Pese que se creía que las lluvias aliviarían la situación, 56 incendios forestales permanecen activos en Bolivia

Las lluvias de los últimos días permitieron reducir los focos de incendio en Bolivia pero la emergencia ambiental está lejos de ser controlada. Según datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los incendios pasaron de 70 a 56 a nivel nacional, siendo Santa Cruz el departamento más afectado donde se registran al menos 50 incendios forestales activos.

Jhonny Rojas, coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz informó que las lluvias han enfriado algunas zonas y ayudado a sofocar el fuego en otras, pero todavía no se puede declarar la liquidación total de los incendios, por lo que el monitoreo y las operaciones de los bomberos continúan.

El pronóstico del tiempo es alentador y anuncia lluvias para el fin de semana en la región oriental del país, lo que según las autoridades podría terminar de sofocar las llamas.

En lo que va del año se quemaron más de diez millones de hectáreas en todo el país, según un informe de la Fundación Tierra. Los incendios han afectado principalmente zonas de bosques y áreas agrícolas, destruyendo vastas extensiones difícilmente podrán recuperarse: el 58% del área quemada corresponde a bosques, mientras que el 42% restante afecta pastizales, llanuras y sabanas.

En cuanto a la localización de los incendios, la gran mayoría se registraron en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que concentran el 97% del área quemada en todo el país, según la investigación de la Fundación Tierra.

El primer incendio forestal del año se registró el 2 de junio en el Parque Nacional Otuquis, en la frontera con Brasil, y desde entonces no ha habido un solo día sin fuego en Bolivia. Ante la magnitud del fuego, el 11 de septiembre el Gobierno emitió una “pausa ambiental” indefinida que revoca todas las autorizaciones de quema y suspende la emisión de nuevas licencias, una medida que ha generado el rechazo de algunos sectores campesinos que utilizan el método de la quema de pastizales con fines agrícolas.

Según información de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), hasta la fecha se emitieron 350 notificaciones de sanciones administrativas y se iniciaron 115 procesos penales por incumplimiento del Decreto Supremo que prohíbe las quemas. De estas notificaciones, 194 fueron dirigidas a propiedades privadas y 156 comunidades, según una publicación del periódico El Deber.

Pese al veto a las quemas y al esfuerzo de los bomberos, el fuego no ha cesado. El 30 de septiembre el Gobierno hizo una declaratoria de “desastre nacional” para facilitar a las instituciones públicas la movilización de recursos económicos entre partidas y solicitar mayor cooperación internacional para combatir la emergencia.

Los incendios forestales son recurrentes en Bolivia en esta época del año y se han agravado en el último quinquenio a raíz de varios factores, como la creación de políticas públicas que amparan las quemas y desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero, la habilitación de tierras forestales y los eventos climáticos como la sequía, entre otros.

Desde finales de agosto que varias regiones del país registraron niveles elevados de contaminación por el humo de los incendios forestales, siendo las comunidades rurales del oriente las más afectadas.

El lunes y martes de esta semana, Santa Cruz de la Sierra registró los niveles más altos de contaminación del aire -en la categoría de “peligroso” según estándares internacionales- lo que provocó la suspensión de clases escolares presenciales y se interrumpieron las operaciones áreas durante varias horas por falta de visibilidad.