El contraataque de Luis Hermosilla: denunció a los fiscales que lo investigan por la filtración de sus chats

El influyente abogado chileno Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva imputado por el ‘Caso Audios’, pasó al contraataque y presentó una denuncia -paso previo a la querella- contra todos los funcionarios del Ministerio Público con acceso a su Iphone 14, debido precisamente a la filtración de sus conversaciones con jueces de la Corte Suprema, empresarios y políticos, las que han salpicado a buena parte de la derecha chilena.

Según una nota de La Tercera, la acusación apunta a los tres fiscales que investigan las aristas de su causa, Lorena Parra (Oriente), Mario Carrera (Arica) y Carmen Gloria Wittwer (Los Lagos), pero también a cualquier otro funcionario de la Fiscalía que haya tenido acceso a su teléfono celular.

En el libelo, la defensa de Hermosilla sostiene que una vez entregado su dispositivo al Ministerio Público, se han filtrado sus chats con los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco -removida ayer- y Jean Pierre Matus; el fiscal Carlos Palma y últimamente, con el ex fiscal Manuel Guerra, lo que ha dado pie a nuevas investigaciones.

Así las cosas, la acción judicial denuncia que se habrían configurado los delitos de revelación de secreto y obstrucción a la justicia, los que tienen prisión efectiva. Y aunque desde la Fiscalía Nacional confirmaron que la denuncia fue recibida, aún no se ha asignado a un oficial de justicia para investigarla.

Parlamentarios oficiaron al Fiscal Nacional

En paralelo, este jueves parlamentarios oficialistas denunciaron también al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que admitió haberse reunido con Hermosilla y Andrés Chadwick -quien pronto será citado a declarar como imputado en el ‘Caso Audios’-, a “tomar un café” una vez asumido en su cargo actual.

La máxima autoridad del Ministerio Público reconoció además haberle pedido trabajo a Chadwick en la Universidad San Sebastián, acusada de ser caja pagadora de la derecha con fondos públicos y en la que hizo clases durante tres meses.

El máximo persecutor chileno dijo más tarde estar “arrepentido” de dichas reuniones, las que tildó de “informales”, y que de haber sabido en los pasos que andaban Hermosilla y Chadwick, no las habría tenido. También dijo que Hermosilla le pidió evaluar un procedimiento abreviado en la causa contra el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa - cliente suyo -, pero que se negó a ello.

Debido a todo eso, Valencia se allanó a inhabilitarse en el “Caso Audios”, aunque aseguró que dicha decisión no depende solo de él.

La denuncia fue ingresada por los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera y alude a que Valencia habría incumplido la Ley del Lobby, que obliga a llevar un registro de este tipo de reuniones.

“Lo primero, es que se transparenten aquellas materias que formaron parte de la conversación y que tenían que ver con las gestiones o decisiones que podía tomar el fiscal nacional y que no ha mencionado. Él habló solamente de una materia, sin embargo, había dos materias más que aún no ha dicho de qué se tratan”, señaló el diputado Cuello, según consignó Cooperativa.

“Lo fundamental acá es que se dé también una señal de transparencia y, por lo tanto, nosotros tenemos la expectativa de que (...) tramiten, en los plazos legales, esta denuncia que hemos presentado”, agregó.

El vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), salió a poner paños fríos: “Me parece que las explicaciones que ha dado el Fiscal Nacional son absolutamente claras y son suficientes. No accedió el fiscal nacional a impartir instrucciones para un juicio abreviado. Los hechos dan la razón al fiscal nacional y no hay ninguna razón para dudar de sus declaraciones”, argumentó.

“Acá la buena fe se presume y ese es un principio que se ha ido perdiendo muchas veces en la opinología que hay respecto de estos procesos”, razonó.

Finalmente, la senadora socialista, Paulina Vodanovic, hizo un llamado a “fortalecer la institucionalidad, de dar las herramientas suficientes al Poder Judicial, al propio Ministerio Público, para que se esclarezcan los hechos que están siendo conocidos por el país”.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de Justicia, Luis Cordero, mantuvo la calma y aseguró que “una de las ventajas de las instituciones constitucionalmente autónomas es que no requieren de la confianza de nadie, simplemente cumplir correctamente la función que se le ha encomendado. El Fiscal Nacional ha sido fiel al cargo que está desempeñando, y fiel también al programa de trabajo con el Ministerio Público que él planteó al momento de su inicio y al proceso de sometimiento de su nombramiento en el Senado”, afirmó el secretario de Estado.