Creció el número de presos políticos en Cuba: “El régimen se ha propuesto destruir a la sociedad civil independiente”

La ONG Prisoners Defenders denunció un aumento en el número de presos políticos en Cuba. En su más reciente informe —publicado este jueves—, indicó que en la isla “hay un total de 1.113 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva y en flagrante violación de la ley internacional”.

En comparación con el mes anterior, en septiembre se sumaron 13 nuevos presos políticos y cinco personas recuperaron su libertad tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta, detalló la ONG.

En diálogo con Infobae, el presidente de la organización, Javier Larrondo, indicó que “el régimen se ha propuesto destruir a la sociedad civil independiente”; al tiempo que apuntó a que la represión no sólo afecta a activistas y disidentes, sino también a sus familiares.

Desde las protestas del 11 de julio de 2021 —más conocidas como 11J—, las detenciones masivas han continuado, con la intención, según Larrondo, de sembrar el terror. “A las razzias desde el 11J contra activistas de derechos humanos y políticos, artistas independientes, ciudadanos, manifestantes o periodistas independientes; ahora se trata de acallar con el terror de la prisión a todos los familiares de dichas víctimas”, consignó.

Larrondo también describió la delicada situación de salud de los presos políticos. “Hemos identificado 356 presos con patologías médicas graves”, denunció. Estos problemas, según el activista, son consecuencia directa de la falta de atención médica adecuada, maltratos y condiciones deplorables en las cárceles cubanas, como la insuficiencia alimentaria. Aún más preocupante es el estado de salud mental de los detenidos: “Hemos confirmado que 62 presos sufren trastornos graves de salud mental, sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”, detalló.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la situación de los menores encarcelados. A día de hoy, hay 30 menores entre los prisioneros políticos, 29 chicos y una chica. De estos, 28 cumplen sentencia y dos aún están en proceso penal sin tutela judicial.

Larrondo denunció que “15 de estos menores han sido condenados por sedición”, enfrentando penas promedio de cinco años, un castigo desproporcionadamente severo en comparación con el que recibían los adultos antes del 11J. Muchos de estos jóvenes están cumpliendo sus penas bajo medidas de reclusión domiciliaria o trabajos forzados sin internamiento.

El informe además reveló que 220 manifestantes han sido acusados de sedición, de los cuales 218 ya han sido condenados con penas que promedian diez años de privación de libertad.

En cuanto a las mujeres encarceladas, el panorama tampoco es alentador: 119 permanecen prisioneras y torturadas, muchas bajo medidas de limitación de libertad en sus hogares. Larrondo señaló especialmente la situación de las personas trans encarceladas, resaltando que “todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres”, enfrentándose a situaciones inhumanas debido a su identidad de género.

El informe denunció que el régimen cubano ha intensificado el mes pasado su hostigamiento contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos, especialmente aquellos vinculados a las protestas del 11J. Estas familias enfrentan detenciones arbitrarias, vigilancia constante, citaciones policiales, multas y amenazas por parte de las autoridades.

En septiembre, se sumaron cuatro nuevos presos políticos, todos familiares de jóvenes encarcelados por manifestarse pacíficamente en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.

Misleidys Rodríguez Más: madre de Kendry Lastra Rodríguez, arrestado a los 18 años por protestar en 2022, ha sido detenida y acosada en varias ocasiones desde su participación en manifestaciones en 2022. Aunque fue liberada tras pagar una multa, sigue siendo blanco de la seguridad del Estado.

Julio Cesar Duque de Estrada Ferrer: padre de Dairon Duque, fue detenido violentamente en Santiago de Cuba mientras grababa un video. Actualmente está encarcelado y enfrenta cargos por “atentado”.

Ana Ibis Tristá Padilla: esposa de Damián Hechavarría, fue arrestada en 2023 tras protestar contra una multa. Pasó 10 meses en prisión y, aunque fue liberada bajo fianza, ahora enfrenta un juicio que podría condenarla a 15 años de cárcel.

Lester Fernández Elizástigui: hermano de un prisionero político, fue detenido en su propia fiesta de cumpleaños en julio, tras un abuso de poder por parte de un agente que le ordenó apagar la música. Se encuentra detenido en Valle Grande, esperando su sentencia.

El activista Mirdael Matos Gainza fue arrestado sin motivo en septiembre y trasladado a la prisión de Guantánamo, donde se encuentra en huelga de hambre. Las autoridades lo han amenazado con represalias hacia sus hijas si no abandona su activismo.

Alexander Mario Fábregas Milanés y Alexei Martínez Rojas están encarcelados en Villa Clara por criticar al régimen en redes sociales. Ambos enfrentan cargos de “propaganda contra el orden constitucional”. Martínez, en huelga de hambre desde hace 25 días, se encuentra en estado crítico.

Arony Yanko García Valdés fue condenado a un año y medio de prisión por desacato agravado, tras publicaciones en redes sociales que criticaban al gobierno cubano.

Daniel Moreno de la Peña y Yosvani García Rusindo han recibido una petición fiscal de siete años de cárcel. Moreno ha sufrido torturas y graves problemas de salud, mientras que García Rusindo ha sido acusado por su relación con un grupo de derechos humanos en el exilio.

El informe recuerda que Cuba implementó la Ley 162/2023 de Comunicación Social, que agrava la censura digital y centraliza el control de los medios. Esta nueva normativa, que entró en vigor el 4 de octubre, permite al Estado controlar publicaciones en plataformas digitales, restringiendo aún más la libertad de expresión en la isla.