Uruguay define sobre dos plebiscitos para cambiar el sistema jubilatorio y habilitar los allanamientos nocturnos

Junto con las elecciones nacionales de este domingo, los uruguayos deben votar si se aprueban o no dos plebiscitos. Una de las enmiendas constitucionales es promovida por la central de trabajadores y propone, entre otros puntos, eliminar los fondos de pensión. La otra iniciativa surgió del oficialismo y se propone habilitar los allanamientos nocturnos, una medida de seguridad que no está permitida en la Constitución.

Cuando los votantes lleguen al cuarto secreto encontrarán dos papeletas con un Sí. La amarilla se refiere a los allanamientos nocturnos; la blanca, a la seguridad social. Si están de acuerdo con las propuestas deben guardar las boletas en el sobre; en caso de estar en contra, directamente no colocan nada. Para que los plebiscitos sean aprobados, deben reunir el 50% más uno de los votos emitidos el domingo.

Las encuestas muestran que la adhesión a estos plebiscitos se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas de las consultoras muestran que el de allanamientos nocturnos tiene el respaldo de más del 50% de la población, por lo que las chances de ser aprobados son mayores. La enmienda constitucional sobre seguridad social, en cambio, no tiene más del 50% de apoyo en ninguno de los estudios, aunque la cantidad de indecisos es más alta.

Después de que el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó una reforma que aumenta la edad de jubilación de 60 años a 65 y extiende el sistema de ahorro individual (gestionado por los fondos de pensiones), un grupo de organizaciones sociales comenzó a buscar la manera de hacer caer esa ley. La alternativa que encontraron fue impulsar un plebiscito, para lo que era necesario recolectar las firmas del 10% del electorado.

La propuesta fue impulsada por un grupo minoritario de sindicatos que integran el PIT-CNT, la central única de trabajadores del país. Las posiciones en la interna del movimiento sindical estaban divididas, pero finalmente terminó triunfando la promoción de un plebiscito que se basa en tres grandes puntos que serían las bases de un nuevo sistema previsional del país.

Si se aprueba este plebiscito, la edad de retiro volvería a los 60 años –pero quedaría establecida de forma rígida en la Constitución–, se equipararían las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y se eliminaría el “lucro” del sistema jubilatorio, lo que implica que no podrán existir más las AFAP, que gestionan los fondos privados de pensiones en Uruguay.

El sistema jubilatorio vigente en Uruguay se basa en varios pilares. Tiene un componente de reparto intergeneracional –los actuales trabajadores le pagan la jubilación a los jubilados– y otro componente de ahorro individual. Esto significa que una parte del aporte del trabajador se dirige hacia una de las cuatro AFAP que hay en el país, que invierten ese dinero en distintos títulos para maximizar el ingreso y que, al momento de retirarse, tenga una mayor jubilación. Por este trabajo, las administradoras de fondos previsionales cobran una comisión, que les da el “lucro” que se cuestiona desde la izquierda.

Este plebiscito es ampliamente cuestionado por el sistema político. De hecho, los candidatos a presidente con más chances de ganar (Yamandú Orsi, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda) se han expresado en contra. En el Frente Amplio, sin embargo, la enmienda constitucional los puso en una posición incómoda. Los sectores más radicales de la fuerza política (el Partido Comunista y el Partido Socialista) se expresaron a favor, pero los espacios más volcados hacia el centro advirtieron por los efectos perjudiciales que tendría para el sistema. Incluso el ex presidente José Mujica llegó a decir que su aprobación generaría “un caos” en el país.

El presidente Luis Lacalle Pou defendió en una conferencia de prensa la reforma realizada por este gobierno y aseguró que el plebiscito es “peligroso y dañino” para el país. Los detractores de la enmienda constitucional argumentan que la aprobación implicaría un gasto adicional inmediato de USD 1.000 millones para las cuentas públicas. Además, advierten que tendría un efecto en la credibilidad del país porque, por ejemplo, provocaría una baja de la nota crediticia.

Los gremios impulsores de la papeleta consideraron que Lacalle Pou fue “falaz, manipulador, insensible, errático y amenazante” al hacer esas advertencias. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que la papeleta es “razonable” y señaló que se le otorga al Parlamento un plazo de 24 meses para reglamentar los tres puntos que establece el plebiscito en una ley. Esto, según Abdala, demuestra que el movimiento sindical tuvo un enfoque “cauteloso y abierto al diálogo social”. El plebiscito permite “reconstruir” un derecho que ya existía antes de la aprobación de la ley del gobierno: la posibilidad de que los trabajadores con 30 años se jubilen a los 60, destacó Abdala.

La consultora Cifra informó que el 41% de la población está a favor del plebiscito y el 42% está en contra. El restante 17% no tiene opinión sobre el tema. A lo largo de los meses “bajó sistemáticamente el apoyo hacia el plebiscito de seguridad social”. En mayo, cuando se presentaron las firmas, el 52% lo apoyaba y, desde entonces, cayó 11 puntos porcentuales.

Los impulsores de la reforma constitucional que busca habilitar los allanamientos nocturnos siguieron otro camino. En lugar de juntar firmas, aprovecharon el amplio consenso que había entre los parlamentarios y aprobaron en ese ámbito que se haga un plebiscito junto con las elecciones nacionales de este domingo.

El camino de la reforma constitucional propone revisar el artículo 11 de la Carta Magna uruguaya, que está vigente desde 1830. Esta norma establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. El texto que se plebiscita elimina la expresión “de noche nadie podrá entrar”.

El impulsor del plebiscito es el senador del Partido Nacional Carlos Camy. Cuando se confirmó la propuesta, el legislador argumentó que la habilitación de los allanamientos durante el día y no durante la noche provoca que el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia tenga una “ventaja” y lleven adelante sus actividades delictivas durante la noche.

Camy sostuvo que estudió 203 textos constitucionales del mundo y que en solamente cuatro no están habilitados los allanamientos nocturnos: Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde. “Parece bastante razonable y sensato que lo que pudo haber sido válido hace 200 años hoy tenga que cambiar”, afirmó.

El Frente Amplio está en contra de este plebiscito. Sin embargo, los dirigentes de la coalición de izquierda no han sido contundentes en rechazar la propuesta. De hecho, el candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, sostuvo que él está a favor de los allanamientos nocturnos pero está en contra de tocar la Constitución para habilitar el mecanismo. En el oficialismo, en tanto, hay consenso en el apoyo.

Algunas organizaciones sociales, como el colectivo Nada Crece a la Sombra, están en contra del plebiscito. En un video difundido en redes sociales, aseguran que este mecanismo no es la solución para los problemas de seguridad que tiene el país. “Son un riesgo”, dice el video difundido en las redes sociales.

“Esta propuesta ataca solo a las bocas de venta de droga. Apunta únicamente al microtráfico. Quienes dominan realmente el mercado de drogas tienen donde almacenarlas y los depósitos actualmente ya se pueden allanar de noche”, señalan. “Con la nocturnidad y la poca visibilidad aumentan los riesgos y escala la violencia”, argumentan.

El apoyo al plebiscito de allanamientos nocturnos viene reduciéndose desde mayo y tuvo una “caída grande” entre agosto y septiembre, cuando pasó del 59% al 50%, el nivel en el que se mantiene ahora según la consultora Cifra. A su vez, siguen aumentando los que están decididos a no votarlo.