Marcelo Balcedo debe entregar parte de El Gran Chaparral a la hija del presidente de un club que compró el terreno

La hija del titular de Liverpool, José Luis Palma, adquirió en un remate 25 hectáreas de El Gran Chaparral, que están valuadas en USD 2 millones

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El Gran Chaparral, la mansión
El Gran Chaparral, la mansión de Marcelo Balcedo en Maldonado (Marcelo Umpierrez)

La detención en Uruguay por lavado de activos del ex sindicalista Marcelo Balcedo permitió conocer el nivel de lujo que llevaba. A principios de enero de 2018, se supo del ostentoso nivel de vida del secretario general del SOEME, que poseía autos de lujo, manejaba grandes cantidades de dinero y hasta tenía un zoológico privado en su mansión El Gran Chaparral, en la zona de Playa Verde, Maldonado.

En Uruguay, Balcedo ha tenido varios revés judiciales. Fue condenado mediante un proceso abreviado –que implica el reconocimiento de delitos ante la Fiscalía a cambio de una pena menor– a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que su esposa, Paloa Fiege, fue sentenciada por tres años, una condena que ya cumplió. El sindicalista fue condenado por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas y desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada.

Pero, en paralelo a esa causa penal, hay otras investigaciones abiertas en la Justicia Civil. La jueza Civil de 11° Turno, Lola Gómez, ordenó que tanto él como su esposa deben entregar a Ana Paola Palma unas 25 hectáreas que pertenecen al predio de El Gran Chaparral, que comprende un total de 90 hectáreas, según informó el diario uruguayo El País.

Balcedo junto a su esposa,
Balcedo junto a su esposa, Paola Feige, en una audiencia judicial en Uruguay en 2018 / Foto EFE / Federico Anfitti

Palma es hija de José Luis Palma, un reconocido dirigente de fútbol de Uruguay que es el presidente de Liverpool, el último campeón uruguayo.

Palma inició la demanda en febrero, luego de comprar los dos padrones en un remate judicial. La jueza Gómez le dio a Balcedo y a Fiege la orden de entregar el predio en un plazo máximo de 10 días. Pero la pareja no cumplió con el período estipulado por la Justicia.

En agosto, la demandante pidió la habilitación de la posesión de los dos padrones ubicados dentro de El Gran Chaparral y solicitó el lanzamiento contra Balcedo y Fiege y contra otros ocupantes del predio rural que ella compró en un remate y están valuados en USD 2 millones.

El Gran Chaparral, en Playa
El Gran Chaparral, en Playa Verde (Marcelo Umpierrez)

La ahora propietaria de esos predios tiene dificultades para poder acceder porque se encuentran cercados junto a otros terrenos que no son de su propiedad. Por esto, solicitó que se le otorguen las “máximas facultades” a efectos de cumplir con el lanzamiento de la pareja.

Palma pretende que la jueza disponga que el lanzamiento sea realizado con la asistencia de la policía y pidió que se autorice el corte del alambrado para poder acceder de forma independiente a los dos terrenos de su propiedad.

La defensa de Balcedo, encabezada por Adriana Falco, argumentó que la jueza no tenía competencia para dirimir un juicio sobre una propiedad ubicada en Maldonado y alegó que Palma carecía de legitimidad para reclamar el predio. La magistrada, sin embargo, argumentó que no hay dudas de que Palma es la titular del inmueble.

Balcedo tenía hasta un zoológico
Balcedo tenía hasta un zoológico privado en El Gran Chaparral (Marcelo Umpierrez)

Otro juicio ante la Justicia uruguaya relacionado a Balcedo está en etapas finales, según consignó el medio uruguayo. El sindicalista presentó un reclamo contra la Fiscalía y contra el Poder Judicial por USD 22 millones. Reclama la retención de uno de sus aviones por parte de la Justicia que le impidió cerrar un “negocio millonario”.

En el expediente de este caso hay una transcripción de una audiencia de conciliación entre una empresa de Estados Unidos y tres organismos estatales uruguayos. También se revela que la compañía Matriz Aviation Inc. Inició una demanda contra la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, la Fiscalía y el Poder Judicial por la responsabilidad del Estado.

Para la demandante, los organismos uruguayos realizaron una “incautación ilícita” de la aeronave que Balcedo y su familia utilizaban para los viajes entre Uruguay y Buenos Aires.

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