El Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) firmaron un convenio que busca inhabilitar los servicios de telecomunicaciones en los Centros de Privación de Libertad (CPL). El objetivo es reducir el uso de dispositivos electrónicos por parte de personas privadas de libertad para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

El convenio, al que accedió Infobae, establece un marco de colaboración entre las entidades firmantes para garantizar la seguridad y el control interno en las prisiones. La ministra del Interior, Mónica Palencia, explicó que la iniciativa busca evitar que las cárceles continúen operando como centros de mando del crimen organizado, donde las telecomunicaciones facilitan la planificación de delitos como el narcotráfico y el sicariato.

El acuerdo contempla una serie de obligaciones para los tres organismos. En el caso de MINTEL, su principal responsabilidad es asegurar la inhabilitación de los servicios de telecomunicaciones en los reclusorios de manera inmediata, según los informes técnicos de seguridad. Además, MINTEL deberá proporcionar al Ministerio del Interior información actualizada y en tiempo real sobre el estado de estos servicios y coordinar con ARCOTEL y los operadores de telecomunicaciones para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

Por su parte, ARCOTEL se encargará del control y monitoreo continuo de la inhabilitación de las telecomunicaciones, ejecutando las disposiciones del convenio y reportando información actualizada al Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior, a su vez, trabajará en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para identificar los CPL donde se implementará la interrupción de los servicios de telecomunicaciones. Además, será responsable de promover la emisión de informes técnicos que sustenten la necesidad de cortar las telecomunicaciones en función de las amenazas de seguridad que representen los reclusos.los recintos penitenciarios.

Con la firma de este convenio, el gobierno ecuatoriano busca desarticular estas redes delictivas y restaurar el orden en los centros penitenciarios que ahora están militarizados.

La mañana del 15 de octubre de 2024 se reportaron los asesinatos de dos reclusos en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 50 años, de nacionalidad ecuatoriana, y otro de 25 años, de nacionalidad venezolana. Ambos formaban parte de la organización delictiva Los Choneros y sus cuerpos fueron hallados sin vida en la celda 1 del ala 3, pabellón 8 del centro penitenciario.

Las autoridades señalaron que los reclusos presentaban signos evidentes de estrangulamiento, con surcos completos y escoriaciones en el cuello, lo que indica que fueron asfixiados con un elemento constrictor. El levantamiento de los cuerpos se realizó cerca de las 10:55 y ambos cuerpos fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

Según la investigación preliminar, las víctimas habían sido trasladadas desde el pabellón 5, controlado por la banda Los Choneros, a una zona dominada por los Águilas, una organización rival dentro de la penitenciaría. Este cambio de pabellón parece haber desencadenado los asesinatos, debido a las tensiones entre los dos grupos. La mezcla de reclusos de diferentes bandas en las cárceles ha intensificado los enfrentamientos, convirtiendo a las prisiones en focos de violencia entre facciones criminales.

El informe policial detalla que no se encontraron indicios en la escena del crimen que aporten más información sobre los autores o el arma utilizada. Sin embargo, las circunstancias sugieren que el ataque está relacionado con la rivalidad entre las organizaciones delictivas que operan dentro de la penitenciaría.

Personal a cargo del pabellón informó que alrededor de las 08:00 los presos comunicaron que dos internos habían sido asesinados por estrangulamiento. Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades para que iniciaran el procedimiento legal.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlar la situación, las cárceles ecuatorianas siguen siendo áreas de alto riesgo donde las bandas criminales ejercen poder e influencia. La crisis carcelaria, alimentada por el hacinamiento y la falta de control efectivo, plantea un desafío significativo para el sistema de seguridad y justicia en Ecuador.