Entre la represión del régimen y la violencia de género: la doble tragedia de las mujeres en Cuba

En Cuba, la situación de las mujeres está marcada por una doble tragedia: la represión política que afecta a las presas de conciencia y la creciente ola de feminicidios que el régimen de Miguel Díaz-Canel parece ignorar.

Dos informes, uno centrado en las mujeres detenidas por motivos políticos y otro en la crisis feminicida que afecta a la isla, destacan la falta de protección de los derechos humanos y las políticas públicas ineficaces para enfrentar estas problemáticas.

Un trabajo presentado por Prisoners Defenders y la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reveló que actualmente 119 mujeres están privadas de libertad en Cuba por motivos políticos, muchas de ellas como consecuencia de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

El reporte señaló que estas mujeres no solo fueron condenadas arbitrariamente, sino que también han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas dentro de las prisiones.

Según los datos recopilados por la ONG Prisoners Defenders, el 57,14% de las presas está bajo privación total de libertad, mientras que el resto enfrenta medidas restrictivas que limitan su libertad de movimiento.

El caso de L.R.I., una joven condenada a ocho años de cárcel por participar en las protestas pacíficas, es uno de los más impactantes. “Durante su detención, fue sometida a condiciones inhumanas, con comida insuficiente, restricción de visitas y negación de atención médica. A pesar de estar embarazada, las autoridades la obligaron a abortar,” denunció el escrito.

Este no es un caso aislado. El informe documentó que 31 mujeres presas de conciencia sufren enfermedades graves, que van desde diabetes y epilepsia hasta trastornos psicológicos relacionados con la depresión. A pesar de estas condiciones, el régimen cubano les niega tratamientos médicos esenciales y las obliga a sobrevivir en condiciones insalubres, lo que agrava su estado.

Las provincias con más mujeres encarceladas son La Habana (25,21%), Matanzas (15,97%) y Mayabeque (12,61%).

El informe también denuncia que estas mujeres no tienen acceso a un debido proceso legal, ya que en Cuba no existen abogados independientes. Como indica el reporte, “la falta de una profesión jurídica independiente ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD) y el Comité contra la Tortura de la ONU”.

Todos los abogados en Cuba están obligados por ley a depender del Ministerio de Justicia, lo que elimina cualquier posibilidad de una defensa imparcial.

Además, el trabajo documentó el uso de tribunales militares contra civiles, algo que ha afectado a más de 100 manifestantes, incluyendo mujeres. Estos tribunales carecen de garantías procesales y se utilizan como herramientas de represión política.

Las mujeres, además de enfrentar estas condiciones de injusticia, son víctimas de humillaciones y amenazas que afectan no solo su integridad, sino también la de sus familiares. “El 94,12% de las prisioneras ha sido privada de comunicación con sus familiares y abogados, y el 88,24% sometida a humillaciones verbales y maltratos”, subrayó el escrito.

Estas cifras reflejan la sistematicidad de los abusos y la falta de acceso a una defensa justa. El patrón de tortura se agrava en el caso de las mujeres transgénero, que son encarceladas con hombres y, en muchos casos, sufren violaciones sexuales continuadas.

Mientras tanto, fuera de los muros de las prisiones, las mujeres cubanas enfrentan otro flagelo: la crisis feminicida. Según un informe publicado por Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC), el número de feminicidios en la isla ha crecido de manera alarmante, con 89 casos documentados en 2023. Sin embargo, el régimen cubano solo reconoció 18 feminicidios en ese mismo período, lo que muestra una clara manipulación de las cifras.

El estudio reveló que la dictadura cubana sigue sin reconocer oficialmente el problema del feminicidio. Desde 2015, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, ha insistido en que “en Cuba no hay feminicidios porque no somos un país violento”. Esta negación ha retrasado cualquier avance significativo en términos de políticas públicas que protejan a las mujeres.

A pesar de las solicitudes de diversas ONG para que el Estado cubano declare la emergencia por violencia de género, el régimen ha hecho oídos sordos.

Organizaciones como Alas Tensas han señalado que el régimen no tiene un sistema de refugios para mujeres víctimas de violencia, ni lleva a cabo campañas de concienciación sobre el problema. Además, el feminicidio no está tipificado en el Código Penal cubano, lo que perpetúa la impunidad de los agresores.

El informe detalló que, en 2022, el Observatorio de Igualdad de Género de Cuba contabilizó solo los casos donde el feminicida fue condenado, lo que reduce significativamente las cifras reales. Las ONG, por su parte, documentaron el doble de casos, incluyendo aquellos en los que el feminicida se suicidó o no fue procesado adecuadamente.

Uno de los más trágicos fue el crimen de una joven de 17 años en Camagüey, quien fue asesinada por su ex pareja dentro de una estación de policía, donde había acudido en busca de protección. “El agresor, conocido por la policía, fue dejado en libertad a pesar de sus antecedentes de violencia. Horas después, asesinó a la joven dentro de la comisaría”, detalló el informe de Alas Tensas. Este caso ejemplifica la complicidad de las autoridades en la perpetuación de la violencia machista.

Otro ejemplo destacado en el reporte es el de una mujer asesinada durante una visita penitenciaria en una granja en Camagüey. Su pareja, que cumplía sanción en ese lugar, la llevó a una zona aislada durante la visita y la asesinó antes de suicidarse. Este hecho reflejó la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias y la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en espacios supuestamente vigilados por el Estado.