a Bolsonaro, es posible que pronto sea detenido. El 27 de septiembre, el juez Moraes dio a la Policía Federal un plazo de 60 días para concluir la investigación sobre el supuesto golpe en el que estarían implicados el ex presidente y algunos de sus ministros. A finales de noviembre, por lo tanto, el escenario se aclarará y quedará más seguro sobre qué candidatos puede razonar la derecha. La alternativa podría ser para el PL de Bolsonaro la de Tarcísio de Freitas, actual gobernador de San Pablo. Un reciente sondeo de Quaest revela que los ciudadanos ven a Lula (32%), seguido de Marçal (18%) y Tarcísio (15%) como posibles candidatos presidenciales.

En cuanto a Lula, está por ver si tendrá la voluntad y la energía necesarias para presentarse a un cuarto mandato en 2026, cuando tendrá 81 años. Él mismo nunca se ha pronunciado abiertamente sobre esta cuestión. Se ha limitado a decir que podría presentarse de nuevo si fuera necesario para impedir que los “fascistas” vuelvan al poder, pero en realidad ha dejado la duda abierta. El problema es que hasta ahora su Partido de los Trabajadores e incluso la coalición de izquierdas no han conseguido crear una alternativa más joven a Lula. Es él quien goza de más apoyo popular y votos que su partido y sus aliados.

Fuentes en Brasilia dijeron a Infobae que Janja da Silva, actual esposa del presidente, podría abrirse paso en los próximos dos años como posible candidata a sustituir al marido. Pero su figura es divisiva dentro del PT. Como informa Poder360, en estas elecciones municipales recién concluidas, la imagen de Janja ni siquiera apareció en ninguna de las campañas electorales de las candidatas del PT, salvo en dos casos.

Como explica William Waack en el diario O Estado de São Paulo, “para el PT el problema central es la falta de perspectivas, ya que el partido no ha comprendido las transformaciones sociales de los votantes de bajos ingresos. Para la derecha (el problema) es el fuerte fraccionamiento de su enorme y creciente potencial electoral. Bolsonaro es uno de los factores que agravan las divisiones evidentes”.

También será decisivo para las elecciones de 2026 el balance de los dos próximos años de gobierno de Lula. Hasta ahora, los dos primeros han visto desde el punto de vista de la política exterior una apertura a países del sur global como China, que a largo plazo podría estrangular la economía brasileña, especialmente si el gigante latinoamericano participa de verdad en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, como ha insinuado.

La intención de Lula de mejorar las infraestructuras del país también con la ayuda de los chinos choca con la lentitud de la burocracia. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para el desarrollo del país, anunciado hace un año por su gobierno, aún no ha despegado. Como informa José Fucs en O Estado de São Paulo, al menos la mitad de los proyectos se han quedado en papel mojado. El intento de ampliar el control del estado sobre el desarrollo económico del país, al menos en este bienio, no ha dado grandes resultados. Las empresas estatales a cuya privatización se ha opuesto Lula desde que asumió el poder registran déficits que aumentan la preocupación fiscal.

Según datos recientes del Banco Central, las empresas estatales federales cerraron los ocho primeros meses del año con un déficit de 3.400 millones de reales (595,56 millones de dólares), el 0,04% del PIB. Si se tienen en cuenta también las empresas estatales y municipales, la pérdida es del 0,1 % del PIB, es decir 7.200 millones de reales (1.261,2 millones de dólares), la más alta de la serie histórica desde 2002. Sumando los desastrosos resultados de 2023, el déficit total hasta ahora es de 9.760 millones de reales (1.709 millones de dólares). También en el frente interno, la agenda elegida por el nuevo presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, será decisiva a partir de principios de enero. Se teme una intervención artificial para reducir la tasa Selic, como reclamó Lula desde el inicio de su tercer mandato, con el riesgo de una inflación fuera de control.

Un reciente sondeo de Quaest reveló que la evaluación positiva del gobierno de Lula se situó por debajo de la media por primera vez desde junio de 2023. Según la encuesta, el 32% de los brasileños considera bueno o excelente el actual gobierno, mientras que el 31% lo estima negativo. En abril pasado, en otra encuesta de Paraná Pesquisas, cuando se preguntó qué ha hecho bien el gobierno de Lula y qué de negativo, el 71% admitió no saber o se negó a responder. Entre los puntos de la agenda de Lula valorados positivamente por los encuestados, el más citado fue el subsidio Bolsa Família para los más pobres (8%), seguido de la educación pública (6%) y el programa de vivienda popular Mi Casa Mi Vida (4%). La subida del salario mínimo sólo tocó al 1% de los encuestados, al igual que la lucha contra la inflación, que subió un 0,54% este mes, para un total en los últimos 12 meses de 4,47%.

La clase media es la que más ha arriesgado en estos dos primeros años de Lula 3.0. A pesar de la fuerte expansión del sector inmobiliario, sobre todo en las grandes metrópolis como San Pablo, existe el riesgo de que se produzca una burbuja importante debido al menos a dos factores. Por un lado, los bancos están reduciendo el crédito para la compra de inmuebles de valor inferior a 1,5 millones de reales (262.745 dólares) y, por otro, se ha aprobado el proyecto de ley 1725 de 2024, que además de crear un programa de renegociación de créditos y deudas para pequeños empresarios otorga a una empresa pública del Ministerio de Economía, la Empresa de Gestión de Activos (Emgea), la facultad de comprar carteras de préstamos inmobiliarios a bancos públicos y privados.

La intención del gobierno es facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a las familias de clase media que no pueden acogerse a los programas de vivienda social y consideran elevado el coste de la financiación a tipos de mercado. La medida no supondrá pérdidas para quienes compren los títulos. Sin embargo, todos los riesgos se concentran en el Tesoro nacional. Gabriel Leal de Barros, economista jefe de la sociedad de inversiones ARX Investimentos, declaró al sitio de noticias Poder 360 que la iniciativa deja una “puerta abierta” para el “aumento del riesgo fiscal”. “Al comprar deuda de consumo de las instituciones financieras, Emgea puede estimular una crisis en el sector similar a la ocurrida en 2008 con los llamados créditos subprime (de segunda línea) en EE. UU”. Según Leal de Barros: “Es un riesgo no despreciable a medio plazo”.

Por último, la agenda verde de Lula, caballo de batalla de su campaña electoral para 2022, se ha visto empantanada por devastadores incendios que han calcinado parte del país, catástrofes climáticas como las inundaciones de mayo en el sureño estado de Rio Grande do Sul, y un acuerdo con Mercosur que Lula no ha podido firmar hasta ahora por el impasse en que se encuentran ciertas obligaciones impuestas a Brasil por la Unión Europea en materia de control de la deforestación. La cumbre del G20 que se celebrará en Rio de Janeiro en noviembre, en la que también se hablará de medio ambiente, será la puerta simbólica por la que Lula entrará en los dos últimos años de su gobierno, de los que dependerá su futuro como presidente y el futuro de su partido.