La Policía de Bolivia alista el traslado de los opositores Áñez, Camacho y Pumari para el inicio de su juicio oral

El lunes 14 de octubre inicia el juicio oral en contra de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y los dos ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, por el caso denominado “golpe de Estado I”, relacionado a los conflictos previos a la renuncia de Evo Morales en 2019, en el que se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Lo que estamos haciendo es ver todos los aspectos para que no haya ningún tipo de riesgo en el momento del traslado o de que se lleve (a cabo) la audiencia”, manifestó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

El 30 de septiembre, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz fijó la audiencia de inicio del juicio oral y presencial, del caso Golpe de Estado I, para el lunes 14 de octubre a las 09.00 de la mañana. Además de la expresidenta y los dos cívicos, están acusados altos mandos militares y policiales por la denuncia interpuesta por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

La logística del traslado implica llevar a los acusados al acto judicial desde tres cárceles distintas. Añez está recluida de manera preventiva por este caso en el penal de Obrajes, en La Paz, desde marzo de 2021, donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Luis Fernando Camacho está en Chonchocoro, en El Alto, desde diciembre de 2022 y Marco Antonio Pumari guarda reclusión en el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí, desde diciembre de 2021.

Varios actores de la oposición han sugerido la anulación de este proceso judicial, luego de que el ex ministro de Justicia, Iván Lima, revelara que se sometió a la ex presidenta a un juicio ordinario -y no de responsabilidades- por “capricho” de Evo Morales. Días después el líder cocalero confirmó que la decisión de realizar un proceso ordinario fue política y que se tomó en un encuentro entre autoridades, militantes del MAS y líderes de organizaciones sociales en la localidad de Sacaba (Cochabamba).

La declaración ha tenido incluso repercusiones internacionales. El Foro de Madrid, una organización compuesta por partidos y organizaciones de derecha, ha emitido un pronunciamiento en el que afirma que “queda claro que la ex presidenta Jeanine Añez fue víctima de una maniobra política para encarcelarla injustamente”.

El caso denominado “Golpe de Estado I” está relacionado a sucesos post electorales que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial a nivel nacional y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.

Las protestas se originaron luego de los comicios del 20 de octubre de 2019. Esa noche, el sistema de conteo rápido se suspendió de manera abrupta al 83% del conteo y cuando se perfilaba una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Cuando el sistema de conteo se reanudó varias horas más tarde, el resultado mostraba que el jefe del MAS había ganado la votación en primera vuelta.

El opositor Carlos Mesa denunció un “fraude monumental” en la votación y se desataron manifestaciones contra el organismo electoral en varias ciudades del país, incluso la quema de las oficinas en Potosí y Santa Cruz. Sucesivamente las manifestaciones se masificaron y extendieron a todo el país. En Santa Cruz las lideraba Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz; y en Potosí, Marco Pumari, presidente cívico de ese departamento.

Días después, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que hubo manipulación dolosa de los resultados, lo que ocasionó la anulación del proceso electoral y precipitó la caída del Gobierno.

Tras la renuncia de Evo Morales y de quienes lo sucedían en el orden constitucional, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado y luego la del Estado, en una sesión legislativa que no cumplió con la normativa establecida, por lo que en el MAS consideran que se trató de un “golpe de Estado”.

La exdiputada Lidia Patty interpuso la querella penal en contra de la expresidenta interina y los dos líderes cívicos, entre otras exautoridades, que este lunes llega a la fase de juicio oral.