Continúan las diligencias en el llamado ‘Caso Monsalve’. Este martes, una nota de La Tercera reveló que la Fiscalía Centro Norte decomisó otros tres teléfonos desde el domicilio del defenestrado ex subsecretario, quien provocó un terremoto político en el Gobierno de Gabriel Boric al renunciar el jueves pasado desde La Moneda, acusado de violación por una subalterna de 32 años. En estos días, además, cinco funcionarios de la cartera de Interior han dimitido desde que se destapó la denuncia.
Según el medio citado, Monsalve entregó a la policía un celular el viernes 11 de este mes -antes de iniciarse la investigación-, el que le fue devuelto una vez revisado. Ese mismo teléfono fue el que entregó al Ministerio Púbico el martes 15 de octubre, pero la Fiscalía pidió la semana pasada una nueva orden de allanamiento al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, puesto que sabían que había otros dispositivos en su poder.
Dicho allanamiento se concretó el viernes 18, y aunque los detectives buscaban dos celulares, finalmente encontraron tres, incautándolos todos. Ello provocó un reclamo de la abogada defensora, María Inés Horvitz, quien aseguró que el decomiso del tercer celular no estaba contemplado en la orden de entrada y registro original, por lo que presentará un recurso de amparo y una denuncia de ilegalidad en contra el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).
Cabe señalar que Horvitz ya ingresó una cautela de garantía por graves “vulneraciones al debido proceso”, audiencia que se realizará este miércoles a las 9:00 horas.
Esta martes, diversos medios informaron además que la denunciante cambió de abogado, dejando su representación en manos de María Elena Santibáñez, abogada especialista en delitos sexuales.
Oficina de interior desmantelada
Desde el día de la renuncia de Monsalve, cinco funcionarios de la Subsecretaría de Interior han presentado su renuncia y la última en hacerlo fue la influyente asesora comunicacional Ana Lya Uriarte, quien informó este lunes de su salida “inmediata e irrevocable” al ministro Luis Cordero, que reemplazó a Monsalve al mando de la cartera, según consignó el medio citado.
El lunes también confirmó su renuncia Gustavo Herrera (PS), el jefe directo de la subalterna que estampó la querella por violación.
El primero en salir fue el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente (PS), convertido en testigo clave puesto que fue él quien le habría dicho en septiembre a la víctima que debía acompañar a Monsalve en todas sus reuniones, a cambio de un aumento de sueldo. Con él dimitieron además Ana María Araneda y Diego Bustamante, sus dos asesores de prensa.
“Clasismo impresentable”
Por otra parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se encuentra en el ojo del huracán debido a sus más recientes declaraciones. Consultada sobre las razones del Presidente Gabriel Boric para no destituir a Monsalve apenas supo de la denuncia - y esperar dos días hasta que la noticia salió en La Segunda -, Orellana señaló que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”.
Y aunque a renglón seguido agregó aseguró que “eso no quiere decir que vaya a tener un trato preferencial”, sus palabras no cayeron nada de bien en la oposición, que arremetió contra ella.
La primer en abrir los fuegos fue Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional, quien indicó que “las declaraciones, que son desafortunadas, van reflejando que el Ejecutivo, desde el inicio enfocó su preocupación en el posible victimario y no por la denunciante o posible víctima”, según consignó Emol.
”Hay una falta de empatía tremenda, la gravedad de las acusaciones no depende del status del acusado ni pueden relativizarse por el puesto que ocupa la persona involucrada”, complementó.
Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, indicó por su parte que “a medida que transcurren los días, el Gobierno sigue perdiendo la oportunidad de mantenerse en silencio. Cada vez que algún ministro o el propio Presidente Boric intervienen en este asunto, se agrava aún más la situación. La ministra Orellana tiene la obligación de aclarar que en Chile no existen ciudadanos de diferentes categorías y esperamos que ofrezca disculpas públicas a todas las personas que ejercen la labor de portero o cualquier otra en nuestro país”.
Finalmente, la diputada Ximena Ossandón (RN), sostuvo que “su clasismo es impresentable. La renuncia debía ser solicitada de inmediato, precisamente porque ninguna investigación imparcial podría asegurarse a la víctima si el encargado de las policías es el investigado por éstas. Precisamente por la relevancia de su posición, es increíble que el encargado de la seguridad en un país conmocionado por el crimen organizado se exponga de esa manera y abuse de su posición de poder. Si la ministra Orellana no entiende eso, no tiene nada que hacer como ministra de la Mujer”, sentenció.
Las penas que arriesga Monsalve
Así las cosas, el ex subsecretario es investigado actualmente por violación, abuso sexual y también por obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia, puesto que tuvo acceso a las cámaras del hotel previo a la investigación.
Debido a ello, de ser encontrado culpable, Monsalve arriesga duras penas que podrían sumar hasta 20 años de cárcel.
Por el cargo de violación, el Código Penal chileno contempla penas que van desde los 5 años y un día a los 15 años de presidio. Por abuso sexual - el beso sin consentimiento que aduce la víctima -, la pena es de entre 61 a 540 días de presidio.
Finalmente, la sanción por el delito de obstrucción de la investigación oscila entre 61 a 540 días de presidio, mientras que el castigo que se aplica a quienes hayan incumplido la Ley de Inteligencia - que dice relación con recopilar información para beneficio propio - va desde los 5 años y un día a los 20 años de prisión.