Las elecciones judiciales de Bolivia de diciembre están en riesgo por un amparo constitucional

Las elecciones judiciales de Bolivia, previstas para el 1 de diciembre, corren el riesgo de ser suspendidas por un amparo constitucional que debe resolverse en un audiencia fijada para este martes en un juzgado del departamento de Beni (noreste del país).

Según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un abogado que fue inhabilitado en la selección de candidatos habría solicitado ser incluido en la lista de postulantes a magistrados del Órgano Judicial porque, según él, obtuvo un alto puntaje en el proceso de selección. De admitirse el amparo, implicaría la postergación o cancelación del proceso electoral que, tras varios tropiezos y una larga espera, finalmente está en curso.

“Esperamos hoy, que quienes estén a cargo de la decisión la asuman en apego a la Constitución Política del Estado y ratificamos que sería nefasto para la democracia la suspensión o paralización de las elecciones judiciales 2024″, escribió en su cuenta de X el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

El calendario electoral tiene prevista la votación para el 1 de diciembre y el domingo se realizó la publicación de la lista de ciudadanos habilitados para votar. Según Vargas, fuera de las repercusiones judiciales que implicaría la suspensión de la votación, también se ocasionaría un daño económico al Estado porque ya se erogaron gastos para la organización de los comicios.

Según el vocal Tahuichi Tahuichi, en contacto con el canal Unitel, hasta la fecha se destinaron 55 millones de bolivianos (más de siete millones de dólares, al tipo de cambio oficial) para la organización de los comicios.

Por otra parte, la Ley de Régimen Electoral 026 prohíbe la obstaculización de los procesos electorales. En ese sentido, el vocal Gustavo Ávila manifestó que el amparo constituiría “un delito” y que se estaría “violando un derecho colectivo”, según publica el periódico La Razón.

El 1 de diciembre serán elegidos mediante voto popular 26 magistrados del Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además del Consejo de la Magistratura. En todos los casos, serán elegidos titulares y suplentes.

El proceso se da con más de un año de retraso debido a que ningún partido de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la convocatoria ni la lista de candidatos. Cuando finalmente se logró convocar el proceso electoral, se presentó una seguidilla de recursos judiciales que demoraron la realización del proceso.

Ese retraso hizo que las autoridades judiciales -cuya gestión vencía el último día de 2023- se “autoprorrogaran” en sus cargos hasta la elección de nuevos jueces, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional, debilitando de esa manera el Estado de Derecho.

Las elección de cargos judiciales mediante voto popular es un mecanismo poco usual que se implementó en Bolivia en 2009. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos -en 2011 y 2017- a los que predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017).

Aunque hay expectativa por la votación de diciembre, la crisis judicial en Bolivia va más allá de la elección de magistrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado retardación de los procesos, falta de acceso a la justicia, ausencia de independencia judicial y manejo instrumental en función a los intereses del poder político de turno, entre otros males crónicos que, según académicos, no se resolverán con la elección de nuevos jueces sino con una reforma estructural del sistema que está lejos de encararse.