La Corte Suprema chilena removió a una de sus magistradas por tráfico de influencias

(Desde Santiago) Tras abrir un cuaderno de remoción y en una decisión esperada, la Corte Suprema chilena destituyó ayer de manera unánime a la jueza Ángela Vivanco, debido a sus nexos con Luis Hermosilla y el ‘Caso Audios’. La sentencia, leída por su presidente Ricardo Blanco Herrera, asegura que la magistrada comprometió “gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”.

“El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que ha sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”, partió el mandamás del Máximo Tribunal nacional.

En concreto, a Vivanco se le atribuyen irregularidades que afectaron a la independencia judicial y al debido proceso - entre ellas la llamada arista “Muñeca Bielorusa” - pero principalmente haberse concertado con Hermosilla para nombrar ministros o ministras en las cortes y pasarle información reservada.

Según se lee en el veredicto, la ahora ex magistrada “no desconoce el tenor de los chats sostenidos con el abogado” y, además, “el nivel de confianza de sus comunicaciones y el tenor de sus respuestas se apartan del comportamiento propio de la magistratura y de los principios de independencia e imparcialidad que la informan”.

En consecuencia, “se declara, por unanimidad, que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia”, concluyó Blanco.

La ex jueza Vivanco ahora deberá hacer frente en el Senado a una acusación constitucional (AC) de juicio político en su contra - y también en contra del supremo Sergio Muñoz -, en una acción impulsada por Chile Vamos y catalogada como una “viveza” de la derecha.

Sin embargo, dicha acusación podría dividirse y eventualmente votarse por separado.

En caso de que dicho juicio político sea aprobado, la ex magistrada quedará inhabilitada de ejercer cargos público por cinco años y los antecedentes serán derivados al Ministerio Público, el que deberá decidir la pertinencia de abrir una investigación penal.

De manera transversal, parlamentarios de derecha e izquierda valoraron la decisión del Maximo Tribunal y aseguraron que la acusación constitucional contra la ex jueza seguirá en pie.

Raúl Soto, diputado PPD, señaló que “hechos tan graves como estos no pueden pasarse por alto ni quedar en la impunidad. Por eso valoramos esta decisión y esperamos que se ejecute a la brevedad posible”, según consignó BíoBíoChile.

De la misma opinión fue la diputada Camila Musante (IND), quien indicó que “la Corte Suprema nos da la razón de que es un peligro que ella pueda estar en un cargo público. Como poder independiente y legislativo, vamos a perseguir también las responsabilidades que corresponden y ejercer las facultades que la Constitución nos mandata”.

Desde la vereda de enfrente, la diputada Camila Flores (RN) tildó todo el asunto como la “crónica de una muerte anunciada”, puesto que era “evidente que le iban a terminar removiendo para dar una señal al Congreso”.

De la misma opinión fue Stephan Schubert (IND-Rep): “Aquí hay mucho más y eso es evidente, que la información toda sea liberada, no solamente alguna parte de la información y que se puedan tomar las decisiones de sacar del sistema, en este caso de la Corte Suprema y de otros lugares, a las personas que no están actuando en conformidad al derecho”, remató.