El hijo del influyente periodista José Rubén Zamora reveló las trampas de la justicia de Guatemala para tener en la cárcel a su padre

Nunca se ha dado por vencido. Desde que la policía guatemalteca lo detuvo en su casa de Ciudad de Guatemala en junio de 2022, José Rubén Zamora, exdirector de El Periódico y uno de los periodistas más reconocidos de Centroamérica, ha sobrevivido a torturas psicológicas y físicas y a la insistencia de mantenerlo encerrado. Hace poco cumplió 800 días preso y, a pesar de que las torturas han cesado, su libertad aún es esquiva.

Hasta enero de este año, vivía recluido en una pequeña celda “oscura, húmeda y con poca ventilación” según la describe José Carlos Zamora, uno de sus hijos y quien se ha convertido en el rostro familiar de la denuncia ante la comunidad internacional de los maltratos e injusticias sufridas por su padre. La norma era que al periodista solo le permitían recibir el sol durante una hora del día en un pequeño patio –”un gallinero”, lo describe su hijo-.

Eso cambió cuando Bernardo Arévalo, un diplomático y catedrático socialdemócrata, asumió como presidente de Guatemala en enero de 2024 tras ganar las presidenciales en agosto del año anterior. Cuando quedaron atrás los años del presidente Alejandro Giammattei, el antecesor de Arévalo, pararon el acoso psicológico y el maltrato físico que relatorías de las Naciones definieron como torturas en el caso de Zamora.

“Las cosas que cambiaron son mínimas, pero dentro de esas circunstancias te cambian la vida. A él lo tenían encerrado 23 horas al día en la sección de aislados (de la prisión Mariscal Zavala); ahí está su celda, su bartolina, que es pequeña, oscura, húmeda, con poca ventilación. Lo dejaban salir una hora al día a recibir sol a una pequeñísima área que es como un gallinero; ahí podía estar él en el sol y caminar, que de un lado a otro podía dar diez pasos… Eso es lo único que podía hacer. Ahora, le permiten tener la puerta de su celda abierta más horas del día y puede salir un poco más al gallinero. Solo eso es un cambio drástico. Le dejaron poner un calentador de agua”, cuenta José Carlos Zamora en una entrevista con Infobae.

Zamora hijo no duda en responsabilizar al expresidente Giammattei de ser uno de los principales gestores del encarcelamiento de su padre y de los maltratos que ocurrieron en la cárcel.

“La peor temporada fue durante la administración de Giammattei. Toda esta persecución vino directamente de Giammattei. Mi papá tenía 30 años de que lo estuviera acosando el Estado de diferentes formas, pero este arresto y detención arbitraria fue por mandato de Giammattei, y durante su administración es que se logró documentar y la ONU documentó que se le torturó”, explica José Carlos Zamora.

La línea del tiempo de lo que ocurrió en 2022, cuando José Rubén Zamora fue detenido, habla sobre la responsabilidad de Giammattei y de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, a quien el expresidente puso en el cargo, en lo que ha ocurrido con el periodista.

A Zamora lo detuvieron en un operativo montado el penúltimo día de junio de 2022, luego de que El Periódico publicó varios reportajes que exponían la posible complicidad de Giammattei y sus colaboradores más cercanos con grandes redes de corrupción política y empresarial. Uno de esos artículos se refería a la denominada “trama rusa”, referida a un supuesto soborno millonario que compañías mineras rusas entregaron al entonces presidente para garantizar sus operaciones en Guatemala; otro texto exponía el poder de Miguel Martínez, uno de los asesores más cercanos al presidente, y su presunta implicación en corrupción.

Con eso como antecedente, el Ministerio Público (MP), dirigido por Porras, montó un caso de supuesto lavado de dinero contra Zamora, basado en argumentos que los fiscales nunca pudieron probar. Aun así, usando estratagemas judiciales como dilatar las audiencias sin razón, Porras y los suyos han logrado mantener a Zamora en la cárcel durante más de 800 días. Hace unas semanas, por ejemplo, un tribunal reprogramó una audiencia para finales de 2025, con lo cual, si eso no cambia, el periodista tendrá que estar encerrado hasta entonces a pesar de que en uno de los casos que le imputan ya su libertad fue ordenada.

Otra herramienta en el manual del MP ha sido la separación de un solo caso en tres procesos judiciales diferentes, con lo cual los fiscales han logrado evitar que Zamora salga en libertad con medidas sustitutivas a la prisión, ya que, aun si es liberado en alguno de esos procedimientos -como ya ocurrió- no puede dejar la cárcel hasta haber sido liberado de todos. José Carlos Zamora llama a esto “dilaciones maliciosas”.

“El caso es fabricado. Él no debería de haber estado ni un solo día en prisión, debían haberle permitido defenderse en libertad. Lo han tratado como que fuera un gran capo del crimen organizado desde que lo llegaron a traer a su casa con un gran show de fuerza”, asegura el hijo del periodista.

Todd Robinson, el subsecretario de Estado antinarcóticos de los Estados Unidos, se tomó una foto junto a Zamora frente a la celda en que el periodista guatemalteco guarda prisión desde 2022. Una cuenta X oficial del Departamento de Estado publicó la imagen junto a este texto: “El subsecretario Robinson visitó al periodista José Rubén Zamora cuando se han cumplido 800 días de su encarcelamiento… por su trabajo en el combate a la corrupción…”.

Robinson, quien había sido embajador en el país centroamericano, fue uno de los principales apoyos políticos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la oficina supranacional creada por la ONU y financiada entre otros por Estados Unidos que durante buena parte de la década pasada acompañó a la fiscalía y la judicatura locales en la persecución penal de grandes casos de corrupción y estructuras complejas de crimen organizado.

Cuando en 2019 el entonces presidente Jimmy Morales -antecesor de Giammattei- ordenó la expulsión de la CICIG inició un proceso de regresión en la judicatura y el MP que revirtió los procesos judiciales iniciados a exfuncionarios, empresarios y delincuentes de cuello blanco mientras arreciaba la persecución contra los fiscales y jueces que llevaron adelante esos procesos y los periodistas que los reportaron, entre ellos Zamora. Una de las principales ejecutoras de estas campañas ha sido Consuelo Porras, que fue nombrada en el cargo por Morales y ratificada por Giammattei en 2022.

Porras y varios de sus colaboradores, como el fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso -implicados directamente en la persecución a Zamora y otros- han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, de atentar contra la democracia guatemalteca y otros crímenes. Las sanciones implican, entre otras cosas, que estos fiscales no pueden viajar a unas cuatro decenas de países.

A las acciones emprendidas contra el periodista Zamora por la fiscalía de Porras o facilitadas por ella en los tribunales y cárceles guatemaltecas, dos relatorías de Naciones Unidas, organizaciones como Trial Watch y la misma Unión Europea las han calificado como torturas.

A inicios de este mes, cuando estaban por cumplirse los 800 días de Zamora en prisión, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional publicó un informe que recopila todos los señalamientos hechos al MP de Porras. El documento incluye denuncias “de que la oficina (MP) obstruyó investigaciones de corrupción, utilizó el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intentó subvertir la democracia”. Uno de los casos es el del exdirector de El Periódico. Argumentos similares han publicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), universidades como la de Stanford en Estados Unidos y media docena de organizaciones dedicadas a la protección de periodistas en el mundo.

A pesar de todo eso, de que ya fue liberado en uno de los casos que el MP le imputó, de que Estados Unidos y Europa entienden que la fiscalía guatemalteca está dirigida por personas a las que señala de cometer crímenes, y de que 800 días no le han bastado a la fiscal Porras para probar crimen alguno a Zamora, el periodista sigue preso.

“No solo tienen secuestrado a mi papá, tienen secuestrado al país… Y a la vez mirás cómo todos los grandes casos de corrupción en el país se desvanecen, y todos esos actores salen libres, y ahí el MP en esos casos no hace nada, pero en el caso de mi papá, cuando saben que le van a dar la libertad condicional con anticipación presentan una impugnación o una recusación en contra de los jueces…”, se queja José Carlos Zamora.

Lo escrito por el Centro Vance de Stanford, en Estados Unidos, deja poco lugar para la interpretación sobre el Ministerio Público de Guatemala. “Bajo su actual liderazgo, (el MP) ha incurrido en graves faltas y abusos de poder… ha utilizado el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y ha intentado desestabilizar la democracia del país”.

En múltiples ocasiones, Porras y sus voceros han negado todo esto y lo han calificado de injerencia de gobiernos e instituciones extranjeros en asuntos domésticos de Guatemala, discurso que el expresidente Giammattei replicó al menos dos veces en viajes a Washington según han confirmado a Infobae tres diplomáticos latinoamericanos con conocimiento de lo discutido en reuniones en las que se discutió la relación entre Estados Unidos y Guatemala.

José Carlos Zamora entiende que Porras, el MP, y quienes los apoyan desde la oposición política a Bernardo Arévalo, el actual presidente, no se detendrán en su empeño de persecución, tanto contra su padre como en los casos de otros ex operadores de justicia y periodistas exiliados, que suman más de una cincuentena.

“Alejandro Giammattei y Miguel Martínez (uno de los colaboradores íntimos del expresidente señalado por supuestos actos de corrupción) están totalmente protegidos por la fiscal general. Mientras ella esté ahí ellos están seguros. Ellos nunca se van a detener y van a intentar fortalecerse y continuar con lo que hace porque no tienen otra opción; no tienen otra salida más que estar ahí”, dice Zamora hijo, quien reconoce que los ficales dirigido por Porras son solo parte del problema: “Estos son los ejecutores, porque hay mucha gente detrás de todo este pacto de corruptos… Esa célula criminal y esa herramienta de persecución sí tiene estancado al país. Por lo que cada vez es más urgente que resuelvan esa situación”.

El periodista Zamora y los exfiscales y jueces exiliados no son los únicos objetivos del MP dirigido por Porras; el presidente Arévalo, quien desde que asumió la jefatura del Estado ha intentado sin éxito destituir a la fiscal general, también está en la lista de objetivos: los fiscales ya pidieron que se retire la inmunidad al mandatario por casos en los cuales las supuestas pruebas son una publicación en redes sociales o una denuncia espuria hecha ante el MP por un abogado cercano a Porras.

El mismo Arévalo, que por ley no tiene facultades para destituir directamente a la fiscal general, reconoció antes de tomar posesión del cargo, que Porras y el grupo que la apoya estarían entre los principales obstáculos de su gestión.

“Es cierto que el Ejecutivo quieres ser respetuoso de la división de poderes dentro de una democracia, pero lo que no se dan cuenta es que quieren hacer eso con entidades del Estado que no son democráticas, ni son parte del Estado de derecho, ni cumplen con la ley, sino que son células criminales. Por donde lo veas, el actuar del Ministerio Público, de la fiscal general, de Rafael Curruchiche y de esta serie de jueces son una célula criminal que se dedica a fabricar casos, a perseguir personas que les parecen incómodas. Como tienen el monopolio de la persecución penal, se dedican a perseguir a los que ellos quieren. Ellos no se van a investigar a sí mismos”, dice José Carlos Zamora, hijo de José Rubén, uno de los periodistas más influyentes de Guatemala, preso de conciencia según lo ha definido la organización Amnistía Internacional.