El Senado chileno destituyó en un juicio político a dos magistrados de la Corte Suprema

La Sala del Senado chileno aprobó este miércoles las acusaciones constitucionales que pesaban contra los jueces de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, por notable abandono de deberes y tráfico de influencias, respectivamente. El oficialismo lamentó el haber caído en la “trampa” de la derecha, que ‘amarró' a Muñoz por una causa distinta junto a Vivanco en una sola interpelación. Ambos fueron destituidos y no podrán ejercer cargos públicos por cinco años.

Sin duda el capítulo más polémico fue el de Sergio Muñoz, el juez más antiguo y el “más poderoso” de la Suprema, según muchos. Nombrado por Ricardo Lagos en 2005, su caso estaba relacionado con filtraciones de información privilegiada a su hija, la jueza de Garantía, Graciel Muñoz. Esto, luego de una denuncia presentada por la Inmobiliaria Fundamenta, que manifestaba que existió “violación a la ética profesional” por parte del ministro del máximo tribunal.

La querella apuntaba a que Graciel Muñoz habría desistido de dos promesas de compraventa, señalando a una ejecutiva que “este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto, y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

Como era de esperar, gran parte de los votos a favor vinieron de parte de la oposición.

Desde el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) advirtió que “hoy la institucionalidad chilena está crujiendo: ¿por qué se tomaron dos años algunos en presentar una acusación contra el ministro Muñoz?”, acusó.

“Cuando era un joven abogado, me tocó defender en los Consejos de Guerra en octubre y noviembre del 73, conformado por militares, y a todos se les trató separadamente, nunca vi yo una condena en grupo, o de a dos. Yo creo que estamos frente a un proceso viciado de nulidad absoluta de derecho público de acuerdo con nuestra Constitución”, razonó por su parte Francisco Huenchumilla (DC).

Según la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, “Muñoz es un juez incómodo para muchos, que ha sido señalado como de izquierda por haber sancionado violaciones a los derechos humanos y haberse puesto del lado de las personas y los derechos sociales”.

La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), señaló por su parte que “caímos en la trampa de usted vota por uno, usted vota por otro, empatamos y nos vamos todos contentos para la casa. Como teníamos a la señora Vivanco expuesta y, sin duda iba a pasar algo, teníamos que empatar”, planteó

Finalmente, el diputado Leonardo Soto (PS) sostuvo que “no fuimos capaces en la Cámara de resolver la trampa y el candado que nos puso la derecha, que unió la acusación contra el ministro Muñoz a la acusación contra la ministra Vivanco, y con eso la segunda arrastró al primero a este resultado”.

Por el contrario, la votación para destituir a la jueza Ángela Vivanco fue un mero trámite, ya que casi por unanimidad la Sala de Senado estuvo a favor de destituirla.

Y es que tras un reportaje de Ciper que sacó a la luz una serie de conversaciones entre la magistrada y el abogado Luis Hermosilla - que dieron cuenta de una serie de favores de ida y vuelta -, el Pleno de la Corte Suprema ya había removido de su puesto a la jueza el 10 de octubre pasado.

A pesar de que la magistrada había negado tajantemente cualquier contubernio con el ahora caído en desgracia penalista - quien se encuentra en prisión preventiva - según la nota de Ciper fue ella quien envió el primer mensaje, en marzo de 2018, solicitándole directamente a Hermosilla su apoyo para llegar al máximo tribunal.

Una vez instalada, comenzó a pasarle información sobre recursos judiciales contra Carabineros y las Fuerzas Armadas post estallido social de 2019, cuando Hermosilla era la mano derecha de Andrés Chadwick, ex ministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Según el reportaje de medio citado, en el temido Iphone 14 de Hermosilla sobraba evidencia de que la suspendida ministra y al abogado también conspiraron para “impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y boicotear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora”.

Además, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial por la llamada arista ‘Muñeca Bielorrusa’, caso que involucra al consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) -integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz-, en un juicio con Codelco por incumplimiento de contrato.

En concreto, se acusó a Vivanco de revertir en tiempo récord un fallo que obligaba a CBM a pagar USD 20 millones a Codelco, más otros USD 5 millones en gastos del litigio, el que fue emitido antes de que el caso fuera formalmente puesto en tabla y mientras Vivanco lideraba la Sala. El proceso tomó solo seis días y fue calificado como “inédito”, puesto que normalmente estos casos demoran meses.